Lourdes Barón: “El SOJ Penitenciario sirve para intentar lograr una sociedad más justa e igualitaria”

Hace un año, la Diputación de Zaragoza retiró la subvención al Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) que 60 abogados prestaban a los presos de Zuera y Daroca, las dos prisiones de la provincia. Solo 2 se dieron de baja. El resto decidió continuar sin cobrar ni un euro para – en palabras de la hasta ahora coordinadora del servicio, Lourdes Barón-  “seguir el camino de intentar lograr una sociedad más justa e igualitaria, porque la gran mayoría de los presos llegan al mundo del delito por dificultades económicas y sociales”. En diciembre de 2015, el Colegio de Abogados de Zaragoza entregó sus premios Solidaridad y Valores a estos letrados, un gesto simbólico, 6.000 euros,  para un extraordinario servicio. El galardón lo recogió, el 23 de diciembre, Lourdes Barón.

Pregunta.- ¿Qué tipo de consultas jurídicas hace una persona que está privada de libertad? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones?

Respuesta.- Las personas privadas de libertad tienen como principal objetivo, como es lógico, obtener su libertad a la mayor brevedad, aunque sea de forma parcial. Por eso, el mayor número de consultas vienen motivadas por la denegación de permisos de salida. Los permisos son una garantía para que la persona no pierda sus vínculos sociales y familiares. Aislar no es una solución muy acorde al principio de reinserción social que prevé la Constitución en su art. 25.2.

En la misma línea, un gran número de consultas tratan de la progresión a tercer grado. Hay un elevado número de personas en prisión, clasificadas en segundo grado, que cumplen condenas de poca entidad y que deberían ser clasificadas inicialmente en tercer grado para evitar la posible pérdida de trabajo o expectativas laborales, la desocialización, la dificultad para mantener los vínculos familiares… En los Encuentros Penitenciarios de Pamplona de noviembre pasado se aprobó un Protocolo para que las personas con penas menos graves ingresen directamente en un Centro de Inserción Social, donde se cumplen penas en tercer grado. Próximamente presentaremos este Protocolo a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

P.-  ¿Es compatible la labor de abogados y abogadas del SOAJP con la de los abogados defensores?

R.- Sí, creo que es perfectamente compatible. Nuestra labor se centra fundamentalmente en la materia penitenciaria, que en pocas ocasiones se trata por los letrados defensores de la causa penal. En los SOAJP -el de Zaragoza se llama SOP (Servicio de Orientación Penitenciaria)- respetamos mucho la labor del letrado que lleva la defensa del preso. No podemos inmiscuirnos en su trabajo. A veces hacemos de puente entre el recluso y el abogado de la causa. Si necesita contactar con él y no puede localizarlo, los miembros del SOP le llamamos para que le visite o, al menos, le escriba.

P.- ¿Cómo ven los juristas de los Centros Penitenciarios su trabajo?

R.- No sé cuál será su opinión sobre los Servicios, la verdad, pero no creo que los vean mal. Uno de los cometidos de los juristas es informar a los presos acerca de su situación penitenciaria, pero también el de asesorar a la dirección de la prisión. Es lógico que la persona privada de libertad prefiera el asesoramiento de una persona ajena a la institución que también sea especialista en materia penitenciaria. Lo que nos transmiten los presos es que los juristas normalmente están sobrepasados por la gran cantidad de peticiones que reciben. El modelo de macrocárcel, que agrupa un elevado número de presos y pocos profesionales, no ayuda a poder resolverlo todo.

P.- Y los internos, ¿les piden cosas más allá de lo que ustedes pueden hacer por ellos?

R.- Los preventivos nos piden que nos pronunciemos sobre su asunto penal: (“-¿Qué te parece a ti? ¿Cuánto crees que me puede caer?”). Nos lo cuentan y les escuchamos, pero no podemos asesorarles sobre el tema de fondo porque ya hay un letrado defensor y al no poder estudiar las actuaciones podríamos estorbar más que ayudar.

P.- La Administración Penitenciaria en general, ¿los considera más una ayuda o un obstáculo? ¿Les facilitan el trabajo?

R.- Tenemos que agradecer a la institución penitenciaria que haya comprendido que el derecho de defensa no puede quedarse alejado de la prisión y que facilite nuestra entrada en los centros penitenciarios. Ahora bien, estamos todavía intentando romper algunas barreras muy básicas que pueden frenar ese derecho, como por ejemplo, el acceso al expediente penitenciario que, en ocasiones, es difícil para el letrado y para el propio interesado. Es un tema que fue objeto de un taller en los Encuentros de Pamplona que antes he nombrado y se vio que en algunas prisiones, con autorización del preso, todavía no se puede hacer copia del expediente y, lo que es más grave, algunos informes que pueden constar en el expediente no se entregan al propio interesado, que tiene derecho a defenderse de su contenido. De hecho la Agencia Estatal de Protección de Datos ha estimado quejas de personas privadas de libertad, obligando a la Administración Penitenciaria a hacerles entrega de determinados informes.

P.- ¿Comparte la idea de que el derecho se queda en las puertas de las cárceles?

R.- No siempre, pero lamentablemente, en ocasiones sí puede suceder. A veces quedan fuera los derechos humanos. El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa señala a España como uno de los países donde se han detectado casos de malos tratos a personas en prisión. La dificultad que tiene una persona privada de libertad para probar presuntas agresiones por parte de la prisión es enorme. Ante este problema el derecho no articula medios para garantizar la protección del más débil, que es quien está sólo y carece de testigos que puedan hablar sobre lo sucedido. Deberían aprobarse normas de prevención de los malos tratos que, por ejemplo, impusieran las grabaciones de seguridad en los lugares de aislamiento, como ha ocurrido en algunas comisarías. Evitaría la impunidad y a todos nos gustaría estar protegidos en un caso así.

P.- ¿Por qué se apuntó al SOAJP?

R.- Porque ya antes de la creación del SOP en Zaragoza, formaba parte de una Asociación de apoyo a presos y presas, por lo que estaba muy sensibilizada con el mundo de las prisiones. Al colegiarme, formé parte del grupo de compañeros que crearon el Servicio en nuestro Colegio, con un gran apoyo de nuestro entonces decano, Carlos Carnicer.

P.- ¿Cuánto tiempo lleva en él? ¿Y ejerciendo?

R.- Desde que se creó en los años 90. Ejerciendo llevo 21 años y los mismos como letrada del Turno de Oficio, nunca lo he dejado, y antes no era necesario esperar tres años para poder ser del turno.

P.-  ¿Cómo se financia este servicio?

R.- Hasta 2014, incluido, se financiaba a través de una subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza. No era una gran cantidad lo que se abonaba, pero servía para retribuir, aunque fuera minimamente, las asistencias semanales a las cárceles de Zaragoza y Daroca, que son las que atendemos.

P.- ¿Por qué dejaron de recibir la subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza?

R.- La convocatoria de la subvención, que era anual, cambió y excluyó a las corporaciones de derecho público, por lo que el Colegio de Abogados no pudo concurrir y la asistencia jurídica en las prisiones de los miembros del SOP no ha podido pagarse en el 2015.

P.- ¿Por qué decidieron seguir prestando el servicio? ¿Qué le aporta profesional y personalmente?

R.- Los gastos de desplazamiento nos los está abonando el Colegio, porque las prisiones no están en Zaragoza, sino en dos localidades de la provincia: Zuera y Daroca. Lo que no cobramos son las asistencias semanales en prisión (vamos los martes y jueves a Zuera, y los martes a Daroca). Nuestro decano, Antonio Morán, acudió a una asamblea del SOP para comentarnos la nueva situación y la inmensa mayoría de los compañeros y compañeras decidieron continuar, se dieron de baja dos personas de 60. En otras ocasiones ya hemos prestado el Servicio gratuitamente, lo que no quita para que sigamos solicitando a las administraciones públicas que asuman su parte de responsabilidad y retribuyan justamente la labor de los compañeros y compañeras que están haciendo su trabajo en las cárceles. Hay que tener en cuenta también que no cobramos la asistencia en prisión, pero del Turno de Oficio se nos retribuyen los asuntos judiciales de carácter penitenciario.

Los factores humano y social que tiene el SOP me aportan un enriquecimiento a nivel personal y profesional enorme. El conocimiento de la situación penitenciaria te hace seguir el camino de intentar lograr una sociedad más justa e igualitaria, tanto en el trabajo como en la vida diaria, al ver que la gran mayoría de los presos llegan al mundo del delito por dificultades económicas y sociales. Pulsar la realidad de las prisiones deshace muchos de los mitos que pululan por muchos sectores sociales, como, por ejemplo, que los delincuentes “entran por una puerta y salen por otra” o que “están como en un hotel”. Ni es fácil salir, ni la prisión es un hotel.

P.- ¿Recuerda algún caso que le haya impactado especialmente?

R.- Sí, me sigue impactando el relato de algunos presos sobre agresiones recibidas en prisión. Hace poco un usuario del SOP se echó a llorar cuando estaba con él, en medio de la consulta, y me dijo que creía que iba a recibir malos tratos.

También, hace tiempo, el caso de un menor que estaba cumpliendo condena en prisión de adultos porque se le consideró erróneamente mayor de edad. Al final se revisó y anuló su condena por esta causa. Lamentablemente, cuando llegó la revisión ya había cumplido toda la pena. Impactan más los casos que no se resuelven favorablemente, o que tardan en resolverse, cuando tú estás viendo que la situación es muy clara.