Los robos de gallinas o cerdos, entre las reclamaciones cuyo coste se ve obligada a sufragar la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional se está viendo obligada a sufragar la asistencia a detenidos extranjeros reclamados por otros países a los que se imputa la comisión de delitos que en España se considerarían menores, como los robos de gallinas, cerdos, gasolina o incluso tocones de árbol, ha informado el gabinete de prensa del órgano judicial.

Los datos apuntan a un incremento significativo de la tramitación de Órdenes Europeas de Detención (OED) y extradiciones durante los meses de verano, provocada por la cada vez más frecuente elección de las costas españolas por parte de delincuentes internacionales que aprovechan los meses de julio y agosto para pasar inadvertidos por el incremento de afluencia de turistas extranjeros.

Así, en los dos últimos meses los calabozos de la Audiencia Nacional han acogido a 230 detenidos reclamados por sus países de origen, una media de cuatro arrestados diarios de delincuentes que encajan en perfiles muy variados. Un total de 176 es de procedencia europea.

Entre ellos se encuentran a menudo reclamados por delitos que podrían ser tipificados como hurtos o robos menores como los ya mencionados. Las fuentes consultadas apuntan a que la Policía está obligada a detenerles en aplicación de la orden de busca y captura internacional.

Tras el arresto, la Audiencia Nacional se encarga de tramitar la OED y de informar a los detenidos de los cargos que pesan en su contra, gestionar la atribución de un abogado de oficio, asignar intérprete en función del idioma del acusado, localizar al fiscal y motivar, mediante auto del juez, la resolución que proceda. “Toda una inversión de tiempo y dinero para una decisión abocada a la libertad desde el momento de la detención”, apunta el gabinete.

INVERSIÓN DE TIEMPO Y DINERO

La puesta en libertad de la mayoría de estos detenidos durante el verano resulta también poco práctica dado que muchos de ellos salen a la calle en pleno centro de Madrid vestidos con pantalón corto o bañador y chanclas y sin dinero.

Ante esta situación, los jueces de la Audiencia Nacional plantean la posibilidad de que este tipo de peticiones de extradición sean tramitadas por los juzgados más cercanos al lugar de detención. “Eso ahorraría tiempo y dinero a la Administración de Justicia”, explican varios magistrados.

“No tiene ningún sentido pagar un avión de Andalucía a Madrid para traer a una persona acusada de robar unas gallinas cuando va a quedar en libertad en cuanto comparezca aquí”, agregan.

ENTREGA

Si la puesta en libertad presenta dificultades, la ejecución de la entrega tampoco resulta sencilla. Cuando la Audiencia Nacional autoriza la extradición es necesario repatriar al reclamado al país de origen de la orden de detención, que se encarga de sufragar los gastos del desplazamiento.

Casi todos lo países envían a sus propios policías para recoger al preso y realizar la conducción durante el vuelo. En algunos casos los detenidos han provocado incidentes por su resistencia a permanecer en el avión y los pilotos se han negado a despegar por temor a percances mayores.