La Abogacía protesta por la expulsión de Marruecos de varios abogados observadores de DDHH

El Consejo General de la Abogacía Española ha expresado su protesta por la detención y posterior expulsión de Marruecos de una delegación de observadores de Derechos Humanos, entre ellos varios abogados españoles.

La visita del grupo de juristas tenía por objeto conocer la situación procesal en la que se encuentran los trece condenados del conocido grupo de Gdeim Izyk, especialmente la tramitación de los recursos presentados por sus defensas y, asimismo, las condiciones de reclusión a las que se ven sometidos.

Estos presos saharauis participaron en una de las primeras manifestaciones de la Primavera Árabe, que tuvo lugar en 2010 en el campamento Gdeim Izik, en las inmediaciones de El Aaiún. Están considerados los “ideólogos” de las protestas del campamento, en las que los ciudadanos reclamaban tanto derechos sociales, como la autodeterminación del Sáhara. De los cientos de detenidos, muchos fueron liberados a los pocos meses, 25 fueron condenados y 23 se encuentran en prisión cumpliendo penas de entre 20 años y cadena perpetua.

Recientemente Amnistía Internacional ha solicitado al Gobierno de Marruecos que garantice un nuevo juicio o libere a estos trece saharauis, que desde el 1 de marzo están en huelga de hambre en la prisión de Salé (ciudad vecina de Rabat) en protesta por lo que consideran una condena injusta. Numerosas  organizaciones internacionales consideran también que han sido ilegalmente privados de su libertad.

La Abogacía Española pide al gobierno de Marruecos que permita la labor de los Observadores de Derechos Humanos y garantice el derecho de cualquier acusado a un juicio con todas las garantías procesales.

ONSERVATORIO DE DDHH DEL ICABA

Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de BAdajoz ha mostrado también su más enérgica repulsa por el trato dado a observadores de derechos humanos, en Rabat, “con el objetivo de impedir y silenciar la denuncia que su visita pretendía, y que no era otra que llamar la atención de la comunidad internacional sobre la deplorable e injustificada situación de los trece  presos políticos saharauis (grupo Gdeim Izik), en huelga de hambre”.

El Observatorio recuerda que la misión de un observador internacional, “es conocer, constatar, y denunciar, de una forma  objetiva y neutral,   cualquier vulneración de  derechos fundamentales, y para ello se hace necesaria la observación propiamente dicha, sin obstáculos, coacción o represalia, como la que desgraciadamente se ha producido por parte de Marruecos, que parece querer conseguir un efecto desalentador o disuasorio sobre el colectivo de juristas observadores, a los cuales mostramos nuestro expreso apoyo, animándoles a proseguir su encomiable y desinteresada labor”.

DETENIDOS EN SU HOTEL

La policía marroquí detuvo ayer en Rabat a ochos juristas, entre ellos seis abogados, que habían viajado a Marruecos para visitar a 13 presos saharauis que llevan 37 días en huelga de hambre.

Según denuncia la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE), una vez en su hotel, los integrantes de la misión fueron detenidos por la policía y llevados a la fuerza a dependencias policiales, donde fueron sometidos a un intenso interrogatorio. Más tarde se decidió su expulsión del país.

El grupo estaba formado por el magistrado Jesús María Martín; la abogada francesa Ingrid Metton; Eric David, abogado y profesor de derecho internacional en la Universidad Libre de Bruselas: Joelle Toutain, asistente francesa y los abogados españoles María Nieves Cubas, Juan Carlos Gómez, Francisco Serrano Ramírez y Altamira Guelbenzu Gonzalo, según APRASE.

No es la primera vez que Marruecos expulsa misiones de observadores de DDHH. Según APRASE,  “este hecho pone de manifiesto la poca consideración por parte de las autoridades marroquíes a los Derechos Humanos y a la legalidad internacional, así como su continuo y reiterado desafío a la Comunidad Internacional en lo que a la cuestión del Sáhara Occidental se refiere”.

APRASE exige respeto al ejercicio libre de la Abogacía en todo el mundo y en especial en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, al tiempo que se solidarizan “con los presos políticos saharauis, que sufren condenas injustas y con sus familiares”.

ABOGADOS DE ZARAGOZA

Desde la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza, a la que pertenece Altamira Guelbenzu, también han denunciado la detención “ilegal e injustificada” de los abogados y la “permisividad” del Gobierno de España ante ello. “El hecho es muy grave, pues entre otros se está atentando contra el derecho fundamental del derecho a la defensa de las personas que están sufriendo violaciones de Derecho Humanos en el país”, asegura ALAZ en un comunicado.