Organizaciones de DDHH de Baleares piden atención médica para los inmigrantes para evitar más muertes

* Insisten en exigir la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, una normativa que, a su juicio, impone graves barreras para el acceso al derecho a la salud de colectivos vulnerables

* Piden el cese de las “prácticas disuasorias” que han detectado en los servicios de admisión de los centros y la asignación de un médico de familia a las personas migrantes que no disponen de tarjeta

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del ICAIB, Francesc Riera, y representantes de las ONG, Médicos del Mundo Baleares, Prosocial y Xarxa-EAPN, Francisco Garrido, Pilar Gómez y Bárbara Picornell, respectivamente, se han referido esta mañana en rueda de prensa al reciente fallecimiento en Mallorca del inmigrante senegalés Alpha Pam, enfermo de tuberculosis, y han asegurado que pedirán al Govern una aclaración institucional y la aportación de la documentación necesaria, en aras de esclarecer de forma definitiva las circunstancias en las que se llevó a cabo la asistencia a este inmigrante en los centros de salud pública de la isla.

Tanto la Comisión de Derechos Humanos del ICAIB, como las ONG consideran que la atención debe centrarse ahora en la adopción de una serie de medidas para evitar que vuelven a producirse situaciones como la que posiblemente haya podido rodear la muerte de este inmigrante y, en este sentido, han realizado una batearía de propuestas entre las que figuran instar a los grupos con representación en el Parlament balear a que apoyen la creación de una tarjeta sanitaria solidaria que garantice el acceso efectivo de todos los ciudadanos al derecho a la salud, y la asignación de un médico de familia, al que se han referido como “piedra angular del sistema sanitario”, a las personas migrantes que no disponen de tarjeta, a fin de que puedan ser objeto de un seguimiento médico adecuado.

Asimismo reclaman que se solicite a todos los servicios de admisión de los centros sanitarios públicos que cesen “definitivamente las prácticas disuasorias” en el acceso a los servicios de salud que las ONG han detectado en algunos centros públicos de las islas.

Por último las organizaciones insisten en exigir la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, normativa a la que consideran culpable de las graves restricciones con que se están encontrando los colectivos más vulnerables para acceder a un derecho fundamental reconocido en la Constitución, como es el derecho a la salud.

REUNIÓN CON EL PRESIDENT DEL GOVERN EN MARZO

Conviene recordar que no es esta la primera vez que dichas entidades denuncian la situación que se está produciendo a raíz de la entrada en vigor de dicha normativa, una situación que, de hecho, ya tuvieron la oportunidad de exponer en persona al president del Govern, José Ramón Bauzá, durante la audiencia que éste les concedió a finales del pasado mes de marzo.

A lo largo de los últimos meses, estas organizaciones vienen recogiendo diversos ejemplos y testimonios de personas que se han encontrado con trabas para el acceso a los sistemas públicos de salud y han podido acreditar un funcionamiento incorrecto en numerosos centros de salud y hospitales, en los que se están emitiendo facturas a personas que debían ser atendidas conforme a la norma: embarazadas, menores y enfermos urgentes.

A juicio de estas entidades, existe un problema grave de transmisión de información, que está provocando efectos indeseados por las partes en la población: disminución de las atenciones, facturaciones indebidas de atenciones en urgencias, agravamientos de estado de salud de personas enfermas, enfermos mentales no tratados y personas con enfermedades transmisibles sin tratamiento, todo ello por una inobservancia de lo establecido en el Real Decreto Ley 16/2012 y en los Criterios generales de aplicación de la Dirección General del Govern Balear.

Por todo ello, durante el encuentro con el president del Govern solicitaron la adopción de una serie de medidas que, además de las expuestas, pasarían también por mejorar la información que se proporciona al personal administrativo, sanitario y de facturación sobre los aspectos legales que implica el RDL y por exigir el cumplimiento estricto de la norma, lo que implicaría a) que menores y embarazadas tengan un acceso rutinario a los servicios de atención sanitario público; b) explicitar que la atención urgente no genera factura; c) que los enfermos mentales sean tratados adecuadamente y, que las enfermedades infectocontagiosas recogidas en los criterios generales de aplicación del Servei de Salut del Govern Balear sean adecuadamente atendidas, propiciando la correspondiente inclusión en el sistema de gestión administrativo.