Los abogados del ICAVA recorrerán los colegios de la provincia para informar a los jóvenes sobre qué comportamientos pueden suponer un delito, en el marco de un convenio firmado con la Diputación

• El Colegio de Abogados forma esta tarde a más de 200 letrados para que conozcan herramientas de psicopedagogía juvenil con las que abordar las charlas
• El acuerdo con Diputación contempla la mediación vecinal comunitaria de un letrado en aquellos municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes
• El Turno de Segunda Oportunidad del ICAVA se amplía a la provincia y asesorará legalmente a los ciudadanos de los municipios de Valladolid

Con el objetivo de hacer ver a los jóvenes qué comportamientos pueden suponer un delito y advertir de las consecuencias penales de determinadas acciones que los menores no suelen considerar peligrosas, los letrados del Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA) recorrerán los colegios y asociaciones juveniles de la provincia para impartir charlas de asesoramiento legal a jóvenes.

Un proyecto que se desarrolla en el marco del convenio firmado con la Diputación de Valladolid en diciembre y que tiene como objetivo mejorar la convivencia de los ciudadanos vallisoletanos. El acuerdo también recoge actuaciones de mediación vecinal y atención legal a ciudadanos de municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes que deseen acogerse a las medidas de ‘Segunda Oportunidad’.

Más de 200 abogados asisten hoy a las jornadas formativas del ICAVA, donde la psicopedagoga y trabajadora social Cristina Crespo mostrará las distintas estrategias psicopedagógicas para llevar a cabo con jóvenes, junto a la fiscal de Menores María Teresa Vicente Calvo quien se encargará de la parte jurídica. Los abogados que hayan realizado el curso pasarán a formar parte de una bolsa creada para impartir sesiones informativas y coloquios-debates en centros educativos, asociaciones juveniles, puntos de información y colectivos de la provincia de Valladolid.

“Muchos jóvenes desconocen que ciertas acciones suponen un delito y es importante que estén bien informados”, advierte el responsable de los servicios del turno de oficio del ICAVA, Javier Martín, quien añade: “Sin ir más lejos, presentarse por otro a un examen conlleva penas de 6 meses a 3 años, e imagino que el muchacho que lo hace desconoce las consecuencias”.

Algunos de los casos más graves, como homicidios imprudentes, lesiones, violaciones o robos, están penados con prisión de 1 a 6 años. Sin embargo, existen delitos menos conocidos que también pueden suponer penas de cárcel, como negarse a ‘soplar’ en un control de alcoholemia (de 6 meses a 1 año), amenazar a padres o hermanos (de 6 meses a 1 año), denunciar algo falsamente y lucrarse de ello (de 6 meses a 3 años) o mentir en un juicio o en una declaración judicial (de 6 meses a 2 años).  “La pena es para el joven, pero la indemnización por responsabilidad civil es para los padres”, indica Javier Martín.

Mediación vecinal

El convenio con la Diputación recoge también la mediación vecinal en la provincia de Valladolid, un servicio de resolución de conflictos completamente gratuito que reafirma el compromiso social del ICAVA. Así, los vecinos de la provincia de Valladolid podrán contar con el servicio de mediación del Colegio de Abogados de Valladolid en casos como los problemas de proximidad vecinal, de utilización de espacios y mobiliario público, de convivencia, de asociaciones y de asuntos familiares intergeneracionales.

Los encargados de llevar a cabo esta labor serán los profesionales que forman parte del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valladolid (CEMICAVA), que funciona desde 2015 y que actualmente está formado por 46 letrados. Este organismo, especializado en mediación civil y mercantil, trabaja con proyectos en los juzgados de primera instancia de Valladolid, la Audiencia Provincial y el juzgado de Medina de Rioseco.

Turno de Segunda Oportunidad para toda la provincia

El acuerdo firmado entre el ICAVA y la Diputación de Valladolid se completa con el asesoramiento jurídico y la atención legal a ciudadanos con sobreendeudamiento y en riesgo de exclusión, según recoge la Ley 25/2015 de Mecanismo de Segunda Oportunidad. De esta manera, la labor del Turno de Segunda Oportunidad, creado en Valladolid en 2016 de forma pionera a nivel nacional, se ampliará a toda la provincia.

Los profesionales informarán a los ciudadanos sobre las herramientas legales que están a su disposición, entre las que se encuentran los acuerdos con sus acreedores y un calendario de pagos. El objetivo de esta ley es “la instauración de un sistema que permita ofrecer a las familias en situación de insolvencia una salida al fracaso económico sin tener que arrastrar indefinidamente la losa de una deuda que nunca podrán satisfacer”.