López-Aguilar y Catalá debaten en la UIMP sobre cómo alcanzar un pacto de Estado por la Justicia

Los ex ministros de Justicia Juan Fernando López-Aguilar y Rafael Catalá aseguraron este martes, en el segundo y último día del curso organizado por la Abogacía Española en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que hace falta un gran pacto de Estado para mejorar la calidad de la justicia española.

“Hay que pensar y hacer una verdadera política de Estado”, afirmó López Aguilar, quien fue ministro de Justicia en el gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2007, en una mesa redonda moderada por la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega. “Hace falta liderazgo político con mucho cuajo que pueda ordenar la situación”, añadió.

Catalá, ministro de esta área por el Partido Popular entre 2014 y 2018, aseguró que hace falta una “estrategia nacional de Justicia, en la que estén la sociedad, los profesionales de la justicia y las administraciones. Es más complejo, pero creo que es absolutamente necesario contar con ella”. Y expresó su confianza que tras tras las elecciones del próximo 23 de julio se forme un Gobierno que “fomente grandes pactos de Estado, porque los bloques son muy peligrosos, y cuando chocan hay consecuencias imprevisibles”.

Catalá criticó que “en los últimos años se han visto cosas intolerables, impropias de una justicia de calidad”, por lo que ha abogado por “reformar intrínsecamente la estructura judicial”.

Previamente los abogados Jesús Remón y Cristóbal Martell habían analizado en otra mesa redonda, moderada por el también letrado Oriol Rusca, si el sistema de justicia español es excesivamente garantista, en perjuicio de su eficacia.

“El título de la mesa se las trae, induce a pensar si el exceso de garantías es un problema para la eficiencia de la justicia”, dijo Remón.

Sobre si hay un exceso de recursos en España, Remón afirmó que “no son muchas las sentencias que se recurren”, señalando que el porcentaje es del 16,4%. También se refirió a la duración media de los procedimientos, lamentando que haya “extraordinarias diferencias entre unas comunidades autónomas y otras, e incluso entre provincias de un mismo territorio”.

“La media de la primera instancia es de ocho meses, la segunda de seis. En asuntos de contencioso administrativo en Madrid es de 16 meses, en Cataluña, de 18; y en Navarra, de ocho. Mientras, en la Audiencia Nacional tardan unos 18”, señaló. A pesar de esto, aseguró que “el mayor problema” de la justicia en España “no es es el retraso, sino que se resuelvan de manera diferente en diversos juzgados casos que son similares”.

Martell, por su parte, señaló que la garantía es el instrumento para “no equivocarse”, porque el error penal se puede traducir en “privar de la libertad a quien no se merece”.

En la clausura, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, y el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Carlos Andradas, coincidieron en la necesidad de avanzar hacia ese nuevo Pacto de Estado.

“Sin duda, sería una buena solución a esta situación tan crítica por la que estamos pasando”, afirmó López del Moral, quien destacó la actitud de la Abogacía. “Han actuado con responsabilidad y han planteado todas sus reivindicaciones correspondientes en el momento adecuado”, afirmó.