Los profesionales de la Abogacía, su organización y papel social

Por Karla Rojas Armijos

Imprescindible y esencial. Así es el servicio que presta la abogacía como parte vertebradora de nuestro Estado de Derecho. Una profesión que en España cuenta con 242.469 profesionales, la tercera en número de colegiados, por detrás de Enfermería y Medicina, según datos de Unión Profesional.

Se trata de una profesión tan antigua como la búsqueda de la solución de conflictos. Siempre ha tenido como objetivo la defensa de derechos y, de la mano de la ley, se ha configurado como un “elemento imprescindible para la realización de la justicia, encarnando el derecho de defensa, que es requisito de la tutela judicial efectiva”, tal y como recoge el Código Deontológico de la Abogacía Española.

La RAE define a los profesionales de la abogacía como profesionales del Derecho que prestan asesoramiento jurídico y están habilitados para actuar ante los tribunales o entidades administrativas. Pero su función social va más allá y se fundamenta en la Constitución Española. El artículo 17.3 destaca la garantía de la asistencia por parte de un abogado a las personas detenidas y en el 24.2, el derecho de defensa por parte de un letrado.

Independencia, libertad, dignidad, integridad o secreto profesional son algunos de los valores democráticos que acompañan en su ejercicio profesional a los abogados y abogadas. Es una labor vocacional que se desarrolla sobre unos principios éticos y deontológicos, los mismos que refuerzan ese espíritu de defensa de derechos y libertades de los ciudadanos, según señala el Estatuto General de la Abogacía Española.

Y en el desarrollo de esta actividad es fundamental su organización en los Colegios de la Abogacía, 83 entidades representadas y coordinadas por el Consejo General de la Abogacía Española, órgano que trabaja en la consecución de leyes que actualizan la profesión como la Ley de Acceso, la Ley de Sociedades Profesionales; la reforma de la Ley de Colegios Profesionales; las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil o del Código Penal, o la reciente Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que está siendo tramitada en la actualidad por el Senado.

Porque tal y como defiende la presidenta saliente del Consejo, Victoria Ortega, “la sociedad española hoy tiene más derechos y los reclama con mayores garantías y eso es posible en buena medida gracias al empuje de nuestra profesión”.

La labor de la abogacía en España salvaguarda dichos derechos. Un trabajo que realizan los profesionales tanto de manera autónoma como en pequeños y grandes despachos. Algunos de ellos que no solo destacan a nivel nacional y traspasan fronteras como Garrigues, firma que cuenta con más de 2.100 abogados y que se sitúa entre las que más facturación tienen en el mundo. También destacan a nivel internacional los bufetes Cuatrecasas, Uría Menéndez, Pérez-Llorca, Gómez-Acebo & Pombo, Écija y Auren.

Y si seguimos con la mirada en el panorama global, la Abogacía Española está presente y participa de manera activa en diversas asociaciones. Forma parte de la International Bar Association (IBA), formada por 35.000 abogados y 197 colegios de abogados y asociaciones de Derecho en el mundo y la Unión Internacional de la Abogacía (UIA), organización con más 2.200 profesionales. Ambas entidades presididas por las españolas Urquiola de Palacio y Almudena Arpón de Mendívil, respectivamente.

Pertenece también a la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), en la que se incluyen 22 países de la comunidad iberoamericana, a la Federación de Colegios de Europa (FBE) que reúne a 250 Colegios de Abogados y Consejos Nacionales de Estados miembros del Consejo de Europa, a la Federación Interamericana de Abogados (FIA), y a la Asociación Europea de Abogados (AEA).

Preside actualmente el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD por sus siglas en francés), una iniciativa del Consejo General de la Abogacía Francesa, el Colegio de Abogados de París, el Consiglio Nazionale Forense de Italia y la Fundación Abogacía y Derechos Humanos, con el objetivo de detectar, evitar e informar sobre las amenazas a los abogados a nivel global.

También es miembro del Consejo de Colegios Nacionales Europeos (Conseil des Barreaux Européens – CCBE), de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), del Colegio de Abogados Penal Internacional (CAPI), el Instituto Europeo de Derecho (ELI) y colaborador activo con la World Jurist Association, con la Unión Panafricana de la Abogacía (PALU), y con la Academia de Derecho Europeo (ERA).