Las asociaciones de jueces no quieren un parón judicial ante un recrudecimiento de la segunda ola de Covid: “La Justicia no puede parar”

• Los jueces piden que “se garantice debidamente la seguridad y la salud de todos cuantos trabajan, prestan servicios o se relacionan diariamente con los juzgados y tribunales”

Las asociaciones de jueces han señalado este miércoles que en caso de que los datos del número de contagios por la Covid-19 empeoren y esto derive en nuevas restricciones de movilidad o, incluso, un segundo confinamiento domiciliario, la Adiministración de Justicia debe aprender de la experiencia acumulada y por tanto no debe parar. Añaden que esto es compatible con ejercer su función con seguridad.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la asociación de Juezas y jueces por la Democracia (JJpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han lanzado un llamamiento tanto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como al Ministerio de Justicia y a las comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia para que adopten las medidas necesarias para que ese paron, que se vivió en la primera etapa de la pandemia, no se vuelva a producir.

“El derecho fundamental de los ciudadanos a obtener la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos no debe quedar suspendido por la declaración del estado de alarma. Esto supone que, además de asegurar que se atienden los asuntos urgentes e inaplazables, ha de procurarse que, en la medida de lo posible, no se paralicen los demás”, indican.

Además, insisten en que la actividad no es incompatible con que “se garantice debidamente la seguridad y la salud de todos cuantos trabajan, prestan servicios o se relacionan diariamente con los juzgados y tribunales”.

Por este motivo, exigen que se garantice que los juzgados y tribunales dispongan de medios adecuados para que las actuaciones judiciales se celebren, en lo posible, por medios telemáticos, y que el personal “pueda trabajar desde sus domicilios para la tramitación de los asuntos”.

Asimismo consideran que en caso de que por las condiciones sanitarias no fuera posible desempeñar la actividad judicial en la sede o el órgano judicial correspondiente, debe haber “espacios alternativos disponibles y personal de emergencia seleccionado para el caso”.

Lógicamente, también reclaman que en todas las sedes judiciales se disponga de los medios precisos para el adecuado cumplimiento de las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias. Y se  ofrecen para colaborar en el diseño de planes de actuación que se consideren necesarios a fin de afrontar esta situación de la manera menos perjudicial posible.