Preocupación en el sector colegial por el intento de intromisión del Gobierno en los servicios profesionales

Ante las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, Unión Profesional, asociación que agrupa a las profesiones colegiadas españolas, quiere expresar su máxima preocupación ante el control que pretende ejercer el Gobierno sobre el subsector de los servicios profesionales y sus organizaciones colegiales.

En línea con el rechazo expresado ayer, 30 de julio, ante la falta de interlocución real entre el Ministerio de Economía y Competitividad y Unión Profesional para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, desde la organización llaman la atención sobre la pérdida de independencia que dicho control supondría en el ejercicio de sus funciones. Como parte de la sociedad civil organizada, los colegios profesionales siempre han gozado de un estatus de independencia que permite articular la protección del interés general y de los derechos fundamentales de la ciudadanía, particularmente, de los colectivos más vulnerables.

Gracias a la colegiación, los colegios profesionales ejercen su función de vigilancia sobre el servicio prestado por sus profesionales de manera que se garantice a los ciudadanos la máxima calidad de dichos servicios, a través de la aplicación de unas normas deontológicas (definidas por la propia profesión) y de unos conocimientos y técnicas en permanente actualización. Cabe resaltar que el ejercicio de una profesión colegiada supone la integración de un conjunto de conocimientos que interaccionan entre sí, más allá del ámbito en el que se actúe.

A la hora de llevar a cabo cualquier liberalización del sector, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de profesiones colegiadas nos referimos a derechos fundamentales, ya que su ejercicio afecta directamente a la salud, la seguridad, el patrimonio, los bienes, los servicios generales o el medio ambiente. Por este motivo, desde Unión Profesional se defiende la necesidad de mantener la colegiación, no solo en las profesiones jurídicas, sanitarias o técnicas (en todos sus ejercicios profesionales), sino también en todas aquellas en las que la falta de vigilancia por parte de los colegios profesionales pudiera tener efectos negativos sobre el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, como es el caso del intrusismo. Psicólogos, geólogos, químicos, físicos, economistas, actuarios, trabajadores y educadores sociales, gestores administrativos, agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas, agentes de la propiedad industrial o licenciados en Educación Física poseen una clara implicación en la salud de las personas, en la seguridad física o jurídica o en la gestión del patrimonio de los clientes. La existencia de la ordenación y control colegial proporciona la garantía institucional de la buena práctica profesional que viene a confirmar la cada vez más necesaria confianza en el subsector de los servicios profesionales.

Por estos motivos, desde Unión Profesional se reitera de nuevo al Gobierno y, muy especialmente, al Ministerio de Economía y Competitividad, el establecimiento de una interlocución efectiva de cara a la elaboración de un texto de Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales que venga a garantizar la independencia de las corporaciones colegiales, y sus funciones, para la mejor defensa del interés general y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.