Los partidos políticos exponen en la sede de la Abogacía sus propuestas electorales sobre justicia

• Los representantes de los principales partidos políticos con representación parlamentaria abordaron sus programas electorales sobre justicia, la propuestas de reformas necesarias en la Administración de Justicia y sus apuestas normativas sobre el ejercicio de la abogacía

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, moderó el primer debate, organizado por la Abogacía Española y celebrado en su sede, para conocer las propuestas electorales en materia de Justicia.

En el debate intervinieron representantes de los cuatro principales partidos políticos con representación parlamentaria para exponer sus compromisos electorales en materia de Justicia para el 28-A. En el debate participaron Rafael Catalá, abogado, diputado del PP en las dos últimas legislaturas y vocal de la Diputación Permanente del Congreso; Juan Carlos Campo, magistrado, diputado del PSOE en las dos últimas Legislaturas y portavoz en la Comisión de Justicia de la última legislatura; Gloria Elizo, abogada, diputada en las dos últimas legislaturas y vocal de la Comisión de Justicia por Unidas Podemos, y José Ignacio Prendes, abogado y diputado de Ciudadanos en las dos últimas legislaturas siendo portavoz de la Comisión de Justicia en el Congreso y actualmente vicepresidente primero de la Diputación Permanente del Congreso.

Entre el numeroso público asistente, cabe destacar la presencia –entre otras personalidades del mundo jurídico- de la consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, del anterior presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, del presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz, o del socio presidente de Uría, José María Segovia.

Tras la presentación realizada por Victoria Ortega y la distribución del debate en tres bloques: programa electoral sobre justicia, reformas necesarias en la Administración de Justicia y reformas necesarias para el ejercicio de la abogacía; la primera intervención de los representantes políticos se realizó siguiendo el orden de mayor representación parlamentaria.

PROGRAMA ELECTORAL PARA LA JUSTICIA

Catalá inició el debate mostrando su apuesta firme por las nuevas tecnologías y realizar, desde el Estado, un proyecto de dignificación de las sedes judiciales. También propuso una justicia más cercana a los ciudadanos para ofrecer soluciones a los problemas reales.

Por su parte, Campo aseguró que el “modelo de justicia actual ya no aguanta más” y propuso cambiarlo por un modelo con una justicia más efectiva, pronta e imparcial.

Elizo defendió la necesidad de realizar una auditoría de la justicia para lograr una justicia de calidad y derogar la reforma del Tribunal Constitucional para evitar que sea una jurisdicción más.

Prendes cerró este bloque defendiendo el modelo de justicia que recoge la Constitución, sobre todo su artículo 24. Aseguró que desde 2009 que se aprobó la nueva oficina judicial, todavía no está implantada, y propuso una profunda reorganización de la Justicia advirtiendo de la dificultad que supone la dispersión competencial entre CCAA, Estado y CGPJ.

En relación al nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Catalá apostó por modificar su modelo de elección para que los vocales de extracción judicial sean elegidos por los jueces. La representante de Unidas Podemos defendió que los vocales del CGPJ deben tener una legitimidad democrática por lo que deben ser designados por el Parlamento, incluso con la posibilidad de realizar una designación directa por los ciudadanos. Prendes planteó la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ para despolitizar la Justicia y defendió el modelo expresado por el Tribunal Constitucional sobre el CGPJ. Ante la propuesta de la elección por los jueces de los 12 vocales judiciales, Victoria Ortega defendió que el Consejo General de la Abogacía también participara en la elección de los vocales designados entre juristas de reconocida competencia.

PROPUESTAS PARA LA ABOGACÍA

Elizo recordó que Unidas Podemos está a favor de regular la configuración de la profesión de la abogacía y su respeto constitucional mediante una Ley del Derecho de Defensa, prioritaria para configurar nuestro modelo de justicia. En relación al Turno de Oficio, defendió que se dignifique la retribución en términos profundos y que se recoja en la Ley del Derecho de Defensa; no descartando crear un cuerpo estatal especializados de abogados del Turno de Oficio. También apostó por modernizar y democratizar la justicia.

Prendes aseguró que en esta legislatura Ciudadanos había planteado una proposición no de ley para dignificar el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita. Apostó por la territorialidad, mantener en los Colegios de Abogados las competencias y gestión de la Justicia Gratuita para garantizar la independencia del abogado y su inclusión en la Ley del Derecho de Defensa donde también se incluiría el secreto profesional, la libertad de expresión del abogado…. También defendió la publicación de los baremos por causa de las costas judiciales porque es una cuestión de seguridad jurídica. Modificar la Ley de Acceso para diferenciar entre abogacía y procura.

Catalá destacó que el Gobierno del PP había mejorado un 30% los baremos del Turno de Oficio y apostó por su unificación en las distintas CCAA y gestionar las indemnizaciones de forma mensual. También propuso una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para “incorporar la conciliación de la vida personal y familiar” de los abogados y abogadas con su actividad profesional ante los órganos jurisdiccionales.

Campo defendió la aprobación de una ley orgánica del Derecho de Defensa para regular la profesión, donde podría incorporarse el secreto profesional. También apostó por una democratización del lenguaje de la justicia para que sea más accesible a los ciudadanos. El representante del PSOE defendió una tutela judicial, pero que sea efectiva y apostó por buscar soluciones entre todos a través del diálogo.

REFORMAS LEGISLATIVAS

El representante del PSOE reconoció que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) “no aguanta más” y propuso una reforma organizativa incluyendo la planta y demarcación judicial con contenido provincial para superar este modelo y acercarlo al ciudadano. Se necesitan reformas normativas, organizativas y tecnológicas, aseguró Campo.

Antes de abordar la LECrim, Elizo defendió una reforma del Estatuto Orgánico del Fiscal y designación del fiscal general del Estado mediante una selección previa de candidatos por el Parlamento. La representante de Unidas Podemos apostó por una formación posgrado en las universidades que oriente hacia la carrera judicial para dar a los jueces una configuración democrática.

Prendes aseguró que la LECrim no admite más parches y apostó por reformar el Estatuto Orgánico del Fiscal antes de adjudicar la investigación a los fiscales para que estén al margen de la confrontación partidista y con un juez de garantías. El representante de Ciudadanos también apostó por suprimir los plazos máximos de instrucción establecidos en el art 324 de la LECrim.

Por su parte, el representante del PP apostó por mantener los partidos judiciales pequeños para apoyar el acercamiento de la justicia al ciudadano, reformar la LECrim recordando que el nombramiento del fiscal general del Estado es nombrado por el Gobierno en los países de nuestro entorno, mantener la prisión permanente revisable como existe en la UE y revisar el modelo de derecho de familia para apostar por la responsabilidad coparental.