Soledad Cisternas: “Hay que revisar la normativa para no limitar los derechos de personas con discapacidad”

 La presidenta del Comité de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad, María Soledad Cisternas, ha hecho balance de la aplicación en España de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad ocho años después de su aprobación, en un encuentro celebrado esta mañana en la sede del Consejo General de la Abogacía, que ha sido organizado por FEAPS y la Fundación Abogacía Española.

En su visita a España, la chilena Mª Soledad Cisternas (Premio Nacional de Derechos Humanos 2014 en su país) ha puesto de manifiesto varios aspectos que hay que mejorar observados por su Comité. En primer lugar se ha referido al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad (artículo 12 de la Convención), cuyo alcance de aplicación “no se está entendiendo bien”. Este alcance supondría un auténtico “cambio de paradigma”, y en la práctica precisaría “la revisión completa de todo el ordenamiento jurídico”. Junto a ello, también sería importante la implicación tanto del poder judicial como de la propia sociedad civil. Para Cisternas, la Convención resulta “totalmente vinculante para las legislaciones de los países firmantes” en relación con la superación de modelos como el de incapacitación judicial de personas con discapacidad que hoy no son acordes con la correcta aplicación de la Convención. Actualmente, ante la falta de una completa adaptación en este ámbito, debemos exigir la debida aplicación de la ley acorde con la Convención.

Este asunto de la formación de los jueces en derechos humanos, la discapacidad y su diversidad ha sido destacado por Cisternas como uno de los retos actuales más importantes. Por supuesto, hace falta un importante barrido de toda la normativa vigente para no limitar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad, pero no hay que olvidar que “la Convención en cuanto que norma internacional de Derechos Humanos ha de considerarse superior a la ley ordinaria“.

Un ejemplo de ello sería el del acceso a la justicia de estas personas con discapacidad: casi siempre se alude a la necesaria adecuación de los procedimientos, pero casi tan importante o más sería la existencia de jueces concienciados que ayudaran a este acceso.

Otro aspecto de mejora en la adaptación de la Convención sería el del disfrute de la autonomía y la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad (artículo 19), que no se está aplicando en la medida en que la Convención lo requiere. Aún existe institucionalización y la provisión de medidas de apoyo es insuficiente

Cisternas también se ha referido a otra de las preocupaciones de FEAPS en relación a la Convención: el derecho al sufragio de las personas con discapacidad intelectual, que aún en muchos casos se ve vulnerado por los procesos de incapacitación. Cisternas ha señalado que la jurisprudencia del Comité de Naciones Unidas que preside, ha sido unánime en la restitución de este derecho en base al artículo 29 de la Convención, relacionado con la participación de las personas con discapacidad en la vida pública y política.

Como aspectos positivos, Cisternas ha destacado que en nuestro país existe una evidente toma de conciencia, y se nota que hay un ejercicio permanente de campaña en asuntos importantes como educación, igualdad, no discriminación, etc. En España ya no se observa un modelo antiguo y caritativo. Además, nuestro país es un ejemplo de la participación de la sociedad civil (representada por organizaciones como el CERMI) en el seguimiento de la aplicación de la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad. Eso es algo novedoso respecto a la aplicación en otros países.

En el encuentro han participado Nuria Días Abada y Pilar Llop, del Consejo General del Poder Judicial; el fiscal del Tribunal Supremo Carlos Ganzenmüller; la profesora de la Universidad Carlos III Mª del Carmen Barranco; Lourdes Márquez de la Calleja, de la Fundación ONCE;  Torcuato Recover, responsable de la Red de Juristas de FEAPS;  la directora adjunta de esta organización, Laura Espejo; Pepa García Lorente, abogada experta en derechos de personas con discapacidad, y José Luis Segimón y Francisco Segovia, de la Fundación Abogacía Española.