Los fiscales acusan al PP de “generar espacios de impunidad” al reformar la justicia universal

• Señalan que la modificación “acarreará de forma indiscriminada el archivo” de las causas que se siguen en la Audiencia Nacional

La Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional ha acusado al Partido Popular (PP) de “generar espacios de impunidad” y “cercenar sustancialmente cualquier posibilidad de persecución de los delitos relacionados con las violaciones de derechos humanos” al impulsar la reforma de la ley que regula la justicia universal.

En un acuerdo aprobado por unanimidad, los representantes del Ministerio Público trasladan al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, su “preocupación” por la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que impulsa el Grupo Popular en el Congreso y por “las negativas consecuencias que puede tener para la investigación y enjuiciamiento de graves delitos cometidos fuera del territorio nacional”.

A juicio de los fiscales de la Audiencia Nacional, la aplicación en los términos contemplados por el PP “acarreará de forma indiscriminada el archivo de la práctica totalidad de los procedimientos relacionados con el ejercicio de la jurisdicción universal” que se instruyen en este tribunal y vaciará de contenido “derechos constitucionales básicos” como la tutela judicial efectiva frente a “la ejecución de tan graves delitos y la protección de los derechos de las víctimas”.

“El proyecto de reforma no sólo cercena sustancialmente cualquier posibilidad de persecución de los delitos relacionados con las violaciones de derechos humanos aunque haya víctimas españolas o intereses relevantes en juego sino que además limita notablemente la investigación y persecución de actividades delictivas especialmente graves de carácter transnacional”.

En este sentido, señalan que la reforma afectará a causas relacionadas con “el terrorismo, el tráfico internacional de drogas, la trata de seres humanos en sus diferentes modalidades, la piratería y el apoderamiento ilícito de aeronaves, las redes de prostitución y de corrupción de menores o los delitos de naturaleza intrínsicamente transnacional relacionados con el uso de las nuevas tecnologías (pornografía infantil, ciberdelincuencia, etc.), todas ellas estrechamente vinculadas al crimen organizado”.

COMPROMISOS INTERNACIONALES

Los fiscales también señalan en su comunicado que “la protección contra las graves formas de criminalidad” perseguidas gracias a este precepto, “prioritario de la política criminal de la Unión Europea, como se señala en el Programa de Estocolmo aprobado en mayo de 2010”, introduce criterios “marcadamente excluyentes”.

La nueva disposición, según los fiscales, contribuirá a “neutralizar la respuesta judicial y la capacidad de investigación de tales fenómenos criminales, y a entorpecer el cumplimiento de las obligaciones y compromisos internacionales asumidos con la finalidad de combatir las más graves formas de delincuencia y de garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos”.

La reforma legal introduce nuevos requisitos para aplicar la jurisdicción universal y los aplica con carácter retroactivo, con lo que podría forzar el archivo de algunas causas que investiga la Audiencia Nacional, como la del genocidio del Tíbet por el que se ha pedido la detención de exmandatarios chinos o la muerte del periodista José Couso en la Guerra de Irak por la que se acusa a varios militares estadounidenses.