México investigará, nueve años después, la violación por militares de dos mujeres de la Organización Indígena Me`phaa, Premio Derechos Humanos del CGAE

• La Justicia Federal mexicana investigará a los militares implicados en las violaciones sexuales y torturas cometidas sobre Inés Fernández y Valentina Rosendo.
• Nueve años después de los hechos y tras la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las denuncias de las dos mujeres pasarán de la jurisdicción militar a la civil.

19/08/2011 La Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) mexicana ha comunicado que los casos de violación sexual y tortura cometidos sobre Inés Fernández y Valentina Rosendo por miembros del Ejército Mexicano en el año 2002, han sido remitidos a la Procuraduría General de la República (PGR). De esta forma, será la Justicia Civil mexicana y no un tribunal castrense la que juzgue a los militares implicados en ambos hechos, tal y como solicitaron las víctimas, de origen indígena Me’phaa, tras la reciente determinación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) que dicta que el fuero militar no opera para procesar a militares responsables de violaciones a derechos humanos.

Tras nueve años, las víctimas dan un paso más contra la impunidad gracias en parte al trabajo desarrollado desde la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa, (OPIM), que el año pasado fue galardonada con el Premio Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española, precisamente "por su esfuerzo y entrega incansables por reconstruir desde la base el poder económico, cultural y político de las comunidades indígenas y denunciar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la población indígena de la región".

Además, la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española ha participado activamente en ambos casos prestando asesoramiento, elaborando informes e incluso realizando una "auditoria jurídica".

En el caso de Valentina Rosendo, la Fundación CGAE presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un amicus curiae que pretendía brindar a los jueces algunas claves sobre el alcance de las vulneraciones de los derechos de esta joven por parte de sus agresores.

Por otra parte, en el caso de Inés Fernández, la Secretaría de Estado de Gobernación de México y los representantes de los beneficiarios de las Medidas Provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en el caso denominado "Fernández Ortega y otros", solicitaron a la Fundación del CGAE realizar una labor de "auditoría jurídica" para verificar una serie de expedientes relacionados con amenazas y agresiones a Inés Fernández y otros 106 defensores de derechos humanos beneficiarios de medidas provisionales de la CoIDH, y describir, en referencia a esto, los requeridos estándares de efectividad, transparencia y rendición de cuentas de los diferentes casos analizados. Esta labor se realizó a partir de la incorporación de un equipo de abogados/as independientes y expertos en materia de derechos humanos de la Fundación del Consejo General de la Abogacía.

El informe fue remitido a la SEGOB (Ministerio del Interior de México), a los representantes de las víctimas y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está en proceso de convertirse en la base de un Protocolo de Investigación sobre Delitos contra Defensores de Derechos Humanos para el Estado de Guerrero (México).

Justicia Civil para los militares

En el escrito remitido por el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia Militar de México sobre los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, este organismo informa que: "… la Fiscalía Militar tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA para seguir conociendo y determinar la[s] indagatoria[s] número SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E. Derivado de lo anterior, esta Fiscalía Militar, giró [dos] oficio[s] el veintinueve de julio del año en curso, mediante el cual remitió a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la Procuraduría General de la República [ambas] indagatoria[s] de referencia a fin de que se determine lo que en derecho proceda"

Ahora, la Procuraduría General de la República tiene la responsabilidad ineludible de ejercitar acción penal ante los tribunales federales contra los militares responsables que ya han sido identificados por Inés y Valentina. "No existe, por tanto, pretexto alguno para llevar las investigaciones hacia direcciones que conduzcan a la impunidad, como en su momento lo hizo la PGJM o la propia PGR al intentar remitir las investigaciones al fuero local", tal y como afirman desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en el que se integra el pueblo Me’phaa junto a otras organizaciones.

En este sentido, "es importante reiterar que en las sentencias dictadas dentro de los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega contra México, la Corte Interamericana estableció parámetros sumamente precisos y específicos que debe satisfacer la investigación de los hechos para fungir como efectiva reparación", apuntan desde Tlachinollan. Así, la CoIDH ha señalado que en el cumplimiento de este deber, el Estado debe actuar en un plazo razonable y con la debida diligencia, a la luz de una adecuada perspectiva de género y etnicidad, posibilitando la amplia participación de ambas mujeres, evitando que sean revictimizadas y en condiciones de seguridad. "Esto último es fundamental, dado que la seguridad de ambas mujeres se ha visto amenazada en el desarrollo de las investigaciones, lo que ha motivado que el propio Tribunal Interamericano les haya otorgado medidas de protección a ellas y a sus familias", señalan igualmente desde este Centro de Derechos Humanos.