Nicolás García Rivas: “La prisión permanente revisable es incompatible con la Constitución”

Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal por la Universidad de Castilla La Mancha, en su análisis acerca del proyecto de reforma del Código Penal de 2013, ha planteado serias divergencias con el principio constitucional de culpabilidad. “Por una parte incrementa el uso y por tanto abusa, de las medidas de seguridad complementarias a la pena, innovación introducida en 2010 sólo para terroristas y delincuentes sexuales. En este sentido, la libertad vigilada se generaliza como medida que se añade al cumplimiento íntegro de la pena, eludiendo con ello el principio de proporcionalidad punitiva”.

García Rivas ha intervenido en la tercera sesión del ciclo de conferencias monográficas sobre la reforma penal organizadas por la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación (RAVJL) que se ha celebró el jueves, 6 de febrero. Junto a García Rivas ha intervenido Fermín Morales, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ambos juristas han analizado cuestiones clave de la nueva reforma del Código Penal, tales como la responsabilidad de las personas jurídicas, cuestiones concursales y otros temas. Purificación Martorell, Magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia y Académica de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación, ha moderado el debate.

El profesor García Rivas destacó además que el proyecto de reforma ofrece una regulación de las medidas de seguridad para inimputables, “que recuerda demasiado a la vigente en la época de la dictadura, pues prevé la posibilidad del internamiento en centros hospitalarios penitenciarios con prórrogas sucesivas sin límite alguno, hecho que lesiona gravemente el principio constitucional de proporcionalidad y una versión integral del derecho a la libertad”.

Por último Nicolás García habló de la introducción de la prisión permanente revisable como versión española de la cadena perpetua, “sin que exista necesidad, idoneidad ni oportunidad, ya que el índice de criminalidad español está por debajo de la media europea y el índice de prisionización es de los más altos de la Unión Europea”. En esta línea, el Catedrático añadió: “La política criminal española se orienta de espaldas al artículo 25.2 de la Constitución, que obliga a preservar la posibilidad de reinserción social del preso, una posibilidad que la regulación del proyecto minimiza hasta un extremo posiblemente incompatible con la Constitución”.

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Por su parte, Fermín Morales, abogado y catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona abordó el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas o empresas, una novedad que se introdujo en la reforma de 2010 del Código Penal. El jurista analizó el proyecto de reforma que hoy se está discutiendo en el Parlamento. En su opinión, “una de las consecuencias de este proyecto de reforma es la necesidad de que las empresas dispongan de un plan de prevención de riesgos penales, similar al plan de prevención de riesgos laborales que todos conocemos. Se trata de un concepto nuevo y complejo y lo valoro de forma crítica y escéptica, ya que bastantes imposiciones burocráticas tienen ya las empresas españolas”.

Según F. Morales, “no están identificadas las necesidades político-criminales de implantación de la responsabilidad penal de las personas, del mismo modo que tampoco está esclarecido el fundamento de esta nueva forma de responsabilidad criminal. Además el estatuto procesal de esta institución es insuficiente y reclama una profunda revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

 CICLO DE CONFERENCIAS DE LA RAVJL

Este ciclo de conferencias se inauguró en Noviembre de 2011 con una sesión que analizó el secreto profesional y la pérdida de garantías procesales y sustantivas, a cargo de dos penalistas de reconocido prestigio: Juan Córdoba y Gonzalo Rodríguez. Este ciclo pretende ser un servicio de conocimiento integral, análisis y un foro de debate con vocación de permanencia y reciclaje de conocimientos para los abogados.

La Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación tiene como uno de sus objetivos contribuir a las reformas y progresos de la legislación española y, en especial, de la Comunitat Valenciana y pretende ser el principal órgano consultivo en los proyectos legislativos autonómicos. En la actualidad, la Real Academia es una institución adaptada a las exigencias sociales y profesionales de hoy y entre sus actividades destacan las numerosas publicaciones, conferencias y nombramientos de académicos en personas de destacado relieve en el entorno jurídico.