La reforma del Registro Civil suprime la gratuidad de las bodas, que oficiarán notarios cobrando

La reforma del Registro Civil prevista por el Gobierno de Mariano Rajoy tendrá como primera consecuencia que las bodas civiles oficiadas hasta ahora por los jueces de manera gratuita, pasarán a ser competencia de los notarios y los cónyuges deberán pagar al notario por la misma, según ha explicado este martes el director general de los Registros y el Notariado, Joaquín José Rodríguez. Aunque no ha precisado la cantidad, ha indicado que será inferior a los 90 o 100, tasas que cobran algunos ayuntamientos que celebran bodas.

En un desayuno informativo, organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur), el director general de los Registros y el Notariado ha abordado el borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros con el que trabaja el Ministerio de Justicia, todavía objeto de debate, informa Europa Press.

Rodríguez ha concretado novedades del texto como es la autorización con la que contará el notariado para celebrar bodas, algo que ahora es gratuito ante el juez. En el caso de las bodas oficiadas por los alcaldes, seguirá siendo cada territorio el que fije la cuantía a pagar.

GRATIS NACIMIENTO Y DEFUNCION

Los actos obligatorios, como nacimientos o defunciones, y las certificaciones seguirán siendo “gratuitas” en el nuevo Registro Civil, que quedará encomendado a registradores de la Propiedad y Mercantiles. Estos actos suponen entre el 80 y el 90 por ciento de la actividad de estas oficinas, según ha explicado Rodríguez.

El borrador también contempla un aumento de los hechos inscribibles en el Registro, como es la inscripción de poderes o el domicilio. El ciudadano tendrá la posibilidad de comprobar que el poder no ha sido revocado, mientras que voluntariamente podrá inscribir su domicilio para recibir notificaciones.

Estos trámites voluntarios tendrán un coste –inferior al mantenimiento de este servicio– y que, en el caso de los poderes “en ningún caso será superior” al que ahora tiene en el Registro Mercantil. Rodríguez se ha preguntado hasta qué punto actos que son tramitados voluntariamente por un interés particular, como es un cambio de nombre, tengan que ser “pagados por todos”.

UN COSTE DE 450 MILLONES

El director de los Registros y el Notariado del Ministerio de Justicia ha defendido que el nuevo modelo dotará de una mayor eficiencia al Registro Civil al incrementar la interoperabilidad informática y supondrá un “importante ahorro” a la Administración, ya que ahora este servicio conlleva costes directos e indirectos que suman los cerca de 450 millones de euros.

La interoperabilidad de las bases de datos, donde constan la información de los ciudadanos y que algunos critican por hacerlos disponibles para el Cuerpo de Registradores, supondrá una ayuda para luchar contra el fraude o la corrupción. “Por ejemplo, ahora no se controla si con un poder de una persona fallecida se está disponiendo de dinero en una cuenta bancaria o si se pagan pensiones a una persona que haya fallecido”, ha señalado Rodríguez.

El director general ha descartado entregar los registros civiles a funcionarios públicos como secretarios judiciales porque “tienen bastante trabajo” y sería necesario ofertar más plazas y dedicar más medios.

Respecto a las críticas de privatización, ha aluddio a que Izquierda Unida presentó una enmienda a la anterior reforma del Registro Civil -que no entra en vigor hasta 2014 al tener una ‘vacatio legis’ de tres años- proponiendo encomendarlo a los registradores. “No creo que quepa pensar que Izquierda Unida quiera privatizar el Registro Civil”, ha concluido.

REFORMA RADICAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD JURÍDICA

Por su parte, el Consejo General del Notariado considera que el borrador del anteproyecto de reforma de los registros públicos modificará de raíz el sistema de seguridad jurídica preventiva español pese a ser uno de los mejores del mundo y haber demostrado su eficacia. Para los notarios, con la excusa de encargar la llevanza del registro civil a los registradores, se pretende sustituir el actual modelo de seguridad jurídica preventiva por otro que será perjudicial para la sociedad y un caso aislado en la Unión Europea. Así se lo ha transmitido al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Plantea una situación de máximos por la que sería obligatorio inscribir desde el cambio de domicilio a cualquier poder e incluso el testamento y los seguros. Incrementaría los costes para los ciudadanos (por un poder se pagaría cuatro veces más) y alargaría los plazos para llevar a cabo cualquier operación jurídica

En virtud del este texto los registradores pasarán a llevar, además de los registros de la Propiedad y Mercantil, el Registro Civil, el de Fundaciones, el de Últimas Voluntades y el de Seguros.

Este anteproyecto fue elaborado por la Dirección General de los Registros y del Notariado al margen del colectivo notarial y carece de estudios sobre su viabilidad económica. El Consejo General del Notariado denunció ante el Ministro de Justicia esta situación, quien ordenó la creación de una comisión mixta de notarios y registradores para reforma el texto. Sin embargo, y tras haberse mantenido diversas reuniones, el director general de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodriguez, se ha negado a incorporar las propuestas del Notariado, manteniendo el texto prácticamente igual.

UN LASTRE PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El incremento de los asuntos que será necesario inscribir supondrá un lastre para el tráfico jurídico y para el desarrollo económico. El borrador del anteproyecto de reforma de los registros públicos plantea una situación de máximos por la que será obligatorio inscribir casi todo, desde el cambio de domicilio a cualquier poder e incluso el testamento y los seguros. Esto incrementará los costes para los ciudadanos (por un poder se pagaría cuatro veces más) y los plazos para llevar a cabo cualquier operación jurídica También supondrá una importante pérdida de privacidad.

En concreto y sobre la reforma que pretende del Registro Civil, supondrá un aumento extraordinario del elenco de los actos inscribibles, muchos de los cuales afectan a la privacidad de la persona.

Para el Notariado resulta incompresible que en 2011 se aprobara una ley de reforma del Registro Civil, con consenso de todos los grupos parlamentarios y con una vacatio legis de tres años, y que antes de su entrada en vigor se pretenda cambiarla íntegramente.

Sin embargo, este anteproyecto no aborda los dos aspectos que si serían susceptibles de mejora:

La posibilidad de acceso directo al contenido de los libros registralesen el momento de firmarse la escritura pública, para asegurar la titularidad y la situación de cargas en tiempo real (según prevén dos leyes, la 24/2001 y la 24/2005 que están pendientes de desarrollar).

La conexión entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, para garantizar a los ciudadanos que los datos de ambos sobre una misma finca coinciden, algo que hoy en día no siempre es así y que genera inseguridad jurídica.