Mejor protección para los informantes: nuevas normas en toda la UE a partir de 2021

El Consejo de la UE ha adoptado formalmente nuevas normas sobre la protección de los informantes. Las nuevas normas exigirán que se establezcan cauces seguros para poder denunciar infracciones tanto dentro de una organización –privada o pública– como a las autoridades públicas. Además, brindarán a los denunciantes un elevado nivel de protección contra las represalias y exigirán a las autoridades nacionales que informen debidamente a los ciudadanos y formen a los funcionarios sobre el modo de proceder ante las denuncias.

La UE va a garantizar un nivel elevado de protección a quienes denuncien irregularidades o prácticas corruptas en muy diversos sectores, como la contratación pública, los servicios financieros, el blanqueo de capitales, la seguridad de los productos y de los transportes, la seguridad nuclear, la salud pública, el consumo o la protección de datos.

Ahora el acto legislativo se firmará formalmente y se publicará en el Diario Oficial. Los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar las nuevas normas a su ordenamiento jurídico interno.

Entre los principales elementos del texto transaccional cabe mencionar los siguientes:

• Establecimiento de cauces de denuncia en empresas y administraciones: las empresas con más de cincuenta trabajadores y los municipios de más de diez mil habitantes tendrán la obligación de establecer cauces de denuncia efectivos y eficaces, lo que contribuirá a desarrollar una cultura empresarial sana.
• Jerarquía de los cauces de denuncia: se anima a los denunciantes a utilizar en primer lugar los cauces internos de su organización antes de recurrir a los cauces externos que los poderes públicos están obligados a establecer. En cualquier caso, los denunciantes no quedarán sin protección si deciden recurrir directamente a los cauces externos.
• Las nuevas normas brindan protección a numerosas categorías de personas: por ejemplo, a aquellas que pueden tener acceso a información sobre infracciones cometidas en un contexto laboral, como empleados –incluidos los funcionarios de la administración nacional o local–, voluntarios y trabajadores en prácticas, miembros no ejecutivos, accionistas, etc.
• Un ámbito de aplicación amplio: las nuevas normas abarcarán ámbitos como la contratación pública, los servicios financieros, la prevención del blanqueo de capitales, la salud pública, etc. Con el objeto de aportar seguridad jurídica, en un anexo de la Directiva se incluye una lista de todos los instrumentos legislativos de la UE contemplados. Los Estados miembros pueden ir más allá de la lista a la hora de aplicar la nueva normativa.
• Medidas de apoyo y protección para los denunciantes: las normas establecen salvaguardias para proteger de represalias –como la suspensión, la degradación o la intimidación– a los denunciantes. También están protegidas las personas que presten asistencia a los denunciantes, como sus compañeros de trabajo o sus familias. La Directiva incluye además una lista de todas las medidas de apoyo que se establecerán a favor de los denunciantes.
• Obligación de información para los poderes públicos y las empresas: las normas establecen la obligación de dar respuesta al denunciante y tramitar su denuncia en el plazo de tres meses (con la posibilidad, en casos debidamente justificados, de prorrogarlo hasta seis meses para los cauces externos).

Fuente: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/07/better-protection-of-whistle-blowers-new-eu-wide-rules-to-kick-in-in-2021/