Lesmes denuncia que las vacantes sin cubrir en la cúpula judicial han generado una situación “insostenible”

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en su discurso de apertura del año judicial denunció que las vacantes sin cubrir en la cúpula judicial están provocando una situación “insostenible”.

“De las 116 presidencias de tribunales existentes 49 de ellas no están desempeñadas por un presidente titular”, denunció Lesmes. “Ya el pasado año advertí que la falta de cobertura de vacantes nos estaba colocando en una situación límite y que en unos meses sería insostenible. Tan es así que en unas semanas la Sala de lo Social y la de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo no podrán constituir sus secciones de enjuiciamiento, como previene la Ley, por falta de magistrados”.

Además Lesmes advirtió que “el próximo 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar predeterminados en la Ley ya que las vacantes no han podido ser repuestas”.

“El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización
judicial”, dijo Lesmes, refiriéndose a la la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se establece el régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones. “Dieciocho meses después de su aprobación, los efectos de esta Ley son devastadores”, añadió.

Lesmes hizo también un llamamiento a reconocer la primacía del Derecho:  “El valor Estado de Derecho en nuestra democracia no solo exige reconocer el principio de separación de poderes, la independencia de los jueces y el respeto a sus decisiones. Supone antes que nada el reconocimiento de la primacía del Derecho, al que deben sujetarse todos los poderes públicos y las personas privadas, ya que en las democracias se gobierna a través de las leyes, obra de la voluntad general, de manera que nuestro Estado no será democrático si no garantiza el respeto al Derecho”, afirmó Lesmes en su discurso pronunciado frente al rey Felipe VI.

Previamente había intervenido la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), Maria Ángeles Sánchez Conde, en sustitución del Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz. En un discurso en el que repasó la actividad de la Fiscalía, alertó de “la tendencia alcista que reflejan los delitos de violencia de género y contra la libertad sexual protagonizados por menores de edad”.

En su Memoria del último año judicial la Fiscalía muestra su preocupación por la violencia de género, que “tiene múltiples y preocupantes frentes abiertos como: el aumento de la violencia entre menores a través de los medios digitales; la invisibilidad de las mujeres de avanzada edad que denuncian en muy pocas ocasiones; la escalofriante cifra de mujeres con discapacidad que han sido víctimas de y el desamparo de las mujeres extranjeras que evitan denunciar cuando su situación administrativa es irregular por temor a las consecuencias”.

La Fiscalía también se muestra preocupada por la vulnerabilidad de migrantes, y de menores, por “la proliferación de delitos de odio y discriminación”, que han aumentado un 27%, por la ciberdelincuencia, que aumentó un 47% y por la emergencia ambiental.

En la Memoria se señala que la recuperación de la normalidad en la actividad judicial tras la pandemia es “un objetivo solo parcialmente conseguido”. “Si bien reflejan una reactivación de las cifras, no se alcanzan las correspondientes a la anualidad de 2019”.

En 2021 se incoaron 1.465.024 procedimientos de diligencias previas, un 6,76% más que en 2020. Los delitos contra la vida y contra la integridad integran el 35% de las diligencias previas incoadas en 2021, frente al 29% en 2020. Los delitos contra el patrimonio se mantienen en el 20%.

Los señalamientos a los que ha asistido el Ministerio Fiscal ascendieron a un total de 320.977 juicios, frente a los 260.715 de 2020, pero sin alcanzar la cifra de 2019 (332.888). Los juzgados de lo penal dictaron 147.682 sentencias, frente a las 111.585 en 2020, pero sin alcanzar las 150.643 de 2019. La conformidad con la posición del Ministerio Fiscal alcanzó el 73% de las dictadas por los jueces de lo penal, porcentaje idéntico al de 2020.

En 2021 se suspendieron el 35% de los juicios en los juzgados de lo penal, suspensiones debidas principalmente a contagios por la Covid-19. Esta cifra es menor que la registrada en 2020, cuando se suspendieron un 46%, pero superior al 32% de 2019.

Los delitos con mayor presencia en las sentencias condenatorias, al igual que en años anteriores, han sido los tipos contra la seguridad vial y contra el patrimonio, con porcentajes del 35% y 18%, respectivamente (el 31% y 19% en 2020). Los delitos de violencia familiar y de género han supuesto el 9%, inferior al 13% alcanzado en 2020; los delitos contra la vida e integridad física el 9%, ligeramente inferior al 10% alcanzado en 2020 y los delitos contra la administración de justicia el 7%, que mantiene el porcentaje de la anualidad anterior.

Por lo que se refiere a las diligencias urgentes, en 2021 se incoaron 202.296, lo que implica un incremento del 19% en relación con la cifra de 2020.

En lo que respecta a los juicios leves, se tramitaron 323.362, cifra superior a los 297.744 de 2020, pero inferior a los 338.204 de 2019, manteniéndose, por tanto, una tendencia a la baja ya observada en anualidades anteriores (348.907 en 2018 y 361.061 en 2017).