28 julio 2020
María Concepción Sabadell, fiscal europea en representación de España
El Consejo de la Unión Europea ha aprobado el nombramiento de los fiscales europeos de los 22 Estados miembros que conforman la Fiscalía Europea (uno por cada estado participante en la cooperación reforzada formada para la adopción del Reglamento 2017/1939 que crea este órgano). Por parte española, ha sido nombrada María Concepción Sabadell Carnicero, actualmente destinada en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Los fiscales supervisarán las investigaciones y los procedimientos penales y formarán, junto con la fiscal general europea, el Colegio de la Fiscalía Europea.
Los fiscales europeos son nombrados por un período no renovable de seis años. El Consejo podrá decidir prorrogar el mandato por un máximo de tres años al final del período de seis años. En el marco de las disposiciones transitorias para el primer mandato tras la creación de la Fiscalía Europea, los fiscales europeos de un tercio de los Estados miembros, seleccionados al azar, ejercerán un mandato no renovable de tres años; los fiscales seleccionados son los de Grecia, España, Italia, Chipre, Lituania, Países Bajos, Austria y Portugal.
Cada Estado miembro designó a sus candidatos para el puesto de fiscal europeo. Estos candidatos deben ser miembros activos del Ministerio público o del poder judicial de los Estados miembros, deben ofrecer plenas garantías de independencia y deben reunir las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos Estados miembros, de altos cargos del Ministerio público o del poder judicial. Deben tener una experiencia práctica pertinente en lo que atañe a los sistemas jurídicos nacionales, las investigaciones financieras y la cooperación judicial internacional en materia penal. El comité de selección elaboró seguidamente los dictámenes motivados de cada uno de los candidatos designados que cumplían las condiciones y estableció la clasificación. El Consejo, tras recibir los dictámenes motivados, seleccionó y nombró a uno de los candidatos a fiscal europeo de cada Estado miembro participante.
La Fiscalía Europea será responsable de investigar los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión (previstos en la Directiva UE 2017/1371); ejercer la acción penal y solicitar la apertura de juicio contra sus autores y los cómplices de estos; practicar actos propios en el ejercicio de la acción penal y ejercer las funciones de acusación ante los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros de la Unión.
Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, España siempre ha apoyado la acción de una Fiscalía Europea eficaz, piedra angular de la lucha contra el fraude y la corrupción que afecten a las finanzas de la UE.
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