Los poderes públicos deben obligar a las empresas a ofrecer atención adecuada a los mayores

Los poderes públicos tienen que obligar a las empresas a ofrecer una atención adecuada a las personas mayores para evitar que, amparándose en la digitalización, vulneren sus derechos, dejándolos desamparados.

Así lo cree hace Carlos Romeo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco/EH, muy crítico con la actuación de muchas compañías obligando a realizar determinados trámites por internet y limitando la atención presencial. Romeo imparte el Aula de Derechos Humanos sobre “Derechos de las personas mayores” -organizada por la Fundación Abogacía Española y la Fundación Mutualidad Abogacía.

“Los poderes públicos, ya sean autonómicos o del Estado, tienen que controlar a las grandes empresas de servicios, porque están yendo por libre sin que ninguna institución controle sus comportamientos abusivos”, denuncia Romeo.

Esta realidad se ha puesto de manifiesto últimamente en la campaña “Soy mayor, no idiota!”, puesta en marcha por el cirujano jubilado Carlos San Juan, de 78 años, cuya petición para que los bancos tengan un trato más humano se ha convertido en viral. “Esto es un reflejo de que los mayores están empezando a hartarse de este tipo de discriminaciones”, señala Romeo.

“Hay mucho que hacer, pero son obligaciones que tiene que asumir el sector privado. Y si no, los poderes públicos tendrán que obligarles”, subraya Romeo, que cita como ejemplo que los sistemas operativos sean más sencillos y  que no se prescinda de la atención personal.

Además de la obligación de realizar determinadas -o muchas- operaciones por internet, la rigidez de los sistemas informáticos que utilizan estas compañías es otro de los problemas que dificultan su acceso para las personas mayores, para quienes la tecnología ha llegado en una época tardía de su vida. Pero no solo para ellos, porque estos sistemas “no están pensados para la ciudadanía”, denuncia el catedrático.

La falta de adaptación o dificultad de adaptación a las tecnologías también pueden repercutir en el ámbito jurídico, y ahí Carlos Romeo señala que tanto los Colegios de la Abogacía como cada abogado desde su despacho pueden prestar una labor de asesoramiento muy importante.

Por último, otra de las complicaciones que sufren las personas mayores, explica el catedrático, es que “son víctimas de edadismo”, una práctica que consiste en discriminar a una persona por su edad, en este caso por ser una persona mayor. ”Esto impide que continúen integrados en la sociedad”, afectando a sus derechos fundamentales, libertades públicas y, en último extremo, a sus derechos humanos.