La videoconferencia en prisión, una realidad en Chile, gracias a la Fundación Abogacía y Eurosocial

La Fundación Abogacía Española viajó a Chile a finales del pasado mes de mayo para conocer el estado de los proyectos que coordina en ese país para favorecer el acceso a la justicia de grupos vulnerables, en el marco de Eurosocial II. Entre estos proyectos destaca la instalación de un sistema de videoconferencia en Centros Penitenciarios para facilitar la comunicación entre los internos y sus abogados.

Eurosocial es un programa de cooperación técnica de la Comisión Europea para la promoción de la  cohesión social en América Latina. La Fundación Abogacía Española participa como socio operativo junto a Justice Cooperation International (JCI) en programas del área Justicia que sitúa en el centro de su actuación a las personas en situación de vulnerabilidad: mujeres víctimas de la violencia de género, personas pertenecientes a comunidades indígenas u originarias, jóvenes negros afrodescendientes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad psicosocial o auditiva, personas privadas de libertad, etc.

Dentro de ese amplio proyecto europeo, la Fundación trabaja en Chile en colaboración con el Ministerio de Justicia, en la promoción de políticas públicas que promuevan y favorezcan el Acceso a la Justicia a grupos vulnerables de personas. En 2014 el foco de atención se centra en defender el interés superior del menor en los casos en los que niñas, niños y adolescentes se ven involucrados en procesos judiciales de Familia. En estos casos (divorcios, separaciones, conflictos de alimentos…) los intereses del hombre y la mujer están siempre representados a través sus respectivos abogados, pero los niños también deben ser reconocidos como sujetos de derecho y en todo caso, debe quedar garantizada la aplicación del interés superior del menor.

En 2013 se trabajó  en la elaboración de un Protocolo dirigido a abogados, sobre buenas prácticas en la atención prestada en el desarrollo de su trabajo, cuando los clientes son personas mayores.

La Fundación trabaja además con la Defensoría Penal Pública, organismo que depende del Ministerio de Justicia y cuyos funcionarios prestan asistencia jurídica gratuita en materia penal y en fase de ejecución de la pena. En 2013, se llevó a cabo la instalación de dos sistemas de videoconferencia en dos Centros Penitenciarios, para favorecer la comunicación entre las personas privadas de libertad y sus defensores públicos. El principio fundamental de esta iniciativa es su carácter complementario con respecto a la visita presencial, ya que todo defensor debe seguir visitando a los internos en los Centros Penitenciarios.

Uno de los Centros en los que se ha instalado el equipo es el Centro Limache, (Centro de internamiento provisoria y de régimen cerrado de menores) situado en la región de Valparaíso y que fue visitado por la técnica de la Fundación para estos proyectos, la abogada navarra Macarena Eseverri. Durante su viaje tuvo oportunidad de hablar con varios menores y participar en tres videoconferencias entre los menores y sus abogados defensores. “El Protocolo firmado entre las partes establece la gestión y coordinación de las entrevistas y la calidad del audio y del video es perfecta”, asegura Eseverri..

A pesar de que este sistema lleva apenas un mes funcionando, 25 de los 47 menores del Centro ya han tenido la oportunidad de comunicarse con sus defensores por este medio y han mostrado su satisfacción con la iniciativa. desde el primer momento se han familiarizado con esta herramienta, que facilita su acceso a la defensa a través del uso de la tecnología. Los que todavía no han hecho uso de ella, conocen su existencia y funcionamiento y saben que pueden pedir una reunión por videoconferencia con sus defensores públicos cuando ellos quieran.

Se prevé que próximamente los familiares de los menores puedan acudir a las Defensorías locales más cercanas para poder comunicarse por videoconferencia con los menores. Para ello, en la mayor parte de las oficinas de las Defensorías, han habilitado más de un ordenador con puntos de conexión y cámaras.

EUROSOCIAL, UN PROYECTO PARA FAVORECER EL ACCESO A LA JUSTICIA

En el marco de la Acción Eurosocial, el proyecto “Fortalecimiento de las Defensorías Públicas en la atención a personas privadas de la libertad” se centra en contribuir a mejorar el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad (preventivos, condenados y adolescentes en conflicto con la ley penal) fortaleciendo y ampliando la cobertura de los servicios prestados por las Defensorías Públicas a través del trabajo llevado a cabo por sus defensores. Para ello, los socios operativos (Fundación Abogacía Española y JCI) estructuran sus líneas de actuación en dos niveles: uno regional, trabajando con los países miembros de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF); y otro a nivel país, colaborando con nueve  Defensorías Públicas nacionales a título particular.

Puede afirmarse sin duda alguna que se produce una situación de indefensión de la población privada de su libertad cuando el abogado defensor que apoya a la población reclusa en el cumplimiento de la pena no logra contar con la información precisa y oportuna que le permita realizar acciones inmediatas que garanticen sus derechos. Esto conlleva que en demasiadas ocasiones se desaprovechen los beneficios para acortar la reclusión o para solicitar el acceso a beneficios que permitan la readaptación o reinserción social del penado.

Por otro lado, puede pasar que personas no peligrosas sean ubicadas en áreas de reclusos de alta peligrosidad, exponiéndolos a situaciones de alto riesgo que amenacen su integridad. Por todo ello, resulta fundamental poder garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, mediante un control adecuado del cumplimiento de la pena y de la aplicación de beneficios a los que tengan derecho.