Pilar Martín Nájera: “No bastan leyes adecuadas si no se exige su aplicación de forma efectiva”

• “La reciente sentencia impone un canon reforzado del deber judicial de actuación diligente, utilizando cuantas herramientas de investigación sean necesarias para acreditar los hechos objeto de denuncia”.
• “Ha habido un descenso de las denuncias durante el confinamiento. Esto no significa que no se haya incrementado el maltrato psicológico. Las víctimas tardan una media de 8 años en denunciar a su agresor”.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2020 es importante porque recuerda que no bastan leyes adecuadas si no se requiere que se apliquen de forma efectiva profundizando sobre los hechos denunciados que, normalmente, se producen en la intimidad del hogar. Así lo cree Pilar Martín Nájera, fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, que participará en las VIII Jornadas de Violencia de Género, en la mesa “Valoración y consecuencias del Covid-19 en la asistencia a las víctimas de violencia de género”, el próximo 24 de septiembre junto a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española y Mª Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

La fiscal señala que ha habido un descenso importante de las denuncias durante el confinamiento, que se ha ido reduciendo a medida que se han flexibilizado las medidas de confinamiento, por lo que a partir de junio las denuncias han ido aumentando hasta llegar en septiembre a  niveles muy parecidos a los del año 2019.  ¿A qué es debido? Según indica, son muchos los motivos por los que la víctima renuncia a declarar. “Las causas son complejas, por un lado, la imposibilidad de cometer el delito, en supuestos de parejas sin convivencia o la imposibilidad de cometer el delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento por la vigilancia policial”, expone.

Por otro lado, “el hecho de poder controlar a la pareja las 24 horas del día sin necesidad de acudir a la violencia física explica la reducción del maltrato físico, lo cual no quiere decir que no haya habido un incremento de la violencia psicológica, que se ha mantenido oculta”, añade la fiscal.

“También ha influido la dificultad de presentar denuncia por la proximidad del agresor.  No hay que olvidar -prosigue- que las mujeres tardan una media de 8 años en denunciar. Pero lo cierto es  que las manifestaciones más graves de la violencia de género, como asesinatos  y agresiones, han experimentado  una clara disminución”.

NUEVAS OPCIONES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO

El confinamiento ha hecho reflexionar sobre otras opciones de acceso y prestación del asesoramiento jurídico, como el online o telefónico. En opinión de la fiscal, estas modalidades han sido útiles y necesarias en unas excepcionales circunstancias en que era prioritario mantener la distancia por razones sanitarias, pero considera que nunca pueden sustituir a la atención presencial y directa, “ya que para  la víctima de determinados delitos, como la violencia de género y contra la libertad sexual, es sumamente importante el apoyo, desde el momento de realizar la denuncia, pues necesitan asesoramiento y proximidad, muy superior al que se transmite online, para poder hacer un relato de la violencia que han sufrido”.

En este sentido, otra de las novedades en este tiempo ha sido la habilitación de un recurso de emergencia por mensajería instantánea con geolocalización que recibían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que le parece un avance. Aunque recuerda que “siempre que no olvidemos que detrás de la denuncia está una persona vulnerable que está viviendo un infierno  en su propia casa”.

En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2020 para las víctimas, otro de los temas que se debatirán en las Jornadas, destaca que “recuerda a la doctrina del TEDH sobre la tutela judicial efectiva que requiere una investigación eficiente y suficiente sin dilaciones indebidas y llama a extremar esta diligencia en la investigación y protección de colectivos vulnerables, de acuerdo también con las obligaciones asumidas por España tras la ratificación del Convenio  de Estambul en 2014″.

Esta sentencia señala, además, “que no bastan leyes adecuadas, si no se requiere que se apliquen de forma efectiva profundizando sobre los hechos denunciados que normalmente se producen en la intimidad del hogar. En definitiva, impone un canon reforzado del deber judicial de actuación diligente,  utilizando cuantas herramientas de investigación aparezcan como necesarias y adecuadas para la investigación y acreditación de los hechos objeto de denuncia”.

Para ello, será primordial el papel de todos los operadores jurídicos -abogados, fiscales, jueces- para que las víctimas se sientan protegidas y evitar que cambien su declaración, negando lo primeramente dicho. Martín Nájera insiste en que, para ello, “la formación y capacitación de todos los operadores jurídicos supone adquirir habilidades en el interrogatorio de la víctima, entender los motivos de sus dudas, conocer la vulnerabilidad que la violencia sufrida le ha provocado, todo lo cual contribuye a que  la víctima se sienta atendida y entendida”.

Pero, “si además contamos con oficinas de asistencia que informen con claridad, acompañen psicológicamente desde que llegan al juzgado y con una unidad de valoración forense integral que esté en el juzgado de guardia, nos permitirá dar una respuesta judicial más cercana y protectora para las víctimas, evitando que abandonen el procedimiento”, concluye.

EDUCACIÓN EN IGUALDAD, LA MEJOR VACUNA

Ante todo, señala, “es fundamental seguir insistiendo en las campañas de sensibilización a nivel institucional, pero también a nivel individual y colectivo reforzar la lucha y el  rechazo de  las actitudes machistas hasta las más inocuas aparentemente, que cada día percibimos y sufrimos, convencer a la sociedad de que la  denuncia de situaciones de violencia contra la mujer por parte de los familiares y amigos, es decir del entorno de la víctima que con frecuencia saben lo que ocurre, contribuye y ayuda a la víctima a sentir que no está sola y a salir de la violencia. Debemos llegar al convencimiento de que la violencia de género es un problema de toda la sociedad y en consecuencia, sólo juntos podremos erradicarla. Y por supuesto, la mejor vacuna es la educación en igualdad, tolerancia y respeto a sí mismo y al otro”. Estos son los pasos que  se deberían llevar a cabo, asegura, para trabajar en la concienciación y la sensibilización en la sociedad contra esta lacra.

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