Oriol Rusca, nuevo presidente del Consell de l’Advocacia Catalana

El decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Oriol Rusca, ha sido nombrado hoy por unanimidad nuevo presidente de la Abogacía Catalana, durante el plenario del Consell, reunido en Barcelona. El Consell elige anualmente nuevo presidente entre los decanos de los 14 Colegios de Abogados catalanes para que los represente por un periodo de un año. Durante el pleno también se ha nombrado al decano del Colegio de Abogados de Lleida, Jordi Albareda, como vicepresidente del Consell. Rusca releva al decano de Manresa, Abel Pié, que hasta la fecha ha ocupado la presidencia de la institución.

El nuevo presidente, Oriol Rusca, considera que “las reformas legislativas deberían salir adelante con un gran consenso político y social, con el fin de aportar soluciones reales a los problemas de la ciudadanía”, por lo que planteará al nuevo gobierno estatal surgido de las urnas “un gran pacto de Estado por la Justicia con la participación de todos los operadores jurídicos, junto con los partidos políticos y entidades sociales, a través del diálogo”. Las últimas reformas legislativas llevadas a cabo sin consenso, como la aprobación del nuevo Código Penal, con el endurecimiento de las penas, la introducción de la prisión permanente revisable, o la Ley de Seguridad Ciudadana “no hacen más que dejar desprotegida y aumentar la inseguridad jurídica de los ciudadanos” asegura Rusca.

El nuevo presidente ha destacado que, a raíz de la tarea llevada a cabo por el colectivo, que reúne 36.000 colegiados en toda Catalunya, “la ciudadanía confía en la Abogacía a la hora de defender los derechos y libertades de las personas, tal como demuestran las encuestas, que sitúan los abogados en el lugar mejor valorado de entre todas las Instituciones jurídicas sometidas a evaluación”. Para Rusca, la confianza depositada en la abogacía “es un reconocimiento a nuestra lucha por la defensa del bien común” por lo que “uno de mis principales retos como representante de la Abogacía para el próximo mandato será seguir defendiendo los derechos, la libertad y la dignidad de las persones”. Rusca también ha resaltado la especial preocupación de la Abogacía en la lucha contra las nuevas formas de violencia y de terrorismo inhumano, y añadió “que representan un retroceso en los valores y los derechos alcanzados en nuestra sociedad, y que tanto nos han costado conseguir“.

Exención de tasas judiciales para las Pymes

Pero este no es el único reto de la Abogacía institucional para el año 2016. Después de que el año pasado se logró que las personas físicas quedaran exentas del pago de tasas judiciales “este año vamos por lograr que queden también exentas las pequeñas y medianas empresas (Pymes)“, anunció el nuevo presidente. En este sentido “una de las primeras demandas que haremos llegar al nuevo Gobierno será la exención de las tasas judiciales para empresas que no superen los 10 millones de euros de facturación“, explicó el presidente del Consejo, que considera injusto que ONG’s y pequeñas y medianas empresas tengan que pagar tasas judiciales.

El nuevo presidente de la Abogacía Catalana ha destacado también el papel de la abogacía institucional a la hora de generar confianza entre la ciudadanía en cuanto a los servicios que prestan los letrados. “Los Colegios de Abogados garantizamos la independencia de nuestros colegiados a la hora de defender los intereses de las personas y también los principios deontológicos que dan valor a nuestra profesión“, dijo Rusca.

Por su parte, el presidente saliente, Abel Pié, ha valorado muy positivamente su mandato, durante el cual se han hecho efectivas algunas de las medidas más reivindicadas por la Abogacía institucional, como la paralización de la nueva ley de demarcación y planta que preveía la eliminación de los juzgados comarcales o la de sacar adelante una Ley de Segunda Oportunidad para las personas. Durante su mandato también se ha consolidado el modelo de Oficinas de Intermediación Hipotecaria gestionadas por los Colegios de Abogados de todo el territorio, para evitar desahucios, así como la colaboración con entidades sociales como la Mesa del Tercer Sector para asesorar personas en riesgo de vulnerabilidad. El Consell también forma parte del Comité de Acogida a Refugiados, creado por el Gobierno catalán, para asesorar en temas de peticiones de asilo.