Nueva Aula de DDHH sobre Acceso a la Justicia en materia de Derechos Ambientales para conmemorar el Día del Medio Ambiente

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora cada 5 de junio, el jueves 10 se celebró una nueva edición del Aula de Derechos Humanos sobre Acceso a la Justicia en materia de Derechos Ambientales, organizada por la Fundación Abogacía, de forma simultánea en tres Colegios de la Abogacía: Álava, Jaén y Salamanca.

La jornada constó de dos partes: una ponencia a cargo de Eduardo Salazar, abogado ambientalista y coautor de la Guía práctica para la Abogacía de acceso a la Justicia en materia de derechos ambientales; y un coloquio, donde participaron Mª Victoria Hormigos y Agustín Bocos, también coautores de la mencionada guía.

Entre otros temas, se abordaron los derechos de participación ciudadana en defensa del medio ambiente regulados Convenio de Aarhus, los obstáculos que la ciudadanía enfrenta en el acceso a la justicia ambiental y la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático y transición energética. Además, se debatieron propuestas de mejora en el acceso a la justicia ambiental y se plantearon casos y consejos prácticos ante la administración y los tribunales en asuntos medioambientales.

El objetivo de esta Aula era dar a conocer las vías de defensa del medio ambiente ante las acciones u omisiones de autoridades públicas y particulares para sostener la protección de un medio adecuado y así garantizar tanto la salud de las generaciones actuales y futuras como el resto de la biodiversidad del planeta.

En virtud del artículo 45 de la Constitución Española, las autoridades públicas españolas tienen asignada la tutela jurídica del medio ambiente. Los “tres pilares” del Convenio – el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia – vienen constituyendo una garantía para que la ciudadanía pueda exigir ese mandato.

Con la nueva Ley de Cambio Climático, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales ya no solo tienen encomendado velar por el uso racional de los recursos naturales. Ahora además deben fomentar un uso solidario de los mismos que facilite la descarbonización de la economía española, que también habrá de transitar hacia un modelo circular para asegurar el cumplimiento de los compromisos adoptados en el Acuerdo de París.

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