Lanzamiento del proyecto europeo Crimilaw

El pasado viernes 24 de enero tuvo lugar en Budapest el evento de inicio del proyecto europeo Crimilaw. Durante el evento, el coordinador del proyecto, la Fundación de Abogados Europeos (ELF) presentó los detalles finales a los socios: la Abogacía española junto a las Abogacías de Italia, Polonia y Chipre y los colegios de la Abogacía de París, Budapest y Atenas.

El proyecto europeo con financiación de la Comisión Europea tratará de formar a 360 abogados de 7 Estados miembros sobre los siguientes instrumentos relativos a los derechos procesales en los procesos penales:

• Directiva 2013/48/UE sobre el derecho de acceso a un abogado en los procedimientos penales y en los procedimientos de orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en caso de privación de libertad y a comunicarse con terceros y con las autoridades consulares durante la privación de libertad
• Directiva (UE) 2016/343 relativa al fortalecimiento de determinados aspectos de la presunción de inocencia y del derecho a estar presente en el juicio en los procedimientos penales
• Directiva (UE) 2016/1919 relativa a la asistencia jurídica a sospechosos y acusados en el marco de los procedimientos penales y a personas buscadas en el marco de procedimientos de orden de detención europea.

Gracias al proyecto también se redactarán fichas nacionales sobre la aplicación de las 3 Directivas de derechos procesales en los 7 países asociados y se recabarán materiales de formación con el contenido resultante de los seminarios. Asimismo, se pretende incentivar la creación de redes informales de abogados penalistas de los 7 países que asistan a los seminarios, sensibilizando sobre el proyecto y sus actividades.

La Abogacía española organizará a lo largo del proyecto dos eventos y formará a 60 abogados españoles.

El proyecto tratará de dar solución a la falta de formación de los abogados europeos en estas directivas. Según la hoja informativa de la Comisión Europea (CE) de 2018, “en toda la Unión Europea (UE) cada año, 9 millones de personas se enfrentan a procedimientos penales”. Esto significa que 9 millones de personas acusadas o sospechosas en la UE cada año requieren representación legal para asegurar sus derechos mínimos, como el acceso a un abogado, la presunción de inocencia o la asistencia jurídica. Al mismo tiempo, la creciente necesidad de cooperación transfronteriza en los casos penales se refleja en el uso cada vez mayor de la Orden de Detención Europea (EAW, por sus siglas en inglés), el instrumento de reconocimiento mutuo en materia penal más utilizado en la UE (por ejemplo, en 2015 se emitió más de 16.000 veces).