La VII Caravana Internacional de Juristas en Colombia reclama en su informe protección para los profesionales de la abogacía

“Contra la impunidad: protección de la abogacía e independencia judicial” es el título del informe publicado por la VII Caravana Internacional de Juristas en Colombia, en la que participaron seis delegados del Observatorio Internacional de la abogacía en riesgo, entre los que se encuentran Beatriz Gil, de la Comisión de Derecho Penal Internacional del Colegio de la Abogacía de Barcelona y Carles McCragh, patrono de la Fundación Abogacía Española.

Esta publicación documenta las conclusiones de la visita realizada en agosto de 2022 por la VII Caravana Internacional de Juristas en Colombia.

El telón de fondo de la Caravana fue la alta tasa de asesinatos de defensores de derechos humanos (DDH) y líderes sociales, el alarmante aumento de la violencia territorial y la aceleración de la represión y criminalización de la protesta social en los últimos años. En los inicios de la delegación, el gobierno entrante de Petro prometía implementar plenamente el Acuerdo de Paz.

Los delegados también eran conscientes de la preocupación por el incumplimiento por parte del gobierno de Duque de compromisos clave del Acuerdo de Paz. Teniendo lo anterior en cuenta, la VII Caravana se centró en la necesidad de un poder judicial independiente y en la protección de la abogacía y defensores de derechos humanos, para hacer frente a la impunidad y garantizar el acceso a la justicia para todos.

Reunidos primeramente en Bogotá para mantener encuentros preliminares con compañeros colombianos, los delegados de la Caravana viajaron a cuatro regiones, Bolívar (Cartagena), Norte De Santander (Cúcuta), Santander (Bucaramanga) y Valle Del Cauca (Cali) para reunirse con abogados, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de comunidades rurales, víctimas y supervivientes, jueces y otros operadores del sistema judicial, y otras autoridades estatales.

A su regreso a la capital, los delegados se reunieron con representantes de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, la judicatura y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y entidades estatales como la fiscalía general de la Nación y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La Caravana está extremadamente preocupada por los reportes recibidos durante y después de la delegación de que las amenazas, los ataques y la inseguridad siguen siendo la norma para la profesión jurídica, en particular, para los abogados de derechos humanos, así como para los defensores de derechos humanos en general.

Los profesionales de la abogacía siguen corriendo altos riesgos en el ejercicio de su labor, ya sea en regiones fronterizas y otras zonas rurales de conflicto armado, cuando representan a comunidades desplazadas o confinadas y a defensores de la tierra, o a personas detenidas arbitrariamente y criminalizadas en contextos universitarios y protestas sociales.

El informe presenta relatos detallados de abogados particulares y colectivos de abogados en Bogotá y las regiones visitadas.

Puedes acceder al informe  AQUI