Los colegios profesionales de Málaga reclaman un mayor protagonismo para hacer frente a la pandemia del coronavirus

La Unión Profesional de Málaga (UPM), colectivo que engloba a 19 colectivos que representan a su vez a más de 45.000 profesionales colegiados de la provincia, ha elaborado un manifiesto dirigido al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, según las competencias propias de cada administración, con motivo de la gestión realizada durante el estado de alarma y el confinamiento de la ciudadanía, personas autónomas y empresas, con objeto de aprender de los errores y evitar que se vuelvan a cometer en el futuro.

Exigir una mayor planificación y previsión normativa para casos de emergencia como el provocado por la crisis del coronavirus es una de las principales demandas de UPM, que también critica la profusión legal y el exceso normativo que se ha sufrido desde el mes de marzo, con continuas correcciones, modificaciones e incluso rectificaciones, en cuestión de horas, sobre asuntos de los que dependía la actividad económica de buena parte del país.

Además, los colegios profesionales lamentan que, a la hora de legislar, el Gobierno no ha contado con estos colectivos, que podrían haber aportado su visión y experiencia sobre el terreno, evitando decisiones erróneas fruto de la improvisación y el desconocimiento de la realidad de las empresas y personas autónomas.

“Exigimos, pues, ser interlocutores en la toma de decisiones y que se escuche la voz de los profesionales colegiados mediante la creación de una mesa de trabajo que reúna de manera periódica a representantes del Gobierno y de los colegios profesionales”, señala el manifiesto de UPM, colectivo que preside Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga.

En el escrito, UPM apunta que el estado de alarma ha puesto de manifiesto la necesidad de poner en marcha cuanto antes inversiones importantes para afrontar con mayor solvencia situaciones inesperadas y de gran incertidumbre, como es el caso de las relacionadas con la salud pública y la sanidad, el medio ambiente, la educación, la protección social, el Servicio Público de Empleo Estatal o la Justicia, que ha dejado ver sin pudor todas sus carencias en este periodo.

Relacionado con este asunto, esta crisis ha aumentado la necesidad de que tanto el sector público como el privado avancen de manera decidida hacia una verdadera y eficaz digitalización en todos los sentidos, lo que incrementaría su utilidad, su productividad, su competitividad y su fortaleza.

Partiendo de la base de que garantizar la vida y la salud de la ciudadanía debe ser la prioridad de cualquier Gobierno, es preciso hacerlo compatible con el trabajo y la producción de bienes y servicios para evitar daños a la economía de un país.

Para ello, UPM considera “imprescindible” dotar a las empresas de medidas y protocolos de seguridad claros y eficaces para evitar la propagación de la COVID-19, garantizando la salud de toda la ciudadanía por igual.

De cara a un funcionamiento económico y social adecuado para el país, resulta fundamental establecer políticas que faciliten la conciliación personal y laboral de todas las personas, así como alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, eliminando todo rastro de discriminación o de acoso.

Los colegios profesionales también reivindican que se reconozca el trabajo y el esfuerzo que realizan los empresarios y autónomos, hombres y mujeres, para contribuir a mejorar la situación de España. En este punto, es preciso dotarles de mecanismos de ayuda para que puedan mantener la actividad económica y el empleo, con especial atención a los jóvenes y a los mayores de 55 años.

Asimismo, se insta al Gobierno a que muestre su compromiso y apoyo sin fisuras a sectores económicos vitales para España, como el turismo o la construcción, siempre en el marco de un modelo de desarrollo sostenible que apueste por el progreso social, el equilibrio medioambiental y el crecimiento económico, acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados en la Agenda 2030, de modo que ningún ciudadano se quede atrás. A la vez, debe crear las condiciones propicias para generar nuevas oportunidades de negocio en sectores relacionados con las TICs, las energías renovables, la agroindustria o la salud. “Además, se debe trabajar para retener el talento, aumentar las exportaciones y captar inversiones del extranjero, mostrando al mundo que España es un lugar excelente para vivir, para visitar y para invertir, para lo cual es fundamental ofrecer seguridad jurídica”, recoge el manifiesto.

La Unión Profesional de Málaga hace hincapié en las “terribles consecuencias” que esta crisis está teniendo sobre los colectivos más vulnerables, sobre aquellas personas que ya se encontraban o se han visto inmersas por la actual situación en procesos de empobrecimiento y de exclusión social. En este sentido, se ha evidenciado en estos meses la falta de coordinación entre organismos al no existir protocolos específicos y se ha podido observar una tendencia, por parte de las administraciones competentes, a la implantación de medidas de carácter benéfico-asistencial, relegando al sistema de Servicios Sociales a un papel asistencialista, en vez de consolidarlo como un pilar del Estado de Bienestar.

Dado que podrían producirse situaciones delicadas y similares en el futuro próximo, UPM propone la creación de un observatorio para la gestión administrativa de crisis o emergencias, mediante la cual, al igual que ocurre en otros sectores, se vayan revisando los protocolos, proponiendo mejoras de la normativa conforme la sociedad evolucione, evitando que los procedimientos se queden obsoletos, así como que puedan buscar maneras de optimizar la coordinación entre administraciones y los distintos colectivos implicados. Este observatorio tendría carácter permanente y estaría integrado por representantes de las distintas administraciones y de los colegios profesionales.

En el caso de producirse una nueva situación de alarma, este observatorio podría convertirse en el órgano coordinador de las medidas que se tomen por parte de las administraciones y tengan que ver con la labor de los profesionales; así como vehículo de información y propuestas desde los colegios a la Administración, consiguiendo mejoras en la gestión de la crisis con mayor grado de acierto y de rapidez en su puesta en marcha.