Manuel Sánchez de Diego: “El desencuentro entre el Tribunal Supremo y la sociedad evidencia la importancia de la comunicación”

• El ICAM inaugura una nueva sección sobre Derecho y Comunicación para abordar cuestiones relacionadas con el Derecho de la información y con el Derecho “como paciente de la comunicación”
• “La comunicación en el mundo jurídico es un elemento fundamental”, ha declarado Eugenio Ribón, encargado de presentar el acto inaugural

El Colegio de Abogados de Madrid ha puesto en marcha una nueva sección dedicada a la Comunicación y el Derecho, poniendo así el broche a las 41 áreas de especialización que hacen de la institución colegial la que mayor atención sectorial dedica en toda Europa.

Eugenio Ribón, el diputado de la Junta de Gobierno responsable del área de secciones, celebró durante la presentación del evento la incorporación de un campo tan necesario e imprescindible como la comunicación, que contribuye al objetivo de la Junta de “abrir el ICAM, la casa de la libertad, a otras profesiones y experiencias más allá del mundo del Derecho”. Para alcanzar esta meta, Ribón recordó que se ha multiplicado por 9 el presupuesto dedicado a secciones, y que ya forman parte de ellas más de 29.000 inscritos.

Mercedes Asorey y Manuel Sánchez de Diego serán los responsables de la sección que se estrenó la semana pasada con una jornada dedicada a “Las posibilidades que la Ley 19/2013 y la política de transparencia abren a la abogacía”. El presidente en funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós Dorda, participó como ponente en una sesión moderada por José Manuel Otero Novas, abogado del Estado y exministro en el ejecutivo de Adolfo Suárez.

Como explicó Sánchez de Diego, que refirió como ejemplo de la importancia de saber gestionar la comunicación en tiempos de la sociedad de la información el reciente “desencuentro entre el Tribunal Supremo y la ciudadanía” a consecuencia de la doctrina en relación al AJD, explicó que la sección, que “abre una nueva fase en el Colegio”, estará enfocada a dos facetas: el Derecho de la información (que engloba desde los delitos contra la intimidad a las fake news) y el Derecho como paciente de la comunicación, pues “el mundo jurídico necesita comunicar”. En este sentido, agradeció al ICAM la creación de “un lugar de encuentro intelectual donde reflexionar entre todos”.

La colaboración con otros sectores fuera de la abogacía también será una constante en la trayectoria de la sección, como explicó Asorey. De hecho, la próxima jornada planificada, el día 28, estará enfocada a los periodistas y el tratamiento de la información jurídica en los medios económicos.

Transparencia

Amorós, por su parte, explicó el funcionamiento del Consejo de Transparencia y cómo, gracias a la Ley 19/2013, se ha dotado a la ciudadanía de un “instrumento de control democrático de las instituciones”, a la par que ofrece “ventajas muy interesantes para el ejercicio profesional”. En todo caso, el valor de la norma para Amorós reside en que “por primera vez recogió la preocupación del gobierno por la transparencia en sus instituciones”, si bien, al ser una competencia compartida, “el 80% de las leyes autonómicas van más allá y son más completas”, matizó.

El presidente en funciones de este organismo explicó las limitaciones que operan a la hora de dar información, sin que esté prohibido suministrar datos personales, siempre que no estén especialmente protegidos: “la ley establece una ponderación entre el interés público y la protección de la intimidad, debiendo valorar caso por caso qué debe prevalecer”, afirmó.

De acuerdo con los datos del Consejo, “el 68% de solicitudes se estiman a favor del interesado, decidiendo en contra de la Administración, y el 38% que se desestima atiende a razones de nulidad o inadmisibilidad”. Sin embargo, dado que no tienen potestad sancionadora, Amorós también refirió que “un 15% de las administraciones es remisa, no cumplen con la obligación de proporcionar información pese a nuestra resolución obligándolas a ello, y la mayoría recurre ante el contencioso-administrativo, nuestro principal enemigo es RTVE”, declaró.

Pese a todo, “el coste reputacional funciona”, apuntó, recordando que las políticas de transparencia y los consejos están “iniciando sus pasos”. Para Amorós, aunque es necesario “dotarles de mejores medios”, están cumpliendo con su labor al velar por “que se publique la información”.