El Partido Popular ha rechazado retirar el proyecto de ley que reforma la justicia gratuita impulsado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Sólo Foro Asturias ha votado con el Grupo Popular, mientras que el resto de la oposición, incluyendo UPN, ha votado a favor de la devolución de la nueva norma.

Los grupos de la oposición han comparado el miércoles 29 de abril al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con un “conductor kamikaze” que va en contra de todos en sus reformas legislativas y han sospechado que busca “privatizar” la justicia gratuita, intentando que los abogados no se apunten al turno de oficio para terminar encomendándosela a “grandes” bufetes.

El PSOE, la Izquierda Plural, UPyD, CiU, PNV y ERC han presentado en el Pleno del Congreso sus enmiendas a la totalidad al proyecto que reforma la ley de Justicia Gratuita, al entender que supone un “nuevo ataque” a los derechos de los ciudadanos, “nace muerto” con una financiación insuficiente y vulnera competencias autonómicas.

Desde el principal grupo de la oposición, el socialista Gabriel Echávarri, ha considerado la reforma “más restrictiva, compleja y burocrática” y ha recalcado que convierte, junto al ‘tasazo’, a la Justicia en “un artículo de lujo”. En este sentido, ha criticado que Gallardón “vendiera” las tasas como la vía para financiar la justicia gratuita y, sin embargo, solo haya destinado 34 millones a esta partida cuando ha recaudado 316 millones en concepto de tasas. “Todo era mentira. Era para hacer caja, ¿dónde ha ido a parar el resto del dinero?”, ha remachado.

Para Echávarri, todo se trata de “un truco” para desincentivar a los letrados del turno de oficio y allanar el camino para “privatizar” la justicia gratuita y dársela a “algún megadespacho”. “Es un atentado flagrante a los derechos de los ciudadanos y la puerta de atrás abierta a los grandes despachos”, ha remachado.

“¿Usted cree que alguien que cobra 1.100 euros y no va a tener derecho a la justicia gratutia, se puede gastar 800 euros en pagar una tasa en apelación?”, ha preguntado al ministro, mostrando su malestar por los bajos umbrales establecidos para acceder a este servicio.

¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO DE LAS TASAS?

El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, ha denunciado la existencia de una justicia “de clase business para el poder económico, los aforados y algunos indultados” y otra justicia “de pago sujeta a tasa” para el resto. “Las tasas se han convertido en una barrera infranqueable para acceder a la justicia y el desplome en algunas jurisdicciones es equivalente el año 2007”, ha advertido Llamazares, que ha exhortado al Ministerio de Justicia a abandonar la “deriva” en la que está inmerso y por la cual es un “departamento mediático y piedra de escándalo”.

Para el parlamentario del PNV, Emilio Olabarria, el proyecto de ley es “una huida hacia delante” de Gallardón contra todos los sectores afectados y un texto “fallido” que tiene en su contenido “el germen de su propia destrucción” al no garantizar la financiación de la justicia gratuita y frustar así las expectativas de sus beneficiarios. “Está fallando en todo. Peor no se pueden hacer las cosas”, ha remachado. Ha destacado todas las causas por las que el proyecto no pasará el control de constitucionalidad.

CiU, por boca del diputado Jordi Jané, ha censurado que el redactado “vulnera” las competencias que el Estatut atribuye a Cataluña, mientras que ha criticado el aumento de la burocratización y la obligación de que los abogados del turno de oficio se desplacen en tres horas a cualquier punto de España. Sin embargo, ha pedido consenso para modificar el proyecto de ley durante la tramitación parlamentaria.

El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha alertado de la “desigualdad territorial” que creará el proyecto de ley, el cual se suma a la “caldera de insatisfacción social de la ciudadanía con la democracia”. Desde ERC, Jan Tardá considera que Gallardón ve al ciudadano como “enfermo de una patología abusiva y perversa de utilización del sistema judicial” y califica de “injusto” que una persona no tenga justicia gratuita por sobrepasar por poco el límite del umbral de acceso, pero sí lo tenga en caso de ser víctima del terrorismo aunque    disponga de “20 veces más de ingresos”.

El diputado en el Congreso de Compromís, Joan Baldoví, ha reprobado también la “sospecha” con la que el Gobierno mira al ciudadano que hace uso de los servicios públicos. El proyecto de ley establece una presunción de abuso de derecho a partir de la tercera vez que en un año se acude a la justicia gratuita, salvo en el orden penal, y determina que desde ese momento se comprobará si la petición está justificada.

ENMIENDAS DEL PP

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado que se ampliará el beneficio de la justicia gratuita a las entidades medioambientales con independencia de sus recursos económicos.

En el debate de las enmiendas de totalidad presentadas por seis grupos de la oposición al proyecto de justicia gratuita, el ministro ha adelantado que el PP presentará varias enmiendas al articulado para extender este derecho a las asociaciones medioambientales “definidas en su propia normativa” y a los trabajadores, quienes solo serán condenados en costas cuando el juez aprecie temeridad o mala fe.

“Ambas cosas las vamos a hacer con independencia de los recursos de que se disponga”, ha indicado Gallardón, para defender que su norma supone un “avance social considerable”. “Creo que la solidaridad debe extenderse más allá del criterio monetario”, ha remachado. Las organizaciones ecologistas se suman así a sindicatos, Cruz Roja y asociaciones de discapacitados, de consumidores y de víctimas de terrorismo ya incluidas en el proyecto. A título individual, el texto también reconoce el derecho a las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata, menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos.

NO ABONARÁN EL COSTE SI HAY SENTENCIA ABSOLUTORIA

Según ha dicho, el PP presentará una enmienda para que las administraciones puedan suscribir convenios con los colegios de abogados para prestar este servicio en centros penitenciarios. Los colegios de letrados contarán también con turnos especializados para víctimas de violencia de género, que dispondrán de asesoramiento previo gratuito previo a la interposición de la denuncia y querella en todos los órdenes jurisdiccionales.

Gallardón ha explicado que un colegio de abogados propuso al Ministerio que las víctimas reintegrasen el coste de la prestación recibida en caso de que su agresor resultara absuelto. Sin embargo, ha dicho, “no podemos permitir que la duda sobre el éxito o el fracaso en la vía judicial se convierta en un elemento de disuasión ante la posibilidad de tener que reintegrar esas cantidades”.

El titular de Justicia ha explicado que ninguna comunidad autónoma pagará “ni un euro más” como consecuencia de la extensión de la justicia gratuita a nuevos colectivos y ha propuesto que “la cuantía máxima de aportación estatal no suponga más del triple de la desviación media en las cinco comunidades autónomas gestionadas por el territorio del Ministerio Justicia”.

Gallardón, que ha dicho que los presupuestos de 2015 incluirán el abono por esta partida para cada comunidad, ha recalcado que la relación entre las tasas judiciales y la asistencia jurídica gratuita “no es de afectación pero sí de vinculación”. “El coste efectivo real de la justicia gratuita estará garantizado y cubierto”, ha remachado.

El umbral para acceder a la justicia gratuita pasa de dos veces el SMI (14.910,28 euros) a 2,5 veces el IPREM (15.975,33 euros). En familias de cuatro o más miembros, se accederá con 19.170,39 euros, y  ante circunstancias especiales familiares, de salud o discapacidad, tendrán cobertura las unidades familiares con ingresos de hasta cinco veces el IPREM, es decir con 31.950 euros.