Los Colegios de Abogados de Castilla y León seguirán atendiendo sin coste a las víctimas de violencia de género

Los nueve Colegios de Abogados de Castilla y León seguirán atendiendo de forma totalmente gratuita a través de sus Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) a las víctimas de violencia de género durante las 24 horas del día y los 365 días del año, a pesar de que el 1 de abril finalizó el contrato a través del que desde hace más de una década, la Consejería de Familia financiaba el servicio específico de asistencia a mujeres víctimas de violencia.

El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García Delgado, recuerda que los nueve Colegios de Abogados tienen a disposición de todas las mujeres de la Comunidad Autónoma 600 letrados adscritos al turno de oficio de violencia con preparación específica a tal fin, al que se derivará a las mujeres que lo soliciten.

García-Delgado lamenta “el fondo y las formas” de la rescisión de este contrato, del que si bien es verdad han sido los propios abogados de la Comunidad Autónoma quienes han decidido desvincularse, lo ha sido por la actitud de la Consejería, que había reducido el montante que destinaba a este concepto de 250.000 euros a tan sólo 50.000 en los últimos dos años.

El detonante de la decisión de los abogados de renunciar al contrato, no obstante, ha sido el hecho de que la Junta barajara, finalmente, para este año 2014 la “nimia cantidad de 30.000 euros para las nueve provincias”, en la que pretendía incluir no sólo la asistencia a estas mujeres durante todo un año y durante todos los días, sino también la organización de cursos de formación gratuitos por parte de los Colegios.

El presidente de los abogados de la región considera que, tras esta inadmisible oferta se escondía la verdadera intención de la Junta de privatizar el servicio y prescindir de los nueve Colegios de la región para llevar a cabo esta prestación, máxime cuando posteriormente, el Consejo ha conocido, a través de los medios de comunicación, que, frente a la cantidad que se ha puesto sobre la mesa este año (30.000€),  las nuevas entidades privadas que prestarán el servicio lo harán con el presupuesto que la Junta dedicaba en años anteriores, los mismos 50.000 euros.

García-Delgado destaca “la profunda indignación ante estos hechos de los nueve decanos de los Colegios de Abogados de la Comunidad” y señala que “no se trata de dinero, sino de dignidad, de reconocer la calidad de una labor profesional que se está realizando y se ha realizado durante años a cambio de una asignación en los últimos tiempos insignificante”.

En lugar de este reconocimiento, los abogados de la Comunidad Autónoma entienden que la forma de adjudicar el contrato a otras entidades, por una cantidad que a los letrados se les ha negado de forma directa, sin concurso público ni publicidad, es “un menosprecio” y demuestra la intención de la Junta de Castilla y León de aparecer como defensora de la mujer a costa de terceros sin realizar, realmente, esfuerzo alguno en mantener un servicio de la mejor calidad en el que durante estos años se ha prestado asistencia a miles de mujeres de las nueve provincias.

El presidente de los abogados compara esta actitud con la del Gobierno de Castilla- La Mancha, una Comunidad Autónoma, recuerda, con la mitad de letrados y con tan  sólo cinco provincias, en la que se mantiene la dotación de 250.000 euros para atender el servicio.