Las ayudas a proyectos solidarios del MICAP, para Fundación Abogacía y dos ONG

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Pamplona (MICAP) ha resuelto la convocatoria anual de apoyo a proyectos solidarios, siendo beneficiarios en esta ocasión los presentados por la Fundación Abogacía, la ONG Alboan y la Fundación Amanecer.

Cada año, el MICAP incluye en sus presupuestos una partida específica con destino a los proyectos, instituciones o actividades que la Junta determine, cuyo objetivo sea promover la defensa de los derechos humanos y los valores de justicia y solidaridad en el Tercer Mundo, que en esta ocasión estaba dotada con 4.000 euros.

Tras la correspondiente convocatoria pública, la Junta de Gobierno ha resuelto adjudicar las ayudas a la Fundación Abogacía, que recibirá 2.000 euros MIC; Alboan, de los Padres Jesuitas, percibirá 1.000 para el proyecto de Asistencia Legal a Víctimas de Violencia Sexual en Kivu Norte, en la República Democrática del Congo;  y la Fundación Religiosa Amanecer, de la Congregación Hijas de la Caridad, contará con 1.000 euros para el proyecto Derecho y Justicia social para niños y adolescentes de la calle en Cochabamba, Bolivia.

La Fundación Abogacía ha mostrado reiteradamente su preocupación por el hecho de que los españoles privados de libertad en la mayor parte de los Estados del extranjero carecen de la garantía a una asistencia jurídica letrada. Los presos que se encuentran en dos países, Perú y Ecuador, centran en este momento la atención de la Fundación Abogacía.

Perú, el mayor productor de cocaína del mundo, tiene la más numerosa población reclusa española en el extranjero, unas 320 personas, en prisiones con un duro régimen penitenciario como las de Callao y Lurigancho. Las solicitudes de traslado a España para el cumplimiento de la pena, acordadas por un convenio bilateral, se están alargando más de un año o nunca llegan a resolverse. Otros beneficios penitenciarios legalmente reconocidos tampoco se están aplicando a los españoles, ni a otros extranjeros, por problemas de coordinación interinstitucional, tal como admiten las propias autoridades peruanas.

En cuanto a la situación que se vive en Ecuador, hasta agosto de 2014 la sanción penal para el delito de tráfico de estupefacientes era la misma con independencia de la cantidad transportada. Ahora, el castigo es proporcional a la cantidad de droga, y la Fundación trabaja para que esta reforma legal se cumpla efectivamente para los españoles, que por lo general son portadores de pequeñas cantidades. Con la nueva ley muchos de los condenados según la legalidad interior debían salir en libertad inmediatamente, pero no ha sido así y se encuentran en una especie deretén legal, esperando a que se reconozca que han cumplido ya toda la pena que se establece en el nuevo código penal para los pequeños portadores.

El proyecto que ahora va a recibir la aportación del MICAP pretende, por un lado, el desarrollo de acciones de sensibilización sobre las personas que podrían incurrir en esos delitos, y, al mismo tiempo, realizar gestiones con las autoridades, principalmente de Ecuador y Perú, para que funcionen los canales de atención legal y aplicación de beneficios penitenciarios a los españoles presos en sus centros penitenciarios.