La Subcomisión de Extranjería de la Abogacía rechaza todo cambio legislativo y actuación administrativa contra los derechos de los menores

• La Abogacía apela al principio de solidaridad para que las CCAA colaboren y atiendan a los menores que llegan a España

La Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española rechaza cualquier cambio legislativo que suponga un menoscabo de los derechos del niño, así como contra cualquier actuación administrativa, que al amparo de pretendidos intereses migratorios puedan tener consecuencias en el ámbito de los derechos de los menores.

El interés superior del menor es uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico en materia de menores, al que tienen derecho todos los niños, con independencia de su procedencia y con independencia de que sea migrante o no. Este interés superior del menor debe regir la interpretación de las disposiciones normativas en materia de extranjería y asi deben mantenerse todas las garantías de protección de sus derechos conforme la normativa nacional e internacional.

La Subcomisión de Extranjería de la Abogacía exige no establecer discriminación entre los menores nacidos en diferentes provincias del territorio español, en orden a acceder a la nacionalidad española por residencia tras el plazo de un año de residencia legal como han instado diferentes grupos políticos.

CUMPLIR TRÁMITES DE REPATRIACIÓN

También exige igualmente un riguroso cumplimiento de los trámites establecido para la repatriación de los menores reiterando que en todo el procedimiento debe primar el interés superior del menor.

Se apela a la cooperación de las diversas Comunidades Autónomas que -bajo el principio de solidaridad constitucionalmente reconocido- obliga a la colaboración entre ellas, dando soluciones a las situaciones de hecho que se producen con las llegadas de estos menores a nuestro territorio, requiriendo de las entidades públicas, las de bienestar social privadas, las autoridades administrativas, los tribunales y los órganos legislativos de las CCAA que cumplan las normas legales sobre los menores. La Subcomisión de Extranjería exige que todas estas actuaciones respeten los derechos fundamentales que les son inherentes a los menores de acuerdo con la Constitución Española, la Convención Internacional de Derechos del Niño y demás Tratados de aplicación.