Entrevista con el juez de menores Tomás Martín: “La justicia tiene que estar adaptada a la infancia”

El primer juzgado especializado en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de nuestro país ha tramitado ya más de 120 asuntos desde su apertura el 1 de octubre.  Se trata del Juzgado de instrucción nº3 de Las Palmas de Gran Canaria. Al frente está el magistrado Tomás Martín Rodríguez.

Delitos de maltrato habitual, contra la libertad sexual y de trata contra menores son los que más se están encontrando. El proyecto piloto durará 24 meses y abre la puerta a  extender por el resto de España estos juzgados especializados.

Uno de sus principales objetivos es evitar que los menores víctimas sufran doble revictimización: “El menor declara solo una vez, no tiene que pasar por un periplo en los juzgados donde vuelva a sufrir. Se le aleja del procedimiento, lo que agiliza su recuperación”, explica en entrevista el magistrado.

Esa única declaración se realiza mediante la denominada prueba preconstituida, que se toma en la fase de instrucción para reducir la exposición del menor dentro del procedimiento penal. “Se quiere garantizar así su protección frente al impacto traumático que pudiera derivar del contacto con los operadores jurídicos”, cuenta.

Ese testimonio tiene lugar en una de las salas Gesell, llamadas aquí salas de exploración y de observación, y en las que, como cuenta Martín, “se ha recreado un entorno agradable para prestar el testimonio” mediante la luz natural, la decoración acogedora y hasta una mascota, cuenta Martín. Anexa a esa habitación hay otra donde se puede ver en directo de manera telemática, no a través de espejos, la declaración de la víctima.  “El siguiente paso ahora es que esa sala que nosotros utilizamos de exploración sea la que utilicen los tribunales de enjuiciamiento para conectarse con la víctima, en el caso de que tenga que declarar en juicio, porque es la justicia la que tiene que estar adaptada a la infancia”, explica.

Antes de ir a declarar, se le entrega al menor el libro “Hoy vamos al Juzgado”, en el que se les explican sus derechos y el funcionamiento del sistema judicial.  “Esto disminuye su estrés. Cuanto mejor trato das al menor, mayor resultado obtenemos en su declaración”, resume el juez.

Gracias al Protocolo creado, una vez que se detecta un delito contra la libertad sexual, “se activan fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, Instituto de Medicina, personal sanitario, a fin de que haya una sola exploración médica, que el abordaje de la Policía sea inmediato, en la misma zona hospitalaria, evitando tener que comparecer en comisarías y activando a la asistencia jurídica gratuita en el mismo momento”, añade. Junto a ello, otra de las novedades es el kit de actuación médica, adaptado a niños y niñas: “Las tomas de muestras de ADN van con un código QR que evitan que consten los datos de la víctima, por protección de la infancia”.

En todas las denuncias hay asistencia letrada.  El Colegio de Abogados de Las Palmas ha pedido la creación de un turno de oficio especial para víctimas de violencia menores. “Ese paso va más allá de lo previsto por la ley y me parece excelente porque conduce hacia la especialización absoluta”, califica el magistrado.

En este juzgado trabajan  con la tecnología de Codimg, programa que digitaliza el estudio de la declaración de las víctimas y permite automatizar los procesos.  “Te da los datos que ya ha considerado como relevantes en el análisis referente a la credibilidad del menor”, explica el magistrado.

Tras cuatro meses de funcionamiento el balance “es más que óptimo”, califica Martín. “Ya tenemos un primer estudio del equipo de investigación que nos acompaña desde la Universidad que señala la relevancia en el acortamiento de los plazos, en todas las evaluaciones que hacemos con las víctimas, en la mejora del proceso de recepción en el juzgado, la estancia en la sala de espera… Las puntuaciones son muy altas”. Entre los principales problemas que están tratando de resolver, subraya la falta de personal, y en particular, de profesionales de psicología forense.

Estos juzgados deben crearse “por ley”, puntualiza. En el plazo de dos años el Gobierno tiene que elevar un proyecto de ley para crear ya con carácter general estos juzgados especializados. “La  realidad es que no vamos a llegar a tiempo en esta legislatura. Esperemos que en un plazo de tres años”, vaticina.