Los abogados de defensores de medioambientales denuncian la criminalización y estigmatización de la abogacía

La última jornada del VI Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía ha comenzado la proyección del documental “Las semillas de Berta Cáceres”, presentado por su hija, Laura Zúniga, Erika Torregrossa y Mercedes Lois. Laura Zúniga ha señalado que el “El caso de mi madre evidencia la situación de quienes están luchando por la defensa de la Tierra”, denunciando que “el sistema judicial en Honduras funciona para perseguir a quienes, como mi madre, defienden el territorio y sin embargo, defiende a los extractivistas”. Por su parte, Erika Torregrossa ha manifestado que “estamos viviendo una emergencia y una crisis de valores contra la vida, la vida del planeta y la vida humana”.

MESA REDONDA: ABOGADOS DEFENSORES DE LOS DEFENSORES MEDIOAMBIENTALES

La decana de la Abogacía de Barcelona y presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo General de la Abogacía, Mª Eugènia Gay, ha sido la moderada de la mesa, sobre la que la dicho que esta “mesa sobre defensores de defensores con abogados que dan la cara por las injusticias que les han tocado vivir en primera persona nos hace recordar cuán importante es colocar la vida de los seres humanos como bien superior a proteger”.

La primera en intervenir ha sido Mirtha Vásquez, abogada de GRUFIDES (Perú), que se ha centrado en explicar cómo es el ejercicio de la abogacía en la defensa de casos que tienen relación con el modelo neoliberal basado en el extractivismo y consumismo, un ejercicio que ha calificado de “crítico”, denunciado que “los abogados de Derechos Humanos sufren criminalización”. En Perú, ha añadido, el sistema de Justicia está en crisis, aunque no es una novedad, porque el sistema judicial en muchos países latinoamericanos es muy sumiso al poder político. Además, hay mucha tolerancia con la corrupción y a la vez se persigue a las poblaciones.  Ha contado el caso de Máxima Acuña, que demuestra las asimetrías de poder y que derivó, incluso, en una campaña de estigmatización, hostigamiento y políticas de odio contra ella. Y ha concluido con una frase de un profesor: “la ley es posible siempre que no le sea un inconveniente al poder”.

A continuación, Adil Meléndez, director del Bufete Justicia y Derecho y abogado experto en Justicia Transicional (Colombia), ha comenzado su intervención denunciando que “el modelo de desarrollo económico de Colombia es el principal acto de depredación del medio ambiente”. A esta denuncia ha sumado otras: la corrupción administrativa y la debilidad institucional; la connivencia entre empresas,  poderes públicos y grupos armados; que el modelo de desarrollo económico de Colombia promueve la economía extractiva. Y, sobre todo, la estigmatización de la abogacía.

Sobre la situación en Guatemala ha hablado Jovita Tzul, coordinadora jurídica del Bufete para Pueblos Indígenas de Guatemala. Ha comenzado señalando la desigualdad social, económica y el desconocimiento que existe de la situación de las sociedades, así como la “estigmatización de las comunidades indígenas y de sus abogados”. Ha explicado que, desde su organización, buscan desarrollar procesos legales con una estrategia especializada en pueblos indígenas, que se conviertan en sujetos de su causa, añadiendo que “se necesita una visión indígena del derecho y la justicia”. Además, ha apostado por cuestionar la noción de desarrollo, preguntándose “¿Qué entendemos por desarrollo? ¿El acaparamiento de los recursos básicos?”.

Víctor Fernández, abogado y coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (Honduras), ha señalado, en primer lugar, que el Movimiento que coordina es un espacio dedicado a la lucha contra la corrupción pública y la defensa en materia de Derechos Humanos, centrado en las comunidades rurales, y que hace “un ejercicio militante de las causas, nos sentimos parte de ellas”. Ha denunciado el modelo económico de privatización que hay en Honduras, acrecentado desde el golpe de Estado de 2009, que produjo una concentración de la institucionalidad y una profundización del proceso de militarización. Por último ha ofrecido algunas cifras, como que en 2019 han sido asesinados en Honduras 30 defensores y defensoras.

Por último Ernesto Palencia, abogado de la Alianza Sierra Madre, ASMAC (México), tras suscribir lo dicho por sus compañeros, que podría ser “trasladable a México”, ha añadido que en su país hay una “grave crisis de Derechos Humanos”. También ha denunciado las dificultades y el riesgo para ejercer la Abogacía en algunos procesos, por la falta de información o porque no les reconocen legitimación ni interés legítimo. “Tiene sus riesgos litigar estos temas (de derechos humanos” en un marco tan desfavorable como el que hay en México”, ha concluido.