La tragedia del Tarajal cumple un año con el proceso judicial aún abierto

Este viernes se cumple un año desde que al menos quince personas murieran intentando alcanzar a nado la playa ceutí de El Tarajal mientras la Guardia Civil disparaba pelotas de goma y botes de humo para disuadirles. Doce meses después, el proceso judicial para dirimir responsabilidades sigue en marcha y una reforma de la Ley de Extranjería cuestionada dentro y fuera de España afronta su recta final en el Senado, informa Europa Press.

Aquella mañana del 6 de febrero en torno a unas 200 personas intentaron entrar en Ceuta saltando el perímetro fronterizo después de sortear a las fuerzas marroquíes, que intentaron frenar su avance a golpe de bastón. Al ver frustrada su expectativa, un grupo numeroso se dirigió a la carrera hacia la playa y se echó al mar justo junto al espigón que separa en este punto España de Marruecos y que durante gran parte del año, se puede rodear a pie.

Quince personas fallecieron aplastadas o ahogadas junto a la hilera de piedras y los cuerpos de cinco de ellos fueron rescatados por efectivos de la Guardia Civil en aguas españolas. Muchos llevaban flotadores de fabricación casera, otros no. Un total de 23 consiguieron llegar a nado hasta la playa ceutí, fueron agrupados por los agentes que les estaban esperando y devueltos sobre la marcha a las fuerzas de Marruecos por una puerta de servicio de la valla, visiblemente fatigados.

Ciudadanos anónimos primero y vídeos oficiales después, documentaron este hecho, poniendo imágenes a lo que las ONG especializadas venían denunciando más de una década: la expulsión sumaria que va contra las previsiones de la ley de Extranjería, porque vulnera el derecho de los migrantes a ser escuchados en un proceso garantista, y que se venía denominando ‘devolución en caliente’.

LAS MUERTES, ENTRE CEUTA Y LA AUDIENCIA NACIONAL

De las muertes, un presunto delito de homicidio por imprudencia, se encarga un proceso judicial abierto en Ceuta a instancias de un puñado de ONG, menos de las que empezaron porque se les solicitaron fianzas por encima de los 2.000 euros para ejercer la acusación popular. Entre ellas figuran CEAR y la Coordinadora de Barrios, cuya letrada, Patricia Fernández, ha venido denunciando “trabas y dilaciones indebidas” que dificultan el ejercicio de su labor.

Durante la instrucción, que lleva a cabo el Juzgado número 6, se ha recabado informe a la Guardia Civil, cuya policía judicial remitió un extenso documento en el que figuran desde las declaraciones de los agentes de servicio aquella mañana, incluidos los mandos, hasta el inventario de material antidisturbios que portaban o las cámaras de vídeo que tenían y las imágenes que grabaron o dejaron de grabar. El Ministerio del Interior publicó cintas en su web, dice que son todas las disponibles de aquella jornada.

Del informe, que adelantó Europa Press, se desprende que los agentes dispararon pelotas de goma y botes de humo al agua, aunque nadie ordenó “como tal” que abrieran fuego. No obstante, en un momento dado el Capitán Jefe de la Compañía de Seguridad Ciudadana de Ceuta echó a correr hasta la punta del espigón, cogió el fusil de un agente y disparó tres veces para “dar ejemplo” a los demás. Devolvió la bocacha “entendiendo que los guardias civiles que allí estaban habían entendido la forma de usarlas”.

En ese mismo informe, los agentes defienden que el uso de este tipo de material fue “gradual”, nunca contra las personas y siempre en dirección al agua con dos objetivos, delimitar la separación entre la demarcación española y la marroquí y dibujar una línea imaginaria frente a la costa para evitar que los migrantes se alejaran mar adentro.

LOS FAMILIARES NO HAN PODIDO PERSONARSE

Al juzgado no ha llegado la versión de los familiares de las víctimas ni tampoco de los supervivientes. Los primeros han afrontado toda una serie de problemas burocráticos para autentificar su identidad que en la actualidad no se han resuelto, los segundos no han sido ni localizados, ni identificados ni convocados.

Sí se escuchó en el mes de julio a Ca-Minando Fronteras, ONG que recorrió las morgues da Tánger para tratar de identificar a diez de los fallecidos junto a una doctora que analizó las lesiones que presentaban. Los informes forenses oficiales, por cierto, tampoco han llegado al Juzgado, pues la comisión rogatoria librada a Marruecos aún no ha dado frutos.

Tras un año de instrucción, el Juzgado ha decidido inhibirse y enviar la causa a la Audiencia Nacional pues entiende tras la información facilitada por la Guardia Civil, que las muertes en todo caso se produjeron en Marruecos y no es su jurisdicción. La Fiscalía de la ciudad autónoma se ha opuesto, impugnando el auto de inhibición, así que ahora la jueza debe decidir si hacerle caso o pedir a la Audiencia Provincial de Cádiz que resuelva el asunto.

Entre tanto, consecuencia de aquel día el Ministerio del Interior anunció una prolongación del espigón del Tarajal que aún no se ha ejecutado y prohibió el uso de pelotas de goma en el agua o en las vallas fronterizas. Mientras prohibía esta práctica, promovía la legalización de otra introduciendo una enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana para modificar la de Extranjería: las devoluciones en caliente tendrán nombre jurídico, el rechazo en frontera.

LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE, ENTRE EL SENADO Y EL CONGRESO

Esta es una de las grandes consecuencias de la tragedia de El Tarajal, pues nunca habían sido reconocidas oficialmente hasta que el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz defendió su legalidad en el Congreso de los Diputados. Apeló a un “concepto operativo de vigilancia de fronteras” según el cual, estas personas no han entrado en suelo español, en tanto que no han superado a las fuerzas de seguridad desplegadas en España para impedirlo.

Resultó que esta máxima, cuestionada por juristas, académicos, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, tenía además forma de protocolo operativo en Melilla, lo que ha costado la imputación del Coronel Jefe de la Guardia Civil en la ciudad por un presunto delito de prevaricación al haber dictado una instrucción contraria a la Ley de Extranjería. Este procedimiento también está aún en curso y se ha engrosado con dos denuncias por expulsiones sumarias y violencia policial en la valla.

Con todo, el PP ha impulsado la citada reforma para recoger esta práctica exclusiva de Ceuta y Melilla y darle rango legal. El texto, aún en el Senado, dice que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

HUMAN RIGHT WATCH

La organización Human Right Watch difundió ayer un comunicado en el que denuncia que un año después de la tragedia, España todavía no ha hecho justicia por la muerte de las 15 personas que perdieron la vida intentando alcanzar la playa ceutí de El Tarajal en la mañana del 6 de febrero de 2014 mientras la Guardia Civil disparaba pelotas de goma y botes de humo al agua para disuadirles.

En total, se recuperaron 14 cadáveres, cinco de ellos en aguas españolas, aunque la organización dice atendiendo a los testimonios de supervivientes y familiares que “otra persona, la única mujer, habría muerto ese día” y “su cuerpo no ha sido recuperado”.

De las víctimas, 11 eran originarias de Camerún, mientras que las otras tres cuyos cuerpos se recuperaron provenían de Guinea, Costa de Marfil y Senegal. El gobierno español reconoció que 23 sobrevivientes que lograron alcanzar la costa en Ceuta fueron entregados inmediatamente a los guardias fronterizos marroquíes, conforme recuerda HRW.

“Se trata de muertes siniestras, y los señalamientos apuntan a graves irregularidades por parte de miembros de la Guardia Civil. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas merecen conocer la verdad sobre lo sucedido y ver que se imparta justicia”, afirma investigadora sénior para Europa occidental de Human Rights Watch, Judith Sunderland.

Sin embargo, “ningún funcionario español ha sido procesado ni ha recibido sanciones disciplinarias por los trágicos decesos en Ceuta ocurridos un año atrás, y tampoco ningún responsable ha presentado su dimisión”, apunta esta ONG internacional. Además, recuerda que el Partido Popular “utilizó su mayoría absoluta en el parlamento para bloquear una moción que proponía tratar la creación de una comisión ad hoc encargada de investigar los acontecimientos”.

La organización cita el testimonio de Kakoly (nombre falso), un joven de Costa de Marfil que en una entrevista telefónica les narró cómo perdió a su mejor amigo ese día. Él logró llegar hasta la costa, pero recibió impactos de balas de goma en una pierna y debajo de un ojo, lo que le ha dejado secuelas, y fue devuelto a Marruecos.

Según HRW, este joven recibió tratamiento médico gracias a la ayuda de una ONG, pero todavía tiene problemas de visión en el ojo derecho y su expectativa de que se haga justicia es pesimista. “Yo, un sencillo clandestino, ¿qué posibilidades tengo de exigir justicia? Estamos habituados a la injusticia”, dijo en la entrevista con la entidad.

“España debería dar a Kakoly la oportunidad de justicia que él cree que está fuera de sus posibilidades”, señaló Sunderland. “Debería asegurar que haya plena rendición de cuentas por lo sucedido ese día, y que los funcionarios que presuntamente tengan responsabilidad por la muerte de su amigo y otras tantas personas sean enjuiciados”.

En este sentido, la organización dice que la investigación judicial sobre las muertes, las personas heridas y los retornos sumarios ocurridos ese día “han avanzado muy lentamente”, pues la juez al cargo en Ceuta ha realizado “pocas diligencias de oficio y ha negado o postergado la adopción de diligencias solicitadas por las cuatro organizaciones españolas y los seis familiares que se han personado como acusación popular”.

Conforme recuerda HRW, a mediados de diciembre, la jueza pidió que la causa se remitiera a la Audiencia Nacional aduciendo que no tenía competencias, extremo al que se ha opuesto la Fiscalía. “La incertidumbre con respecto a qué tribunal finalmente se declarará competente suscita el temor de que pueda haber mayores dilaciones”, plantea la ONG.

Por otra parte, destaca que a lo largo del año distintas ONG han venido denunciando “incidentes de uso excesivo de la fuerza y expulsiones sumarias por parte de agentes de la Guardia Civil en las fronteras de los enclaves, en particular desde Melilla”, pero el Gobierno, “en vez de superar estas prácticas abusivas, ha buscado institucionalizar una política de retornos sumarios”.

“Cada año, miles de personas ponen en riesgo su vida al tratar de llegar a Europa, y hay amplias evidencias que demuestran que las prácticas españolas en las fronteras de este país agravan aún más la peligrosidad de esos intentos”, asegura Sunderland. En su opinión, “si (el comisario de Interior e Inmigración de la UE, Dimitris) Avramopoulos se propone abordar seriamente el sistema disfuncional de inmigración y asilo de la UE, no debería ignorar los abusos en los enclaves de España”.

HRW añade además en su informe que muchos de quienes llegan y trepan el primer vallado que rodea Melilla permanecen allí, a veces durante horas, hasta que la Guardia Civil los obliga a descender y a regresar a Marruecos, como ocurrió con un grupo de cerca de 100 personas el 2 de febrero de 2015 y destaca la muerte de al menos nueve personas ahogadas el 30 de enero cuando la embarcación en la cual se trasladaban se hundió en aguas próximas a Melilla.