La ocupación es un fenómeno en auge por el cambio de modelo y la aparición de grupos organizados

El salón Carlos Carnicer del Colegio de Abogados de Zaragoza ha acogido la primera acción formativa presencial desde que se entráramos en la “nueva normalidad”, con todas las medidas de seguridad y de distanciamiento establecidos Y lo ha hecho con la charla de las letradas del Colegio Pilar Arnas y Carmina Mayor para hablar de la “¿Acción civil o penal frente a la ocupación de inmuebles?”

Una conferencia motivada por el aumento de casos que se están conociendo a través de los medios de comunicación y que ha hecho a las dos letradas reflexionar, precisamente por este incremento del fenómeno de la ocupación y porqué la gente ha salido a la calle para quejarse.

Pilar Arnas ha manifestado que el caso de la ocupación ha existido desde siempre, pero hasta ahora no afectaba al ciudadano ya que se ocupaban edificios históricos o propiedad de los bancos, edificios deshabitados. Era una ocupación en la que estaban implicadas personas o familias de especial vulnerabilidad, o incluso personas que aparándose al “derecho a una vivienda justa” encontraba un lugar para vivir. Hasta socialmente se justificaba con “para que un edificio esté vacío, que viva quien lo necesite”. Esta permisibilidad, junto a la poca efectividad judicial y policial ha podido llevar al actual auge del fenómeno de la ocupación.

En esta reflexión se suma también el factor de las mafias o grupos organizados. Grupos que en 2018-2019 estaban en Madrid o Barcelona y que a comienzos de este año han empezado a introducirse en ciudades como Zaragoza. Grupos organizados que a veces extorsionan a propietarios metiéndoles un okupa en s vivienda o captando a personas en situación vulnerable e introduciéndolos en bloques de barriadas.

Estas situaciones generan conflictos vecinales por la convivencia, otros tipos de delitos e incluso problemas de higiene y salubridad, lo que hace que los vecinos decidan actuar. Esto ha hecho que se haya despertado el debate político y que la Fiscalía haya actuad recordando que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla las medidas cautelares por las que, ante una denuncia, automáticamente se hace el desalojo. Y juzgados, como del Instrucción número 7 de Zaragoza, lo está aplicando.