Objetos conectados: el tratamiento y protección de los datos como nicho de negocio para la abogacía

El denominado Internet de las Cosas (IoT, en sus siglas en inglés) es una de las tecnologías que mayor nivel de desarrollo está teniendo en los últimos años. Y los objetos conectados generan a diario una gran cantidad de datos sobre el uso que hacen lo usuarios de los mismos, datos cuyo tratamiento y protección es un importante nicho de negocio para la abogacía. Esta es una de las conclusiones de la conferencia online sobre “Objetos conectados y Abogacía”, moderada por Eduardo Iscar, decano del Colegio de Abogados de Salamanca, y en la que han participado Moisés Barrio, director de diploma Legal Tech y Transformación Digital, y José Luis Ruiz López, socio de Braintrust. 225 participantes se han inscrito para seguir la jornada online.

Eduardo Iscar ha centrado su intervención en la importancia de los datos en nuestro día a día, tanto de los que generamos de forma voluntaria (por ejemplo, al descargarnos una aplicación) como de forma involuntaria (como los datos de nuestro consumo de luz en función del día de la semana). Estos datos son “oro molido” para tiendas, proveedores de servicios, etc. Y también para la abogacía, porque el tratamiento de estos datos tiene un “gran alcance y trascendencia” y abre nichos de negocio para la abogacía. El decano de Salamanca es consciente de que hay “muchos compañeros escépticos sobre tecnología”, pero cree que están equivocados, ya que a su juicio “la tecnología solo será una amenaza si le damos la espalda”. Por último, ha destacado el interés de la Abogacía “por meternos de lleno” en este ámbito y “ocupar el nicho de mercado, porque si no va a llegar otro y ocuparlo”.

José Luis Ruiz López –cuya ponencia ha versado sobre ‘Horizonte y aspectos a vigilar’- ha destacado que el ‘Internet de las cosas’ no es solo la conexión de los objetos, sino esta conexión unida al big data y la inteligencia artificial. El IoT, ha señalado, aporta información, análisis, inteligencia, volumen de datos, interacción, control… pero sobre todo “tiene la capacidad para ofrecer una nueva propuesta de valor diferente y enriquecida”.

En un mundo en el que se estima que existen más 30.000 millones de dispositivos conectados, y las previsiones son que esta cantidad se duplique en cuatro años –ha añadido-, hay que estar también vigilantes con algunos aspectos, especialmente los relacionados con la necesidad de protección de los datos que obtienen estos objetos conectados (por ejemplo, los vehículos conectados, los wearables o las ‘smart home’) y también con los problemas de ciberseguridad derivados de un posible hackeo de estos objetos conectados. Y para concluir ha planteado dos preguntas:

• ¿Quién tiene el control y el derecho al acceso a toda la información sobre las personas obtenida por los sensores distribuidos por las ciudades, viviendas y vehículos?
• ¿Qué nuevos marcos éticos y jurídicos surgen de la interrelación de las personas, los objetos conectados y sus servicios asociados?

Por su parte Moisés Barrio se ha centrado en los “Retos y oportunidades para la Abogacía”. Ha coincidido con José Luis Ruiz en el gran número de objetos conectados a Internet, “más que internautas físicos”, ya que “prácticamente cualquier objeto puede formar parte del Internet de las cosas” y el IoT tiene un potencial de negocio prácticamente ilimitado, se puede aplicar en todos los sectores.

A juicio de Barrio “los juristas debemos ocuparnos urgentemente de este fenómeno”. Ha explicado que no hay una normativa que regule el IoT, sino que hay que tener en cuenta las diferentes regulaciones sectoriales, ya que la regulación viene dada por diversas normas europeas y nacionales. Por eso, considera fundamental el asesoramiento de los abogados “desde el minuto 0”, desde el desarrollo del producto para que se respete toda la normativa (sectorial, en protección de datos, propiedad industrial, etc.), dado que no hay una normativa propia para todos los objetos conectados y lo que hay son soluciones contractuales que se hacen a medida. Además, ha añadido otros nichos de negocio para los abogados en relación con el IoT: las demandas contra los fabricantes por la responsabilidad de productos defectuosos y sistemas inseguros; y los litigios de responsabilidad patrimonial contra las administraciones por los daños producidos por las Smart cities.

Respecto a la protección de los datos que se recogen con los objetos conectados, ha enumerado algunos de los riesgos que tienen, como la falta de control sobre la información, una obtención insuficiente del consentimiento, que permiten la microsegmentación y trazabilidad absoluta de los usuarios, o los riesgos para la seguridad.

INTERNET DE LAS COSAS Y ABOGACÍA

El Internet de las Cosas es uno de los capítulos del informe ‘Abogacía Futura 2021: Prospectiva de negocio emergente’, elaborado por la Abogacía Española, en colaboración con Braintrust, la Mutualidad de la Abogacía y Wolters Kluwer. Este documento aborda las principales áreas de futuro en el negocio jurídico y supone una actualización del Informe presentado en el XII Congreso Nacional de la Abogacía en 2019.

El número de dispositivos conectados crece cada año y se espera que en el periodo 2020-2024 se duplique su número, pasando de los 30.000 millones de dispositivos actuales a más de 62.000 millones al final de este periodo. España no es ajena a la realidad y está en el quinto puesto de la UE en cuanto a cuota de mercado. En España cada vez son más las empresas y entidades públicas que apuestan por la implantación de tecnologías “conectadas” y lo hacen por dos motivos principales: la automatización de procesos (26%) y la reducción de costes operacionales (24%).

El desarrollo tecnológico de este tipo de dispositivos está suponiendo que se multipliquen los riesgos relativos al almacenamiento y uso de los datos que se generan. Además, un gran problema de buena parte de estos dispositivos son los fallos de seguridad. Por ello, los retos para la abogacía en este ámbito tienen una doble vertiente: garantizar la privacidad de las personas por un lado y conseguir que los fabricantes se responsabilicen en el desarrollo de soluciones seguras.