Protección de los adultos vulnerables en Derecho Civil y Derecho Penal en la UE

El Consejo de la Unión Europea ha aprobado recientemente unas Conclusiones sobre la protección de los adultos vulnerables en el conjunto de la UE, tanto en materia civil como penal, publicadas en el Diario Oficial de la UE.

Un número significativo de adultos se enfrenta o se enfrentará a limitaciones: según Eurostat, se prevé que una quinta parte de la población de la UE tenga algún tipo de discapacidad de aquí a 2050. Muchos de estos adultos son o serán vulnerables y, a causa de los numerosos obstáculos que siguen existiendo para las personas con una discapacidad física o mental grave, no estarán en condiciones de proteger sus propios intereses sin un apoyo adecuado. En situaciones transfronterizas, estas dificultades pueden verse agravadas por obstáculos adicionales relacionados con el idioma, la representación o el acceso al sistema judicial y a los servicios públicos.

En estas Conclusiones, el Consejo de la UE exhorta a los Estados miembros a que utilicen las oportunidades de financiación que brinda el presupuesto de la UE para desarrollar actividades relacionadas con la protección y la promoción de los derechos de los adultos vulnerables, en particular en materia de alfabetización digital. También les pide que promuevan un mayor conocimiento del Convenio de La Haya de 2000 sobre la protección internacional de los adultos y que avancen en los procedimientos para ratificarlo o en consultas sobre una posible adhesión. El Consejo solicita a los Estados miembros que garanticen la plena aplicación de la legislación existente en el ámbito del Derecho penal. Les exhorta a que mejoren el uso de mecanismos transfronterizos de protección de las víctimas y a que garanticen que los adultos vulnerables, ya sean sospechosos, acusados o víctimas, estén debidamente identificados para que puedan ejercer plenamente sus derechos.

En las Conclusiones, en materia de Derecho civil, se insta a la Comisión Europea a que realice un estudio destinado a reflexionar sobre cómo podría reforzarse aún más la protección de los adultos vulnerables y a considerar la posible necesidad de un marco jurídico dentro de la UE para facilitar la libre circulación de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil sobre la protección de los adultos vulnerables. Y en materia de Derecho penal, las Conclusiones exhortan a la Comisión Europea a que considere si es necesario reforzar las garantías procesales para los adultos vulnerables y a que reflexione detenidamente sobre la necesidad de determinar criterios comunes para identificar a los adultos vulnerables en los procesos penales.

En este sentido, la Comisión Europea ha consultado a las partes interesadas, entre las que se encuentra la Abogacía Española, que considera que es necesario dotar a la Administración de Justicia de más medios para que el proceso se adapte a las necesidades de las personas con discapacidad. En este sentido, es esencial que el abogado de la persona encausada deba poder solicitar las diligencias pertinentes para reconocer la incapacidad a través de expertos. Deben identificarse aspectos de vulnerabilidad asociados a la discapacidad que permitan evitar actuaciones que generen un daño innecesario sobre la persona vulnerable. Entre las demás cuestiones más destacadas, en cuanto a la asistencia jurídica gratuita a las personas con discapacidad debe ser prestada de forma especializada obligatoria como garantía justificada, necesaria y proporcionada para el respeto del artículo 47 de la CDFUE. En materia penitenciaria resulta preciso que la privación de libertad se cumpla en centros o módulos específicos que tengan en cuenta el tipo de discapacidad que haya sido reconocida.

Otra de las acciones de la Comisión Europea en este ámbito, pasa por la consulta sobre garantías procesales para los adultos vulnerables sospechosos o acusados en un proceso penal, cuyo objetivo es revisar las normas y prácticas existentes a nivel nacional y europeo sobre la definición, la identificación y los derechos procesales de las personas (adultas) vulnerables que son sospechosas o acusadas en procesos penales y que permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre:

https://survey.alchemer.eu/s3/90367726/Procedural-safeguards-for-vulnerable-adults

Fuente: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021XG0817(01)