Procedimientos de infracción incoados contra España en el mes de junio

La Comisión Europea ha comunicado el paquete de infracciones a los Estados miembros para el mes de junio. En el caso de España,  la Comisión Europea ha decidido incoar un procedimiento de infracción a través de una carta de emplazamiento, contra cinco países de la UE, entre los que se encuentra España,  por no completar la transposición de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (2002/584/JAI). La orden de detención europea prevé la racionalización de los procedimientos judiciales de entrega transfronterizos: si un juez o magistrado de un Estado miembro dicta una orden de detención u otra medida privativa de libertad de un sospechoso de haber cometido un delito grave, dicha orden será válida en todo el territorio de la UE. En funcionamiento desde el 1 de enero de 2004, la orden ha sustituido a los largos procedimientos de extradición que existían entre los Estados miembros de la UE. Para garantizar el buen funcionamiento de la orden de detención europea, es fundamental que todos los Estados miembros incorporen a su ordenamiento jurídico nacional plena y correctamente todas las disposiciones de la Decisión Marco. A raíz del análisis de la transposición de la Decisión Marco en España, la Comisión detectó la existencia de varios problemas de conformidad relativos a la no transposición o no conformidad de algunos artículos, en particular, a la transposición incorrecta por motivos de no ejecución. Los cinco Estados miembros disponen ahora de dos meses para aclarar las medidas adoptadas con vistas a garantizar la ejecución correcta y completa de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea; de no hacerlo, la Comisión podría decidir enviarles un dictamen motivado.

En materia de morosidad en la contratación pública: la Comisión ha decidido un dictamen motivado a España por la no conformidad de su legislación nacional con la Directiva sobre morosidad (Directiva 2011/7/UE). La Directiva sobre morosidad obliga a las autoridades públicas a pagar sus facturas en un plazo de treinta días (o de sesenta días en el caso de los hospitales públicos). En virtud de la Directiva sobre morosidad, las autoridades públicas tienen una «obligación especial» de pagar a sus proveedores a tiempo y servir de ejemplo en la lucha contra las malas prácticas de pago en el entorno empresarial.

La Comisión adopta medidas adicionales contra España con el fin de garantizar la correcta aplicación de la Directiva sobre morosidad (Directiva 2011/7/UE) y evitar pérdidas a las empresas de ese país, en particular las pymes. La Comisión envía un dictamen motivado a España, en el contexto del procedimiento de infracción incoado en 2015 por los retrasos excesivos en los pagos por parte de sus autoridades públicas. La Comisión reconoce los esfuerzos realizados por España en los últimos seis años para mejorar la puntualidad de los pagos de su sector público. Sin embargo, aunque en este tiempo las autoridades centrales han realizado avances considerables, la Comisión está preocupada por los retrasos persistentes de las autoridades regionales y locales, ya que su puntualidad a la hora de pagar sigue sin ajustarse a las obligaciones de la Directiva. España dispone ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión. En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir llevar al país ante el TJUE.

Además, en materia de medio ambiente, la Comisión ha instado a 17 Estados miembros, entre los que se encuentra España, a incorporar plenamente a su ordenamiento jurídico nacional la nueva normativa de la UE sobre gestión de residuos y a 13, entre los que vuelve a encontrarse España, a incorporar plenamente a su ordenamiento jurídico nacional la nueva normativa de la UE sobre la prevención de los residuos de envases. La Comisión se dirige directamente a España para que cumpla los requisitos de la Directiva sobre inundaciones (Directiva 2007/60/CE) y la Directiva sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Por último, la Comisión ha decidido un dictamen motivado a  España, solicitando la transposición correcta y completa a su ordenamiento jurídico nacional de la Directiva revisada sobre normas de seguridad básicas (Directiva 2013/59/Euratom del Consejo).

Fuente: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_21_2743