Lesmes: “Si no hay una Justicia que funcione, no hay Estado de Derecho ni regeneración de las instituciones”

• El presidente del TS y del CGPJ reclama en el Congreso un profundo cambio en el modelo de organización de la Justicia para adaptarla a las necesidades del siglo XXI
• Lesmes pide una “reforma integral” de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para responder correctamente al gran número de casos de corrupción y macrocausas que se tienen que resolver

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes,  ha reclamado hoy un profundo cambio en el modelo de organización de la Justicia española para adaptarla a las necesidades del siglo XXI y ha señalado que “si no hay una Justicia que funcione, no hay Estado de Derecho ni hay regeneración de las instituciones”.

ACCEDA AL DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CGPJ

Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Lesmes ha asegurado que la legitimidad de una institución se fundamenta y solo es posible desde el respeto a la ley, de manera que solo puede hablarse de Estado de Derecho cuando sus instituciones ejerzan sus poderes con plena sujeción al ordenamiento jurídico.

La garantía del sometimiento al imperio de la ley de los ciudadanos y de los poderes públicos, ha añadido, corresponde en última instancia a los jueces y magistrados que forman el Poder Judicial, de modo que solo será posible la efectividad del Estado de Derecho con una Justicia que funcione.

Entre las iniciativas para mejorar el funcionamiento de la Justicia en un país con una tasa de litigiosidad tan alta como la española, el presidente del TS y del CGPJ ha señalado la necesidad de crear nuevas plazas de jueces y el fomento de la mediación y de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, pero también la de acometer un profundo cambio en el modelo de organización de la Justicia para adaptarla a las necesidades del siglo XXI.

Lesmes ha recordado, en este sentido, que la Ley Orgánica del Poder Judicial ha sufrido cerca de cuarenta modificaciones en treinta años de vigencia, y ha considerado que es precisa una nueva organización de los Tribunales, tanto territorial como funcional, una redefinición de la carrera de los jueces, el impulso de una oficina judicial moderna, la introducción y mejora del uso de las nuevas tecnologías y la potenciación de la seguridad jurídica con un nuevo diseño del recurso de casación y de la posición institucional del Tribunal Supremo.

En la misma necesidad de cambio, ha añadido Lesmes, incurre la Ley de Planta y Demarcación de 1988, ya que desde su publicación el sistema de Justicia se ha visto sometido a los cambios de la sociedad española, con un incremento de la población de más del 15 % y un aumento de la litigiosidad del 100 % en los últimos veinte años.

Aunque se han creado más de 2.500 plazas judiciales y diversos órganos de nuevo cuño –como los Juzgados de Violencia de Género, los de lo Mercantil, los de Menores o los de lo Contencioso-Administrativo-, ello no se ha traducido en un disminución exponencial de la pendencia, acreditándose lo inadecuado de la organización judicial a la nueva realidad española.

En su intervención, el presidente del TS y del CGPJ ha hecho especial referencia al proceso penal, del que ha dicho que no responde correctamente a las necesidades del momento actual, incrementadas de manera sustancial por el gran número de casos de corrupción y macrocausas que se tienen que resolver.

Después de casi setenta modificaciones en tres siglos distintos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882, se ha convertido en un texto complejo, desarticulado e irreconocible, lo que ha hecho que su “reforma integral” haya devenido una demanda reiterada, ha dicho Lesmes.

Esa reforma, ha añadido, debe tener como pieza nuclear al juez, redefiniendo su papel en el sistema de garantías procesales para asegurar su capacidad de tutela de los diferentes intereses en juego desde una posición de efectiva imparcialidad, lo que a su vez obliga a una nueva configuración de la actual tarea instructora que fortalezca el derecho de defensa.

Entre los temas que la nueva ley debe abordar, el presidente del TS y del CGPJ ha enumerado la regulación de los cometidos del Ministerio Fiscal, la actividad y dependencia funcional de la Policía Judicial, el estatuto de la víctima, el ejercicio de la acción popular, la regulación de las medidas cautelares y el enjuiciamiento de aforados.

“El objetivo último ha de ser la eficacia en la Justicia Penal, con la finalidad de que se obtengan, con respeto a las garantías de los justiciables, prontas condenas y que éstas se cumplan de forma inmediata y sin dilaciones”, ha concluido Lesmes.

Durante su intervención en el Congreso, el presidente del TS y del CGPJ también ha hecho balance de los compromisos adquiridos en su comparecencia del pasado 13 de mayo y ha avanzado los datos de actividad de los Juzgados y Tribunales durante el primer semestre de 2014.

Violencia de género

Coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Lesmes ha reiterado el firme compromiso del CGPJ en la lucha contra la violencia de género y ha dicho que ésta “no solo destruye vidas, sino que además impide el desarrollo de los derechos, la igualdad de oportunidades y la libertad de la mujer en todos los estratos sociales, en todos los lugares y en todas las formas de relación entre mujeres y hombres”.

Además, ha anunciado que el Consejo destinará los recursos necesarios para realizar de forma permanente un estudio jurídico de la infancia en el que tendrán cabida los episodios de violencia que les afecten.

Transparencia

Tras adelantarse en seis meses a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,  el CGPJ publica desde el pasado 2 de julio en su página web todos los datos relacionados con su gestión presupuestaria, su actividad contractual, la administración de sus bienes inmuebles, las retribuciones e indemnizaciones de sus altos cargos y su actividad institucional, así como su política de subvenciones públicas.

Austeridad

En línea con el compromiso adquirido en la anterior comparecencia en el Congreso, se ha avanzado en la contención del gasto y en la reducción del presupuesto del CGPJ. El proyecto de presupuesto para 2015 supone una disminución del 5,30 % respecto al del año en curso, siendo especialmente significativa la reducción de las partidas destinadas a los altos cargos, como la de gastos de viajes –en un 23 %- y la de gastos de carácter protocolario –en un 20 %-.

Cercanía y apoyo a los jueces

Fiel a su compromiso de convertirse en “la casa de todos los jueces”, el CGPJ ha puesto en marcha distintas medidas para potenciar la agilización y la eficacia administrativa en las cuestiones que afectan a la carrera judicial, entre ellas la implantación del sistema de gestión gubernativa Servicios Técnicos-Comisión Permanente y la homogeneización, publicación y distribución entre la carrera judicial del criterio del Consejo sobre aspectos de interés profesional: compatibilidades, licencias formativas y de enfermedad, concursos de traslado, jubilación anticipada, etc.

Plan de Prevención de Riesgos Laborales

La Comisión Permanente aprobará antes de final de año el texto definitivo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, que servirá de guía para desarrollar e implantar las acciones preventivas necesarias, el Protocolo de Actuación frente al acoso, las evaluaciones iniciales de riesgo y la planificación de las actividades preventivas.

Formación y nombramientos

El CGPJ apuesta por la excelencia de los jueces a través de la formación y de una política de nombramientos discrecionales basada exclusivamente en el mérito profesional y la capacidad y realizados con el mayor consenso posible.

El programa de formación contiene una temática diversa y no solo jurídica. Para su correcta ejecución, el Servicio de Formación Continua dispondrá en 2015, pese al ajuste presupuestario, de una dotación de 3.419.257 euros.

En cuanto a los nombramientos discrecionales durante este mandato, se han efectuado más de 60 –incluyendo los de letrados del CGPJ-, que han obtenido de media un 75 % de apoyo en el pleno del órgano de gobierno de los jueces. Este consenso se ha puesto también de manifiesto en la aprobación de informes: 17 de los 23 aprobados hasta la fecha lo han sido por unanimidad.

Responsabilidad de los jueces

El compromiso del CGPJ para asegurar la plena responsabilidad de los jueces ante los ciudadanos y su régimen disciplinario se traduce en la actividad del Promotor de la Acción Disciplinaria, figura de nueva creación establecida por la Ley 4/2013 de reforma del Consejo General del Poder Judicial.

Durante este mandato se han recibido un total de 12.441 quejas y denuncias –un 10 % menos que en el mismo periodo del año anterior- que han dado lugar a la incoación de 774 informaciones previas –en todo 2013 fueron 423- y de 32 expedientes disciplinarios, 23 de ellos por retraso y desatención en el ejercicio de los deberes judiciales.

El uso de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia

El CGPJ manifiesta su más absoluto respeto por la utilización de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia y su firme voluntad de que los derechos lingüísticos de la ciudadanía queden garantizados.

Para ello, actúa tanto en el ámbito de la formación –destacando el programa de euskaldunización, del que se han beneficiado más de 200 jueces- como en el ámbito tecnológico: la web del CGPJ  ya está disponible en todas las lenguas cooficiales, que además se han incluido como requisito para superar el test de compatibilidad de las aplicaciones informáticas.

Además, los jueces que acrediten el conocimiento de una lengua cooficial gozan de un mérito preferente con reflejo en el escalafón en el caso de que quieran desarrollar su función en la Comunidad Autónoma correspondiente.

Por otra parte, la base de datos de jurisprudencia del portal web del CGPJ ha publicado este año 3.014 sentencias de órganos colegiados dictadas en catalán, 338 en gallego y una en euskera. En total, en la base de datos hay 53.927 sentencias en catalán, 10.045 en gallego y doce en euskera.

Radiografía de la Justicia en España: primer semestre de 2014

Durante los primeros seis meses del años, en los Juzgados y Tribunales españoles ingresaron 4.424.561 asuntos y fueron resueltos 4.569.211. El número de asuntos en trámite a 30 de junio era de 2.539.665 y la cifra de sentencias dictadas hasta esa fecha de 846.823.

Las cifras indican que la tasa de litigiosidad global apenas ha experimentado variación (0,6 %), aunque se observa un aumento en la jurisdicción civil (13,3 %) y en la contencioso-administrativa (8,5 %) y un descenso en la penal (2,4 %) y en la social (7,1 %).

Por otra parte, la tasa de resolución global ha disminuido un 2,4 %, aunque la de pendencia ha bajado el 2,2 % y la de congestión se ha reducido en un 0,7 %.

Los datos indican asimismo que la duración media de los procedimientos ha bajado considerablemente respecto al primer semestre de 2013 –un 3,9 % en primera instancia y un 8,7 % en segunda instancia-, salvo en el Tribunal Supremo, donde ha aumentado un 2,5 %.