Primer Informe del Estado de Derecho en la UE: la Justicia española se enfrenta a desafíos en su eficiencia

La Comisión Europea ha publicado el primer informe a escala de la UE sobre el Estado de Derecho. El informe considera que el sistema judicial español se enfrenta a desafíos en cuanto a su eficiencia, con procedimientos judiciales cada vez más largos. También evidencia que muchos Estados miembros han establecido rigurosas normas sobre el Estado de Derecho, pero que existen importantes desafíos en la materia en la UE.

Este informe incluye las aportaciones de todos los Estados miembros y abarca fenómenos tanto positivos como negativos en toda la UE.  También recoge las novedades pertinentes a raíz de las medidas de emergencia adoptadas por los Estados miembros a causa de la crisis del coronavirus. Se refiere a los cuatro pilares principales que más inciden en el Estado de Derecho: los sistemas judiciales nacionales, las normativas en materia de lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación, y otras cuestiones relacionadas con los controles y equilibrios esenciales para un sistema eficaz de gobernanza democrática.

El objetivo del nuevo informe sobre el Estado de Derecho es ampliar el conjunto existente de instrumentos de la UE con un nuevo instrumento preventivo e impulsar un debate inclusivo y una cultura del Estado de Derecho en toda la UE. También debería ayudar a todos los Estados miembros a estudiar la manera de superar las dificultades y a aprender de las experiencias de los demás, y enseñar cómo reforzar en mayor medida el Estado de Derecho en el pleno respeto de las tradiciones y los sistemas constitucionales nacionales.

Principales conclusiones sobre la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros:

Sistemas judiciales

Varios Estados miembros están llevando a cabo reformas para reforzar la independencia judicial y están reduciendo la influencia del poder ejecutivo o legislativo en el poder judicial, también en los Estados miembros en los que tradicionalmente se ha considerado que la independencia judicial era alta o incluso muy alta. Las evaluaciones específicas por país indican que la independencia judicial sigue siendo motivo de preocupación en algunos Estados miembros, lo que ha llevado a la Comisión en algunos casos a incoar procedimientos de infracción o del artículo 7, apartado 1. Velar por que los sistemas judiciales estén adaptados a la era digital también constituye un reto para toda la UE y la pandemia actual ha dado un nuevo impulso a la agilización de las necesarias reformas digitales.

Normativas en materia de lucha contra la corrupción

Varios Estados miembros han adoptado estrategias globales de lucha contra la corrupción, mientras que otros las están preparando. Una aplicación y supervisión efectivas siguen siendo fundamentales para garantizar que se registren progresos. Muchos Estados miembros también han adoptado o tienen previsto adoptar medidas para reforzar su normativa en materia de integridad y prevención de la corrupción, y algunos han adoptado medidas para reforzar la capacidad del sistema de justicia penal para luchar contra la corrupción. Por otra parte, la eficacia de las investigaciones penales, el enjuiciamiento y la resolución de los asuntos de corrupción, incluida la corrupción de alto nivel, siguen planteando dificultades en varios Estados miembros.

Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

En general, los ciudadanos de la UE disfrutan de altos niveles de libertad y pluralismo de los medios de comunicación. Especialmente durante la pandemia de coronavirus, los medios de comunicación han resultado esenciales en la lucha contra la desinformación. No obstante, el informe plantea reservas en relación con la eficacia y la adecuación de los recursos, así como con los riesgos de politización de las autoridades responsables de los medios de comunicación en algunos Estados miembros. Además, algunas evaluaciones de países han detectado casos que suscitan gran inquietud por la presión política ejercida sobre los medios de comunicación. Por último, los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación sufren amenazas y ataques por su trabajo en varios Estados miembros, aunque algunos países también han fomentado prácticas y establecido estructuras y medidas para apoyar y proteger a los periodistas.

Controles y equilibrios institucionales

Los controles y equilibrios institucionales son elementos centrales del Estado de Derecho y garantizan que el poder ejercido por una autoridad pública esté sujeto a un control democrático. En varios Estados miembros, se han iniciado reformas constitucionales para reforzar los controles y equilibrios institucionales. Muchos Estados miembros también han establecido estrategias sistemáticas para facilitar la participación de las partes interesadas y velar por que las reformas estructurales sean el resultado de un amplio debate con la sociedad. Al mismo tiempo, el informe indica que el uso excesivo de los procedimientos legislativos acelerados y de emergencia puede dar lugar a problemas relacionados con el Estado de Derecho. En toda la UE, la sociedad civil sigue siendo un agente clave en la defensa del Estado de Derecho, y en la mayoría de los Estados miembros existe un entorno propicio y favorable a la sociedad civil. Sin embargo, hay ejemplos de que esta se enfrenta a graves dificultades en algunos Estados miembros como consecuencia de leyes que limitan el acceso a la financiación extranjera o de campañas de difamación.

SITUACIÓN EN ESPAÑA: PROBLEMAS DE INTEROPERABILIDAD INFORMÁTICA

La Comisión Europea llega a las siguientes conclusiones respecto a la situación del Estado de Derecho en España:

El sistema judicial español se enfrenta a desafíos en cuanto a su eficiencia, con procedimientos judiciales cada vez más largos. Para abordar esta cuestión,  se está preparando un nuevo Código Procesal Penal que tiene como objetivo acelerar el proceso penal, así como un proyecto de ley sobre medidas procesales y tecnológicas.

La Comisión Europea considera que en España el uso de medios electrónicos está bien establecido en el sistema de justicia y se están implementando nuevas mejoras, aunque existen problemas en lo que respecta a la interoperabilidad entre los sistemas que se usan en cada comunidad autónoma.

La Comisión Europea considera la actual situación del CGPJ como un desafío, ya que deben nombrarse nuevos miembros – hecho que a día de hoy no se ha producido.  También toma nota del debate abierto por la relación entre la actual Fiscal General del Estado y el gobierno, en particular el régimen de nombramiento y su mandato, así como el registro de las comunicaciones con el Ministro de Justicia.

La Comisión considera que España ha reforzado su marco anticorrupción en los últimos años tanto en la dimensión preventiva como en la represiva. Si bien España no tiene una estrategia general anticorrupción, la Estrategia Nacional contra la Delincuencia grave y organizada, aprobada en febrero de 2019, tiene por objeto mejorar la capacidad de investigación y el acceso a las bases de datos financieros y mejorar la cooperación interinstitucional. Aunque el Código Penal y el Código Procesal Penal fueron revisados en febrero de 2019, existen proyectos de ley para reformar ambas normas.

Como resultado, España ha puesto en marcha una mejora legal marco para la integridad en el sector público, fortaleciendo los mecanismos de integridad en el Parlamento, así como reforzar el régimen de divulgación de activos, conflictos de intereses e incompatibilidades de los altos funcionarios de la administración central del Estado. Ahora existe un plazo de prescripción ampliado para los delitos graves y los delitos relacionados con la corrupción pueden ser sancionados con mayor severidad, incluso con un período más largo de inhabilitación para cargos públicos. Se han propuesto cambios legislativos relativos al cabildeo y al fortalecimiento de la protección de los informantes, y se ha propuesto un proyecto de ley general contra la corrupción, pero aún no se ha aprobado.

En abril de 2019 se adoptó un nuevo código ético para los miembros del Parlamento, que establece una Oficina de Conflictos de Intereses para supervisar su aplicación.

La Constitución consagra los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, así como el derecho a la información. Mientras que los sectores de la televisión y la radio están sujetos a una mayor transparencia, la CE considera que no es el caso del sector de la prensa escrita. La información disponible en el registro mercantil es la misma que para cualquier otro tipo de empresa en España y es difícilmente accesible o comprensible para el público en general.

La Comisión es consciente de que se han planteado inquietudes sobre la nueva legislación en materia de seguridad pública, supuestamente restringiendo la libertad de información y la libertad de expresión.

El proceso de promulgación de leyes prevé suficientes garantías de transparencia y la participación de los interesados, en particular mediante consultas públicas. El marco de transparencia sigue aplicándose y todas las comunidades autónomas tienen ahora su propio marco jurídico en este ámbito. El Gobierno puede ejercer la  iniciativa legislativa y su derecho a emitir decretos-leyes, siempre sujetos al control del Parlamento y del Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo tiene un amplio mandato, que puede ejercer en defensa de los derechos de los ciudadanos. El Gobierno ha estado desarrollando políticas de gobierno abierto con el objetivo de involucrando más a los ciudadanos en el desarrollo de las políticas públicas.

Medidas de emergencia adoptadas en el contexto de la crisis del coronavirus

La pandemia no ha terminado y algunos Estados miembros siguen aplicando regímenes o medidas de emergencia. El informe señala algunas de las cuestiones que han surgido en los debates nacionales y la respuesta jurídica y política a la crisis. Por ejemplo, cambiar o suspender los controles y equilibrios nacionales habituales puede plantear especiales problemas desde el punto de vista del Estado de Derecho. Al mismo tiempo, existen varios buenos ejemplos de casos en los que las sentencias de los tribunales nacionales o la intervención de los defensores del pueblo tuvieron una incidencia positiva en las medidas de emergencia adoptadas. La Comisión se mantendrá vigilante hasta que se eliminen progresivamente estas medidas.

El informe sobre el Estado de Derecho contribuirá al debate más amplio en la materia a escala nacional y europea. La Comisión está deseando dialogar con el Parlamento Europeo y el Consejo sobre las cuestiones relativas al Estado de Derecho y cree que este informe aporta una base sólida para un ulterior trabajo interinstitucional.

La Comisión también invita a los Parlamentos y a las autoridades nacionales a debatir este informe, incluidos sus capítulos por país, y a prestarse apoyo recíproco como estímulo para proseguir las reformas y la aceptación de la solidaridad europea. También deberían participar las partes interesadas pertinentes a escala nacional y de la UE.

Sobre la base de los resultados del diálogo en torno a la edición de 2020 y de la experiencia adquirida en el primer año de funcionamiento del mecanismo europeo sobre el Estado de Derecho, la Comisión empezará a elaborar el informe de 2021, aprovechando el impulso adquirido con miras a que el Estado de Derecho sea más resiliente en nuestras democracias.

Fuente: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1756