Montalbán (CGPJ) alerta que con las tasas habrá “menoscabo” a la tutela judicial efectiva de las maltratadas

La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, ha alertado de que la nueva Ley de tasas judiciales supone un “menoscabo” para la tutela judicial “efectiva” de las mujeres víctimas de malos tratos.

Según ha indicado durante la presentación del ‘Balance de los siete años de la creación de los Juzgado de Violencia contra la Mujer’ en el CGPJ, la normativa sobre tasas judiciales, publicada este miércoles en el BOE, persigue un “afán recaudatorio, incompatible con el servicio publico de justicia”.

“Las tasas van a suponer un freno para que las víctimas accedan a los juzgados de violencia sobre la mujer; van a ser un obstáculo para que rompan con su agresor”, ha apostillado la presidenta del Observatorio.

Asimismo, ha señalado que estos juzgados exclusivos no sólo tramitan las denuncias, sino también se hacen cargo de los procesos de separación y divorcio. A su juicio, la nueva ley va a suponer para las víctimas una carga económica, en muchos casos inasumible, que asciende a unos cien euros por la interposición de la demanda y a los 800 por el recurso de apelación.

Montalbán ha recordado que expertos en violencia de género solicitaron el pasado 31 de octubre a los grupos parlamentarios, durante la tramitación en el Congreso de la ley de tasas que asumieran una enmienda para que se excluyera de la norma a las víctimas de violencia de género del pago de las tasas en los procesos de separación y divorcio tramitados en los juzgados especializados. Sin embargo, ha lamentado que “esta propuesta no se recogió”.

PROCESOS DE DIVORCIO

La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, ha alertado el lunes 26 de noviembre de que las nuevas tasas judiciales supondrán un “freno” y un “menoscabo” a la tutela judicial efectiva de las mujeres víctimas de maltrato, en tanto que tendrán que abonar el pago de sus procesos de divorcio, en el caso de no tener hijos menores o reclamar pensión alimenticia, concretamente cantidades que van desde los 300 a los 800 euros en el caso del recurso de apelación.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la inauguración en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada del ‘III Congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres’, un encuentro organizado por la Junta de Andalucía que ha inaugurado el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y al que asisten más de medio millar de personas.

El consejero, que ya anunció que la Administración autonómica está estudiando presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley, ha considerado que “sin duda alguna” las tasas pueden suponer un efecto disuasorio para que las víctimas de maltrato interpongan denuncia, porque, pese a que la violencia de género está exenta de pago, no lo estará el proceso de divorcio de estas mujeres. “Estamos estudiando presentar el recurso, si es que no se deja sin efecto la Ley con anterioridad”, En la misma línea, Montalbán ha recordado que el Observatorio ya hizo una propuesta en fase de elaboración de la Ley para que se excluyera la exigencia de tasas en los procesos matrimoniales de los que conocen los juzgados de violencia sobre las mujeres, lo que “lamentablemente” no tuvo éxito.

“Tenemos colectivos de mujeres mayores víctimas de violencia de género que no tienen a su cargo hijos menores que van a tener que pagar, si no tienen el derecho a la justicia gratuita, en torno a 300 euros la demanda y 800 el recurso de apelación. Esto evidentemente es un freno y un menoscabo a la tutela judicial efectiva, que confiemos en que se pueda solventar o bien a través de la justicia gratuita o bien modificando ese punto”, ha señalado en declaraciones a los periodistas.

Montalbán ha puesto además el foco en la situación económica que, a consecuencia de la crisis, padecen las víctimas de maltrato, que desisten de presentar denuncia “bien por la precariedad del empleo, bien por el temor a perderlo, o por no poder atender a sus hijos o los gastos domésticos”. “Todos los estudios demuestran que hay un factor determinante, que es la dependencia económica, que en tiempos de crisis se hace más evidente”, ha indicado.