Mabel Lozano estrena ‘Tribus de la Inquisición’ en Abycine el 22 de octubre

El nuevo documental de Mabel Lozano, ‘Tribus de la Inquisición’, en el que ha colaborado la Abogacía Española, se estrena el próximo sábado 22 de octubre en el festival ABYCINE , dentro de la sección “ABYCINE y Amnistía Internacional”, simultáneamente con el FENAVID (Bolivia). El 28 de octubre llegará a SEMINCI, Festival Internacional de Cine de Valladolid.

La Abogacía Española y su Fundación, tras Chicas Nuevas 24 horas, colaboran de nuevo con la directora de cine documental Mabel Lozano en este documental basado en el reportaje del mismo nombre del periodista boliviano Roberto Navia.

El reportaje, que fue publicado por el El Deber, narra cómo el 2 de julio de 2013 una multitud roció con gasolina y prendió fuego a Roberto Ángel Antezana, acusado, junto a algunos familiares, del robo de un camión. Los hechos ocurrieron en Ivirgarzama, pequeña localidad del centro de Bolivia y, pese a la ley del silencio, el autor consiguió el testimonio de supervivientes y del fiscal que investigó el caso.

Navia fue galardonado con el Premio de Periodismo Internacional Rey de España, que convocan la agencia EFE y AECID, en 2015 por este reportaje.

Sinopsis:

Bolivia ostenta el macabro ranking de linchamientos a manos de civiles. La justicia y la seguridad ciudadana se asumen por cuenta propia y a golpe de manada.

Seis hombres arden como antorcha medieval en la plaza del pueblo de Ivirgarzama, la capital productora de hoja de coca y centro de producción del narcotráfico en Bolivia. Cientos de vecinos endemoniados los golpearon con palos y los agarraron a patadas antes de bañarlos con gasolina y prenderles la cerilla, acusándolos de haber robado un camión de los años 80 del siglo pasado. Bolivia ostenta el macabro ranking de linchamientos a manos de civiles. Es un estado donde todavía la justicia y la seguridad ciudadana se asumen por cuenta propia y a golpe de manada. Un fiscal arriesga su vida para evitar más muertes y tres policías vestidos de civil prenden velas a dos calaveras como única esperanza para que la tribu del siglo XXI no aplique su inquisición.

El nuevo trabajo de Mabel Lozano nos lleva a descubrir una realidad que, en pleno siglo XXI, sorprende por su crudeza. La justicia se toma las calles en este corto documental que no deja a nadie indiferente. Tribus de la Inquisición denuncia las violaciones de derechos humanos elementales en el desarrollo de acciones de justicia paralela en la zona del Trópico Cochabambino (Bolivia) y la impunidad de los graves crímenes cometidos.

 El documental  muestra en toda su crudeza la naturaleza cruel y desproporcionada de los linchamientos y asesinatos de ciudadanos y ciudadanas bolivianas que son alentados y auspiciados por quienes utilizan la justicia comunitaria como mero pretexto para imponer su ley y autoridad. Al mismo tiempo, revela la incapacidad de la fuerza pública y el sistema de justicia a la hora de prevenir estos ataques o investigar y perseguir judicialmente los hechos constitutivos de delito.

Esto da lugar a que los familiares de las víctimas se encuentren una situación de desamparo social e institucional que se presenta como una suerte de fatalidad ante la que sólo cabe resignarse. El crimen se convierte en un dramático espectáculo donde el sufrimiento de las víctimas y la desesperación de sus allegados chocan frontalmente contra el muro de la impunidad y el silencio.

De este modo, la única verdad que se impone por la fuerza es aquella que moviliza a las masas procurando obtener una legitimidad social y ocultar la intencionalidad real de los ataques bajo el manto de la justicia comunitaria. Nada más lejos de la realidad, dichos ataques desvirtúan el significado mismo de la justicia comunitaria como institución de derecho consuetudinario que permite sancionar conductas de acuerdo a un conjunto de principios, valores y  normas de carácter jurídico no escritas. Un sistema normativo propio que no amparan estas  violaciones flagrantes de derechos humanos y permite a las naciones y pueblos indígena originario campesinos  establecer derechos y deberes e impartir justicia.

De hecho a partir del proceso constituyente del año 2009, Bolivia desarrolló un conjunto de normas orientadas al reconocimiento y protección de los sistemas de justicia indígena.  La propia Constitución otorgó la posibilidad de ejercer funciones jurisdiccionales propias a las naciones y pueblos indígena originario campesinos a través de sus autoridades aunque subraya que dicha jurisdicción debe respetar el derecho a la vida y el derecho a la defensa establecidos en la propia Constitución. Otro de los hitos fue la aprobación una Ley de Deslinde Jurisdiccional a través de la cual se estableció un conjunto de reglas para la coordinación y cooperación entre los sistemas de justicia especial y ordinaria.

Dicha ley señaló la obligación que tienen los diversos sistemas de justicia de establecer mecanismos de coordinación para lograr una convivencia armónica que garantizara el derecho de acceso a la justicia. Este último se define como el derecho de las personas, sin distinción de condición social, económica, cultural, sexual, racial, etaria, ideológica, religiosa, o de cualquier otra índole, de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas de parte de las autoridades de la jurisdicción ordinaria o especial. En este sentido, la coordinación entre ambos sistemas de justicia es un aspecto fundamental porque no apareció recogido como una mera opción sino como un deber al que se debe dar debido cumplimiento por imperativo legal. Para ello la ley estableció los principios que tienen que respetarse en los procesos de coordinación cuyo incumplimiento podía dar lugar a sanciones. Esto quiere decir que incluso si se aceptaran los linchamientos como una aplicación correcta de la justicia comunitaria, todavía se estaría incumpliendo la norma que obliga a coordinarse  y consagra el derecho a la vida.

Es ahí precisamente donde reside la esencia de la interculturalidad aplicada al ámbito justicia  cuya finalidad es favorecer la convivencia social, el enriquecimiento recíproco y el respeto de la diversidad cultural. Todo ello  en un contexto plural y diverso  donde existen múltiples sistemas jurídicos que deberían interactuar de forma armónica y que sin embargo, desaparecen cuando se produce un acto mal llamado de justicia que no es tal.

Al contrario, aquí se trata de establecer un castigo ejemplificante para la población, haciéndoles ver que incluso cualquiera que sea familiar directo o muestre la mínima afinidad o compasión hacia las víctimas puede terminar igual que ellas. A ojos de la vecindad son presentados como delincuentes merecedores del castigo impuesto y el grado extremo de violencia empleado genera una parálisis en los funcionarios de la fuerza pública y operadores del sistema de justicia que padecen en primera persona la falta de seguridad y el riesgo que puede conllevar implicarse en la prevención, investigación y persecución de estos actos. Desde la óptica jurídica, la gravedad de los castigos infligidos –sin perjuicio de las interpretaciones jurídicas del tipo delictivo – se deduce no sólo de los dolores o sufrimientos provocados a través de los castigos sino también de las consecuencias que éstos últimos tienen sobre la vida, integridad personal y dignidad de las víctimas.

En este contexto, el compromiso con la denuncia de las agresiones sufridas por las víctimas contribuye a fortalecer el Estado de Derecho. Suma esfuerzos a la hora de intentar hacer prevalecer el respeto la presunción de inocencia de las personas encausadas y los principios de objetividad e imparcialidad que rigen todo proceso de investigación y esclarecimiento de los hechos. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos, sin que en ningún caso pueda producirse una situación de desamparo e indefensión como la que padecen quienes son juzgados y condenados por una masa de gente enfurecida. Por ello, la denuncia y visibilización de esta realidad reivindica el acceso al sistema de justicia de los presuntos infractores -cualquiera que sea la naturaleza del delito que se les atribuya- y alza la voz en nombre del colectivo anónimo de personas que han padecido esta forma de violencia brutal.