La presunción de inocencia y el derecho al honor centran la primera jornada del curso organizado por la Abogacía en la UIMP de Santander

Los límites a la libertad de expresión, el derecho de defensa, los juicios paralelos, el derecho al honor y la presunción de inocencia han centrado la primera jornada del encuentro Presunción de Inocencia y Juicios Paralelos organizado por el Consejo General de la Abogacía Española en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander (UIMP), que ha sido inaugurado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Catalá ha comenzado su intervención recordando a “un inocente”: el concejal del Partido Popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco, de cuyo secuestro por la banda terrorista ETA se cumplen 20 años. El ministro ha citado también a la periodista Concha García Campoy al asegurar que opinión e información se confunden, pero lo importante es que quede claro qué es cada cosa. Igualmente ha asegurado que las redes sociales están contaminando el periodismo “No hay reflexión, la inmediatez no se acompasa con los tiempos del derecho”. Catalá ha repasado las reformas legislativas emprendidas por su departamento para garantizar el derecho al honor, como el Estatuto de la Víctima o la reforma de la LCrim. Catalá aseguró que estamos en un momento importante sin mayorías absolutas, en el que los profesionales del Derecho piden reformas necesarias que refuercen los derechos y las garantías y a la vez agilicen los procedimientos.

Previa a la intervención de Catalá, el director del curso Joaquín García-Romanillos aseguró que quienes más sufren los juicios paralelos son los abogados y se preguntó si un letrado debe defender a su cliente en todo momento y en todo lugar o solo en los tribunales.

La conferencia inaugural corrió a cargo de la catedrática de Filosofía Moral y Política y miembro del Consejo de Estado, Amelia Valcárcel, quien trazó un recorrido por la historia partiendo de la idea de justicia como castigo o retribución y la infamia que en la antigua Roma era la degradación del honor civil, la perdida de la reputación o descrédito. Valcárcel aseguró que la ley no protege la presunción de inocencia y la infamia sale “de un manejo perverso de la opinión pública. Ha desaparecido la tortura como castigo, pero seguimos practicando la infamia” y concluyó su intervención exigiendo que se haga “un nutrido grupo contra la infamia porque no contribuye a aclarar las cosas nunca, pero nos hace peores”.

La primera mesa de la sesión de mañana, moderada por el decano del Colegio de Abogados de  Bizkaia, Carlos Fuentenebro, contó con las intervenciones del magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral y el periodista Fernando Jáuregui. Del Moral defendió que presunción de inocencia y libertad de información son conceptos totalmente distintos. “La libertad de información debe medirse con el derecho al honor, mientras que a la presunción de inocencia se le ha dado valor extraprocesal”, dijo. El magistrado se mostró tajante al asegurar que el secreto de sumario “ha sido asesinado” y solo existe en la imaginación aunque defendió la libertad de información en una sociedad pluralista y democrática en la que se dé publicidad al proceso penal. Del Moral se mostró partidario de dotar a los jueces de herramientas que ofrezcan durante un tiempo muy limitado algunas medidas que permitan matizar la libertad de información, pues el exceso de publicidad e información puede impedir un juicio justo.

Por su parte Fernando Jáuregui pidió que se establecieran normas de regulación para proteger el derecho al honor, ya que no es solo responsabilidad de los medios de comunicación sino también de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, funcionarios judiciales o las partes que intervienen en el proceso.

DERECHO DE DEFENSA Y JUICIOS PARALELOS

Por la tarde se celebró una interesantísima mesa redonda sobre el derecho de defensa y los juicios paralelos con la intervención del magistrado Fernando Grande-Marlaska y el abogado y ex ministro de Justicia Francisco Caamaño, moderada por la periodista Margarita Batallas.

El magistrado afirmó que toda persona es inocente no solo frente al Estado sino también frente a la sociedad y aseguró que en España, a diferencia de otros países, no hay legislación que limite la información del proceso penal. “Tenemos miedo, por razones obvias después de una dictadura, a limitar el derecho a la información”, dijo.

Por su parte Caamaño aseguró que el concepto clave es “opinión pública” y hoy no sabemos qué es información pública. “Se dice que información es todo y en su nombre estamos sacrificando otros derechos como el honor o la intimidad”, aseguró.

Ambos intervinientes se mostraron de acuerdo en que el ciudadano tiene derecho a recibir información cierta y objetiva del proceso sin que eso perturbe en exceso un juicio justo. Coincidieron también en la propuesta de que no sea el juez quien instruya pues debe ser quien garantice los derechos y no ser un segundo fiscal, como sucede actualmente en opinión de Caamaño. “El juicio paralelo en España se produce desde el momento en que una persona entra a un juzgado, desde el momento que es un juez el que instruye”, dijo el exministro quien considera que se difunde la sospecha para “vender” eficacia policial y esto tampoco ayuda a la presunción de inocencia porque luego nadie se preocupa de si los detenidos en una operación policial de la que se informa, por ejemplo, son culpables o no.

Caamaño se mostró partidario también de que el Fiscal General del Estado sea objetivo, pero no independiente del Gobierno, pues debe ejecutar la política criminal marcada por el ejecutivo y se mostró partidario de llevar a cabo una “reforma absoluta” de la acción popular que la Constitución no previó para el proceso penal y que, a su juicio, se ejerce en muchas ocasiones para filtrar información sesgada de un proceso con la intención de hacer un juicio paralelo.