Los abogados María Benito y Antonio Jiménez, padres hace 72 horas, logran que el Juzgado de Cáceres aplace su juicio pero solo hasta el 1 de febrero

Tal y como venían reclamando desde hace más de un mes, la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres no ha tenido más remedio que aplazar hoy el juicio en el que debían intervenir los abogados María Benito y Antonio Jiménez. Ambos letrados, que acaban de ser padres el pasado sábado 16 de enero, han presentado el certificado de hospitalización y la jueza se ha visto obligada a posponer la celebración del juicio al 1 de febrero, por la imposibilidad de comparecer al mismo.

Sin embargo, la titular del juzgado, lejos de reconocer los plazos que imponen los permisos de maternidad o paternidad, ha decidido señalar la vista para el próximo 1 de febrero, forzando así a ambos letrados a renunciar al permiso de paternidad/maternidad o a pedir su sustitución por otro compañero.

Los abogados querían evitar lo que al final ha pasado, que por el hecho de encontrarse de baja por incapacidad temporal y de permiso de paternidad, la abogada y su marido no pudieran ir a los juzgados. Por ello solicitaron el pasado diciembre a la magistrada su suspensión. Pero ésta se negó afirmando que “sería una baja que se preveía de larga duración”, achacando a ambos letrados el mal funcionamiento de la justicia, y les instó a buscar una nueva defensa, advirtiéndoles que si no lo hacían se asignaría un abogado de oficio a sus clientes.

María y Antonio, también parte del mismo proceso como letrado, recurrieron la decisión de la jueza. 25 días después, la jueza desestimó el recurso de reforma interpuesto, con el apoyo de la Fiscalía y lo comunicaron a tan solo un día hábil de la celebración de la vista, dejándoles sin plazo para interponer un recurso de apelación. Además, Antonio ha confesado que “aún no han sido notificados fehacientemente”. Por otro lado, el juzgado les advirtió a los clientes “que el juicio seguía en pie para el martes”. Así recibieron la comunicación los abogados, ya que todavía no han abierto LexNet desde que fueron padres el pasado sábado.

En opinión de los abogados, la providencia de la jueza discriminaba a María y vulneraba la tutela judicial efectiva, al limitar la libre designación de un abogado al cliente de Benito, que siempre manifestó su apoyo al matrimonio y no quería cambiar de letrados.

Antonio y su pareja no descartan tramitar las quejas oportunas para seguir avanzando en la conciliación. El propio abogado ha manifestado su incomprensión por el hecho de haber recibido “llamadas de los juzgados esta misma mañana para notificarme que si no comparecía en la vista, se interpondría contra mi la queja correspondiente”. Ambos letrados cuentan con el apoyo del Colegio de Abogados de Cáceres, la Confederación de la Abogacía Joven y el Consejo General de la Abogacía, que han emitido comunicados públicos a su favor.

La Abogacía Española ha reclamado reiteradamente, por activa y por pasiva, un cambio legislativo que clarifique los derechos de los defensores y los equipare a los de cualquier otro trabajador. Así lo ha pedido la presidenta de su Comisión de Igualdad, Marga Cerro. Reivindicaciones que los profesionales de la Abogacía siguen realizando para que las leyes existentes sobre conciliación se apliquen en el colectivo y no se vuelvan a repetir situaciones como ésta en la profesión.