Los Defensores del Pueblo de España reivindican una adecuada atención a los niños migrantes en una declaración en Tarifa

• Los Defensores del Pueblo de España y de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla y León y Cataluña han firmado este viernes la Declaración de Tarifa, un documento de diez puntos en el que reivindican una adecuada atención a los niños migrantes, presentado en la ciudad de Tarifa (Cádiz). Entre los puntos, demandan de los poderes públicos un plan estratégico nacional de atención a menores extranjeros no acompañados que asegure su protección.

Como preámbulo de la declaración los defensores del Pueblo señalan que la atención a personas menores de edad que, siendo nacionales de otros países o apátridas, llegan sin estar acompañadas por personas adultas responsables y sin referentes familiares en España, se mueve entre dos lógicas que operan, en muchas ocasiones, de forma contradictoria.

En este sentido, explica que se trata de la lógica de las políticas migratorias actualmente imperantes, cuyo objetivo es limitar el número de llegadas de personas, especialmente de determinados perfiles y la lógica de la protección y defensa de los derechos reconocidos a la infancia y adolescencia en situación de desprotección.

Los Defensores del Pueblo subrayan en su declaración que estos niños, niñas y adolescentes son menores y, por tanto, “han de ser objeto de protección con independencia del grado de autonomía personal que hayan alcanzado”. “Sus motivaciones o el contexto del que provienen no pueden servir de excusa para construir respuestas y soluciones jurídicas que subrayen diferencias con los menores nacionales en situación de desamparo”, añaden.

Además, señalan que corresponde a las defensorías del pueblo garantizar que las actuaciones de las distintas administraciones, con responsabilidad en la atención a estos menores de edad, respondan a su superior interés, “primando, en todo caso, su condición de niño o niña respecto a la condición de inmigrante”.

Así, exigen que todas las decisiones que se adopten con los menores extranjeros no acompañados respondan al interés superior de los mismos, primando la condición de niños frente a la condición de extranjeros.

Además, en su declaración instan a los poderes públicos para que la atención a este colectivo se efectúe desde la perspectiva de protección a la infancia, cumpliendo con la normativa y pronunciamientos judiciales, y asumiendo las directrices del Comité de los Derechos del Niño, que abogan por la excelencia en el trato a la infancia más desfavorecida.

Los defensores recuerdan que la especial vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes extranjeros sin referentes familiares víctimas de trata de seres humanos obliga necesariamente a los poderes públicos a incrementar y reforzar la protección de estos menores.

Igualmente recuerdan la responsabilidad de la Unión Europea y de todas las administraciones públicas nacionales de establecer un sistema de protección garantista partiendo de los principios de racionalidad, eficacia, solidaridad y lealtad institucional.

Además, la Declaración de Tarifa insta a los poderes públicos a lograr la plena integración de los menores extranjeros no acompañados en la sociedad mientras permanezcan en territorio español, otorgándoles la oportunidad de ser parte de ella de forma responsable.

“Estamos convencidos que la presencia de menores extranjeros sin referentes familiares no es tanto una carga para los sistemas de protección sino que, por el contrario, supone una aportación de gran valor para el desarrollo de la sociedad de acogida”, afirman los defensores del Pueblo, que recuerdan que es necesario cooperar y colaborar con los países de origen de estos menores para prevenir la inmigración insegura y garantizar que, en su caso, los procesos de repatriación por reagrupamiento familiar respondan siempre al interés superior de aquellos.

Además, demandan de los poderes públicos un plan estratégico nacional de atención a menores extranjeros no acompañados, que asegure la protección de estos niños, adolescentes y jóvenes y que valore la necesidad de atenderlos de una manera coordinada, solidaria, ordenada y responsable entre los territorios.

Finalmente, demandan también la elaboración de planes de atención a jóvenes extutelados para evitar que su protección quede interrumpida automáticamente al alcanzar la mayoría de edad, y puedan caer en la marginación y exclusión social.

Además, se pronuncian expresamente contra la criminalización de los adolescentes y jóvenes extranjeros no acompañados, y exigimos una reacción pronta de las administraciones para que sus derechos fundamentales sean respetados, a la vez que una mayor sensibilización de los medios de comunicación, entidades públicas, privadas y ciudadanía en general, para no alentar su estigmatización y alarma social con informaciones falsas y tendenciosas.

Declaración de las defensorías