Los jueces decanos reclaman un Pacto de Estado por la Justicia y tener más medios

• Los jueces decanos exigen en Vigo “una moratoria en la implantación” de la digitalización plena “hasta que se solucionen las deficiencias”

Los jueces decanos de España, que han celebrado en Vigo su XXV reunión anual, han elaborado un documento de conclusiones, tras tres días de debate, en el que reclaman un pacto de estado por la justicia, separar el poder judicial de la política, y dotar al sistema de más medios materiales y humanos para ayudar en su modernización.

En dichas conclusiones, los decanos alertan sobre la situación del sistema judicial español, que ha quedado fuera de las actuaciones de mejora y modernización que sí han tenido otros ámbitos de la administración, y han advertido de que “ha llegado el momento de exigir a los grupos políticos sensibilidad y un especial esfuerzo para que la modernización de la justicia quede fuera del debate político”.

Así, han reclamado un pacto de estado por la justicia, y un plan de actuación “claro” que permita colocar el sistema español a la altura de otros modelos judiciales europeos, con recursos materiales, humanos y económicos, que permitan una “mínima independencia presupuestaria”. En esa línea, han pedido al Consejo General del Poder Judicial que “recupere el liderazgo” y convoque a los jueces decanos par trabajar en una propuesta concreta en el primer semestre de 2016 porque “la justicia ya no puede esperar más”.

Los magistrados reunidos en Vigo han lamentado que el “recorrido” de las propuestas planteadas al Gobierno tras la reunión de decanos en Valencia el pasado año ha sido “mínimo”.

CRÍTICAS

En el documento presentado este miércoles, los jueces decanos han expresado su rechazo a cuestiones como “la inadmisible limitación del tiempo de instrucción”, las reformas del proceso penal “sin ningún tipo de dotación presupuestaria”, o el modo en que se plantea la gestión digital de los expedientes. De hecho, han exigido “una moratoria en la implantación” de la digitalización plena “hasta que se solucionen las deficiencias”.

Asimismo, han demandado una “profunda reflexión” sobre la llamada Ley de Segunda Oportunidad porque “no está teniendo aplicación práctica”; han denunciado que los juzgados de primera instancia y de lo mercantil están “absolutamente desbordados”; y han alertado sobre la “alarmante saturación” de las salas de lo Social.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Con respecto al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han pedido volver “sin demora” al anterior sistema de designación de vocales, alejando este órgano de las “influencias políticas”, y han pedido que los 12 miembros de procedencia judicial sean directamente elegidos por los jueces, y los 8 restantes, por miembros del Congreso y el Senado “entre juristas de reconocida competencia”.

Los jueces decanos han lamentado que la política de nombramiento de altos cargos por parte del CGPJ “no responde al mérito y capacidad que debe presidir en la valoración de los candidatos, sino a criterios subjetivos”, por eso han abogado por suprimir el actual procedimiento y establecer “criterios objetivos”, favoreciendo la participación de los jueces de forma directa.

MINISTRO Y PRESIDENTE DE LA XUNTA

La clausura de las jornadas de jueces decanos ha estado presidida por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y por el titular del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo. Ambos han subrayado la importancia de modernizar el sistema judicial, y han repasado las inversiones de las administraciones públicas en ese sentido.

Así, Feijóo ha avanzado que, en el presupuesto de 2016 habrá 133 millones de euros para la administración de justicia, y ha recalcado las dotaciones puestas en funcionamiento en los últimos años, pese a la crisis económica.

El presidente gallego también ha aludido a la puesta en marcha de medidas de “impulso democrático” y contra la corrupción, como la de financiación de los partidos, la ley de transparencia y buen gobierno, la que incrementa las competencias del Consello de Contas, la ley de participación ciudadana, o la ley de asistencia jurídica.

Por su parte, el ministro Rafael Catalá ha destacado que la reforma y modernización de la justicia es “un compromiso de primer nivel” del Gobierno, y ha señalado que, además de ser un “pilar del Estado de Derecho”, el sistema es un factor de competitividad y generación de confianza.

El titular de Justicia ha subrayado que el Gobierno ha puesto en marcha medidas como la dotación de medios personales, medios materiales, implantación de nuevas tecnologías e instrumentos formativos, para lograr el objetivo de “actualizar el marco jurídico y adecuar las leyes a la realidad actual”. No obstante, ha admitido que “queda mucho camino y muchos desafíos”.