Más de un centenar de abogados valencianos se concentran contra la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

• Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia y todas las secciones del ICAV han participado en la concentración de esta mañana, en defensa de un servicio de calidad y de la dignidad de la Abogacía, que rechaza que un abogado de oficio cobre 1,30 euros por hora y que sean los peor pagados de toda España
  

El motivo de la concentración, promovida por la Asociación de Jóvenes Abogados de Valencia (AJAV), en línea con la Confederación Española y del Consejo General de la Abogacía, ha sido solicitar la retirada del proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita con el fin de elaborar uno nuevo, con la participación no sólo del Ministerio sino de todos los operadores jurídicos, que mejore las condiciones de los profesionales y los derechos de los ciudadanos.

El Decano del ICAV, Mariano Durán, ha reiterado como en otras ocasiones que “La justicia gratuita constituye un derecho fundamental para el acceso a la Justicia de las personas que carecen de recursos suficientes para litigar, siendo un servicio público prestado por 36.000 abogados los 365 días del año las 24 horas al día”.

A la concentración se ha unido también la Plataforma Antidesahucios (PAH Valencia), que conoce el papel esencial que los abogados y abogadas del turno de oficio y justicia gratuita tienen en los procedimientos de ejecución hipotecaria, así como el Colegio de Procuradores de Valencia.

La Presidenta de la Sección de Jóvenes Abogados de Valencia, Esther Sanchis, ha leído un comunicado a la puerta de la Ciudad de la Justicia, en el que ha explicado que con el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita se ha perdido la oportunidad de modernizar y mejorar este servicio. Con la actual regulación, se perjudica al ciudadano, al reducir el umbral económico de acceso a la justicia gratuita para las personas no integradas en una unidad familiar, impidiendo una atención inmediata y cercana. Crea desigualdades, al reconocer la justicia gratuita a algunos colectivos y personas jurídicas, aunque cuenten con recursos suficientes para litigar y no respecta ni dignifica la labor de los abogados de oficio, al no actualizar los baremos de retribución del servicio, ni que el pago por la administración sea puntual. Por último, el Decano del ICAV ha recordado que la reforma “no garantiza la financiación pública suficiente, en cambio, sigue vinculando las tasas judiciales a la justicia gratuita, a pesar de la falta de destino de lo recaudado con las tasas para ésta”.