Puesta en marcha del nuevo edificio judicial de Ibiza

• La Junta valora positivamente la apertura de la nueva estructura por cuanto supone un paso importante, aunque no definitivo, en el final de la provisionalidad vivida en buena parte de los juzgados de Ibiza durante casi un año

• Insta a las autoridades judiciales a establecer pautas, medidas y plazos razonables, efectivos y eficientes en cualquier plan que pueda trazarse para recuperar la parte de la actividad que se vio paralizada como consecuencia del incendio

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Baleares valora positivamente la puesta en marcha del nuevo edificio judicial de Ibiza por cuanto supone un paso importante, aunque no definitivo, en el final de la provisionalidad vivida durante casi un año en buena parte de los juzgados de Ibiza y de las condiciones deficientes en las que se ha visto obligada a desenvolverse la actividad judicial en las instancias afectadas por el incendio del edificio de la Avenida Isidoro Macabich.

Asimismo, la Junta agradece que se haya previsto, tal y como se había solicitado, la disponibilidad de un espacio amplio y digno para los profesionales de la abogacía de Baleares (situado en la planta baja, frente a la sala de vistas, y que será compartido con los procuradores), así como que se haya dispuesto una sala para la atención a los usuarios del servicio de orientación jurídica, una aspiración de la corporación colegial que, sin duda, contribuirá a mejorar la atención a los ciudadanos.

El máximo órgano de Gobierno colegial confía en la pronta superación de las disfunciones, carencias e incidencias de distribución que suelen aparecer en las nuevas estructuras y reclama a las autoridades judiciales la inclusión de pautas, medidas y plazos razonables, efectivos y eficientes en el plan que eventualmente pueda trazarse para la recuperación de la actividad judicial que se vio paralizada como consecuencia del incendio. En este sentido, el ICAIB reclama que se tenga en cuenta a los profesionales de la abogacía, de modo que, en aras de procurar un óptimo derecho de defensa, dispongan de tiempo adecuado para el análisis y la llevanza de los casos y que se evite cualquier posible avalancha de notificaciones.