Los conflictos legales entre Estado y autonomías se duplicaron durante la X Legislatura

El Estado y las comunidades autónomas se cruzaron durante la X Legislatura un total 213 conflictos constitucionales, doblando, de este modo, los 105 que se plantearon entre los años 2008 a  2011, durante la IX Legislatura. Las comunidades autónomas fueron las que más problemas plantearon, 136 impugnaciones de normas estatales en los últimos cuatro años, mientras que en el periodo anterior solo promovieron 76 conflictos frente al Estado.

Así lo señala el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que ha hecho público el Informe sobre Conflictividad Constitucional entre el Estado y las Comunidades Autónomas durante la X Legislatura, entre el 22 de diciembre del año 2011 hasta el 31 de enero de 2016. El estudio recoge información sobre la evolución de las controversias competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas a lo largo de la X Legislatura, así como la evolución de la conflictividad, la conflictividad acumulada y una recopilación de toda la legislatura, según informa Parlamenta Noticias.

En concreto, el Estado planteó durante este periodo un total 77  impugnaciones (59 recursos de inconstitucionalidad, 15 conflictos y 3 conflictos negativos de competencias), por vulneración de la legislación básica estatal y de la competencia del Estado. La comunidad más afectada  fue  Cataluña, con 27 impugnaciones, seguida de Navarra con 15, Andalucía (10), País Vasco (5), Canarias (4); Madrid (2), Valencia (3), La Rioja (2), Baleares (2), Aragón (2), Asturias (2), Cantabria (1) Murcia (1) y Galicia (1).

De estas impugnaciones, explica el estudio elaborado por los servicios técnicos del Ministerio, el Estado solicitó la suspensión de la norma en conflicto en 70 ocasiones, y no se solicitó en los 7 casos restantes. Además, de las 70 en las que se solicitó la suspensión, se levantó la suspensión de 17 impugnaciones, se mantiene en 23 casos y están aún pendientes de decisión del tribunal un total de 26.

Frente a las 77 impugnaciones del Estado las comunidades presentaron nada menos que 136, por entender que las normas estatales vulneraban la competencia autonómica. De ellas, 115 fueron recursos de inconstitucionalidad y 21 conflictos. Nuevamente, Cataluña fue la Comunidad que más conflictos planteó, con un total de 47, seguida de País Vasco (19), Canarias (19) Andalucía (18), Asturias (9), Navarra (7), Extremadura (7), Valencia (2), Aragón (2), Madrid (1), y Galicia (1).

En total, entre Estado y comunidades se han planteado 213 conflictos, doblando, de este modo, los 105 que se plantearon en los años 2008 a  2011, durante la IX Legislatura, en la que las comunidades autónomas plantearon un total de 76 frente a los 29 de Estado.

La Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales desarrolla una labor permanente de prevención de la conflictividad en fase de proyecto tanto en la legislación de las entidades autonómicas y locales como en la del Estado.

En esta tarea se han examinado durante la X Legislatura 1.304 leyes autonómicas, que han dado lugar al envío de cartas de cooperación en 276 casos.

Comisiones de cooperación

Se refiere el estudio, asimismo, a las llamadas Comisiones Bilaterales de Cooperación, es decir, grupos de trabajo de carácter técnico, compuestos por representantes de ambas Administraciones, a los que se encomienda la tarea de intentar lograr una solución negociada a la controversia.

En total, en 270 leyes (89 leyes del Estado y 181 leyes de las comunidades autónomas) en las que existieron controversias competenciales, se iniciaron negociaciones en la correspondiente Comisión Bilateral de Cooperación durante la pasada Legislatura. De estas, explica el estudio, 64 tuvieron resultado negativo, 161 un resultado positivo, 12 resultado parcialmente positivo y 33 continúan en trámite.

Ya en materia de reducción de la conflictividad, se refiere el Informe del Ministerio a los desistimientos que adoptaron el Estado y las comunidades autónomas a lo largo de la Legislatura, y que posibilitaron que una impugnación planteada ante  el Tribunal Constitucional se retirara.

En total, durante la X Legislatura ha habido 7 desistimientos del Estado que se produjeron por la adaptación de las normas autonómicas como es el caso de Valencia que adaptó Plan Especial de Protección y Reforma Interior  (plan urbanístico del Ayuntamiento de Valencia); o Andalucía, que alcanzó acuerdos con el Estado por los que se reconoce la competencia estatal para declarar las reservas mineras y se da continuidad al procedimiento de concurso iniciado por la Junta de Andalucía. País Vasco, Baleares y Extremadura, son las otras tres comunidades que debieron modificar su normativa por impugnar el Estado algunos de sus preceptos (en materia de impuestos, comercio y ley del suelo, respectivamente).

Las dos comunidades autónomas que desistieron durante esta Legislatura fueron Aragón  que desistió de su Real Decreto 1069/2007 por el se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro comunitario de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas y la oposición a ellas; y Cataluña, que desistió del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Más de 300 sentencias

Por otra parte, explica el Informe que desde el inicio de la X Legislatura el Tribunal Constitucional ha sentenciado 302 impugnaciones. De ellas, que acumulan en algunas ocasiones hasta 6 recursos, 135 fueron favorables al Estado, 28 a las comunidad autónoma y 84 parcialmente favorable a la comunidad autónoma y 44 parcialmente favorable al Estado.

También ha resuelto controversias el Tribunal Constitucional a través de autos en los que acordó en 11 ocasiones declarar extinguido bien el recurso de inconstitucionalidad, bien del conflicto positivo por desaparición sobrevenida de su objeto. Entre estas normas está la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social de Cataluña, el Real Decreto- ley 14/2010 por el que se establecen las  medidas para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico de Extremadura, o el Real Decreto ley 8/20014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de Asturias.

Requerimientos de incompetencia

Por último, cabe destacar que la formalización de un conflicto positivo de competencia es precedida de la presentación de un requerimiento de incompetencia a la instancia de la que emana la disposición reglamentaria o el acto administrativo competencialmente cuestionado. En este sentido, explica el informe que el Estado planteó un total de 4 requerimientos (3 previos al planteamiento de un conflicto negativo de competencias y 1 previo al planteamiento de un conflicto positivo de competencias).

Por su parte, las comunidades autónomas plantearon  27 requerimientos. De estos, 5 han sido contestados por el Gobierno y no han dado lugar a conflictos y uno está pendiente de contestación. Además, 20 contestaciones han dado lugar a conflictos y ha habido una contestación del Gobierno con plazo abierto para que las comunidades autónomas planteen conflicto.