Los jueces toman con “cautela” el anuncio de Gallardón sobre Ley de Tasas y esperan que no sea una “tomadura de pelo”

• JpD advierte al ministro de Justicia que los magistrados continuarán con la convocatoria de huelga del 20 de febrero

Las asociaciones de jueces han valorado el miércoles 13 de febrero con “cautela” la decisión del Gobierno de “reconsiderar” su postura inicial sobre las tasas judiciales y abrir la puerta a modular e incluso bajar algunas de ellas y han advertido que si fuera una “tomadura de pelo” para evitar la interposición del recurso de inconstitucionalidad, sería “poco adecuado”.

“En el caso de que sea una tomadura de pelo simplemente para evitar que se cumpla el plazo del 21 de febrero y no interponer por parte de la Defensora del Pueblo el recurso de inconstitucionalidad, me parecería algo poco adecuado por no decirlo más gruesamente”, ha manifestado el portavoz de Foro Judicial Independiente (FJI), Ángel Dolado, en declaraciones a Europa Press.

Así se ha expresado Dolado, después de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, haya indicado tras reunirse con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que el Gobierno va a establecer, siguiendo sus recomendaciones, modulaciones a la baja “en las tasas para supuestos concretos y en situaciones muy determinadas”.

“Valoro positivamente el anuncio que se ha hecho, siempre y cuando sea sincero y recoja las propuestas que le ha hecho la Defensora del Pueblo. ¡Que no sea simplemente una nueva promesa a incumplir, como nosotros ya tenemos reconocido en otras ocasiones!”, ha enfatizado Dolado.

En esta línea, ha insistido en que si Ruiz-Gallardón “ha dicho que mejora la Ley, que disminuye las tasas proporcionalmente a unos niveles adecuados e incluso las elimina en ciertas materias que le ha indicado la Defensora del Pueblo”, a su juicio, el ministro de Justicia “tendrá el aplauso, porque de sabios es rectificar, de lo que es el colectivo de jueces”. “Si eso es así, chapó y adelante”, ha subrayado.

NO HAY “NINGÚN DOCUMENTO ESCRITO”

Por su parte, el portavoz de la asociación de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha matizado que “hay que valorar con cautela esas valoraciones del ministro Gallardón” porque no existe “ningún documento escrito, sino unas simples reflexiones”. “No ha quedado concretado en qué sentido se produciría ese cambio o esa modificación legal y además ello se realiza en el contexto de una convocatoria de huelga, que va a tener lugar dentro de una semana”, ha advertido.

“A la vista de las actitudes precedentes de Gallardón en las que ha asumido una serie de compromisos que luego no han sido cumplidos, creemos que no nos merecen suficiente confianza sólo esas valoraciones, sino que deberíamos tener algún tipo de documento, en donde por escrito se reflejara realmente el tipo de modificación y cuál es el alcance de la misma”, ha insistido, al tiempo que ha advertido de que mientras esto no sea así, las asociaciones de jueces y fiscales mantendrán la convocatoria de huelga para el próximo 20 de febrero.

Además, Bosch ha opinado que la respuesta del titular de la cartera de Justicia pone de manifiesto la “razón” que tenían quienes acusaban al Ministerio de Justicia “de precipitación, de improvisación, de falta de análisis del problema real que generaba, cuando poco más de dos meses después de aprobada una Ley en vigor se está replanteando su posible modificación”.

“Es un ejemplo más de una forma desastrosa de legislar, sin analizar los problemas, con prisas, sin escuchar a los interlocutores ni a los representantes del mundo de la justicia ni al resto de la sociedad”, ha aseverado.

“Desde JpD estamos en contra de la reforma y, por lo tanto, creemos que lo procedente sería la derogación de las tasas porque no son necesarias, limitan el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, por lo que pueden ser inconstitucionales, y no había ninguna demanda o necesidad social para que fueran aprobadas”, ha explicado.

CUANTÍAS “MÁS NORMALES”

Asimismo, el miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Antonio Piña ha aclarado que “cualquier rectificación que se haga para ajustar” las tasas judiciales “a unas cuantías más normales”, a su juicio, es “absolutamente aconsejable” porque entiende que “determinadas cuantías pueden afectar de forma directa al derecho de acceso a la justicia”.

No obstante, Piña ha recordado que la APM “siempre” ha mantenido “la necesidad de establecer unas tasas de carácter disuasorio”, pero de “escasa entidad y centralizadas en aquellas jurisdicciones en las cuales se observase una disfunción que las hiciese necesarias”. “Con lo que nunca hemos estado de acuerdo es con las cuantías, en las cuales se fijaron las tasas por parte del ministro en la Ley”, ha señalado.

“Entendemos que cuando las tasas tengan una cuantía que imposibilite acceder de una forma normal a la jurisdicción no son admisibles. Hay estadísticas de lo que han afectado las tasas en determinadas jurisdicciones y habría que valorar si esa disminución de asuntos se debe a un motivo coyuntural o a las propias tasas que impiden acceder de forma normal a la justicia. En esos casos habría que corregirlas”, ha concluido Piña.